El tribunal descarta investigar si los pagos de Correa eran para financiar al PP

El empresario dice que entraba en la sede de Génova como si fuera de la ejecutiva


madrid / colpisa

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga las actividades de la trama Gürtel desde 1999 hasta el 2005 cerró ayer la puerta a enjuiciar las revelaciones que hizo el pasado viernes Francisco Correa sobre los supuestos pagos de tres constructoras para lograr adjudicaciones de dos ministerios durante el Gobierno de José María Aznar. Unas comisiones del 3 % sobre el total del contrato que, según el cabecilla confeso de la trama, repartía con el extesorero del PP Luis Bárcenas en nombre de la formación.

El presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el magistrado Ángel Hurtado, rechazó junto a sus dos compañeros del tribunal, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, las declaraciones como testigos de los empresarios Florentino Pérez, presidente de ACS, y Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, y de los exministros del PP de Fomento Rafael Arias-Salgado, y los de Medio Ambiente Elvira Rodríguez y Jaume Matas. El tribunal justificó su negativa en que la petición realizada por la defensa de Bárcenas para que declaren estas personas era «improcedente e innecesaria». El abogado del extesorero trataba con esta prueba de cotejar las confesiones de Correa y confrontar la implicación directa de su cliente en estos presuntos hechos.

El presidente del tribunal aseguró que las confesiones del cabecilla confeso de Gürtel fueron «genéricas» y recordó que en esta vista oral no se está juzgando la financiación del partido de Mariano Rajoy. «Aquí no estamos enjuiciando al PP»; «Estas personas no pintan nada» en el juicio, zanjó Hurtado, pese a que el PP está sentado en el banquillo como responsable civil por lucrarse de la red con 245.000 euros.

Pasividad de la Fiscalía

El tribunal tuvo el aval de las fiscalas anticorrupción, quienes también rechazaron las pruebas testificales pedidas por la defensa de Bárcenas porque las menciones de Correa a la presuntas mordidas de estas constructoras no fueron «concretas». Un alegato difícil de entender habida cuenta que durante el interrogatorio de la fiscala Concepción Sabadell esta no quiso profundizar a qué contratos se refería el empresario procesado, por ejemplo. Correa aseguró el viernes que ACS, OHL y Dragados (hoy filial de ACS) hicieron pagos a cambio de adjudicaciones de obras de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente durante el Gobierno de Aznar. Y que el dinero obtenido se lo repartían él y Bárcenas, a quien le llevaba su parte «no solo a Génova [sede nacional del PP] sino también a su casa en [la calle] Príncipe de Vergara», en Madrid. Ambas compañías anunciaron querellas criminales contra el acusado por estas palabras.

«Yo no pasaba por el escáner»

A preguntas de su abogado, Correa ofreció ayer nuevos detalles de su relación con el partido, que en jornadas anteriores describió como su «casa»: «En el PP yo no pasaba por el escáner, tenía una tarjeta especial y pasaba directamente al garaje. Tenía una tarjeta como los miembros de la ejecutiva del partido y se puede comprobar con los archivos de Génova», aseguró para responder a las dudas del abogado de Bárcenas sobre cómo llevaba los maletines con dinero negro a la sede popular. Asimismo, Correa declaró que se reunía «casi todos los días» con el extesorero procesado, que «decidía con quien compartía el dinero o si se lo quedaba él» tras reunirse con los comités de campaña. «Recuerdo que Bárcenas despachaba con Javier Arenas, Ana Mato o Jesús Sepúlveda», dijo.

En la intervención final de Correa hasta concluir el juicio en la próxima primavera, cuando tenga derecho a la última palabra, el empresario también abundó en su relación con Aznar. «No tengo ninguna relación. No he sido nunca su amigo aunque trabajara para él continuamente. Simplemente nos mirábamos y nos saludábamos. Nada más».

El cabecilla de la trama da marcha atrás y se niega a responder a la acusación popular

La jornada de ayer en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la séptima del juicio y la tercera dedicada a la declaración de Francisco Correa, comenzó con sorpresa. Virgilio Latorre, abogado del Partido Socialista del País Valenciano, acusación popular en la causa, se disponía a plantear su batería de preguntas a Correa, que el viernes se mostró dispuesto a colaborar, pero este se echó atrás. «Por consejo de mi abogado, no voy a contestar a las acusaciones ni al resto de defensas, aunque me gustaría hacerlo», dijo. Fuentes de la acusación aseguraron que fueron los primeros sorprendidos con la espantada de Correa, y negaron que existiera algún tipo de pacto o acuerdo con él para confesar nuevos hechos.

El siguiente en declarar ante el tribunal será Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta. El ex secretario de organización del PP gallego con Manuel Fraga tiene previsto comparecer el próximo lunes. Está por ver si seguirá la línea de Correa y reconocerá los hechos para atenuar la pena que solicita para él la Fiscalía, 85 años y medio de prisión, o negará los delitos que se le imputan. La única señal del que fuera gestor del grupo Correa la dio su abogado Miguel Durán en las cuestiones previas del juicio, cuando pidió anular el juicio por vulneración de sus derechos. Tras su declaración, le toca el turno a Álvaro Pérez, El Bigotes. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha aceptado, por otra parte, la petición de este y del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda de que declare como testigo el asesor fiscal del primero, Jesús Sevilla.

Valora este artículo

0 votos
Comentarios

El tribunal descarta investigar si los pagos de Correa eran para financiar al PP