Nicaragua, Ortega ultima la restauración del somozismo

JULIO Á. FARIÑAS A CORUÑA

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OSWALDO RIVAS | REUTERS

La dictadura populista implantada en Nicaragua en el año 1934 por el general Anastasio Somoza  que perduró hasta el 1979 en que derrocada por el Frente Sandinista, lleva camino de reimplantarse en el país a partir de las elecciones del próximo 6 de noviembre, esta vez refrendada en las urnas.

23 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El artífice de tan singular proceso será el comandante Daniel Ortega, el mismo que con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), destronó a la tercera generación de la familia Somoza y que ocupa en la actualidad la presidencia del país.

Su postulación para un cuarto mandato, el tercero consecutivo, pese a estar prohibido en la Constitución, fue posible gracias a una sentencia de la Corte Suprema que declaró «inaplicable» el artículo correspondiente, pese a que el parlamento había aprobado una resolución defendiendo la validez de la prohibición.

«Equidad de género»

Consciente de que a sus 70 años ya no está para muchos trotes -tiene antecedentes cardíacos y una enfermedad no divulgada, que según sus detractores le obliga a evitar la luz del sol y a permanecer recluido por largos períodos. se hace acompañar como candidato a la vicepresidencia por su esposa y actual portavoz de su gobierno, Rosario Murillo, que es quien ha venido gobernando de facto Nicaragua en los últimos años. Él justificó su candidatura por el principio de «equidad de género».

A pesar de que hace cuatro años había ganado por una clara mayoría del 56 % y de que llegó al final del mandato con un respaldo popular mayoritario, gracias a la buena marcha de la economía del país engrasada durante años por la generosidad del chavismo en materia energética y una balanza de pagos claramente favorable a los intereses nicaragüenses, Ortega haciendo buena la máxima franquista de dejarlo todo «atado y buen atado», volvió a echar manos de sus resortes judiciales y consiguió que la Corte de Justicia suspendiese de sus funciones parlamentarias al líder y 16 diputados del principal partido de la oposición que no podrán presentarse a las elecciones del día seis. Elecciones, más bien votaciones, en las que además del además del presidente y el vicepresidente se eligen 90 diputados y en la que no permitirá la presencia de observadores internacionales.

La oposición califica las elecciones de «farsa» y hasta Estados Unidos ha amenazado con sanciones por «actitud antidemocrática». «El régimen de Daniel Ortega está dando un golpe de Estado», denunciaba el ex jefe de bancada del Partido Liberal Wilber López tras ser expulsado de la Asamblea Nacional junto a sus 15 compañeros el pasado 30 de julio. «Ortega tiene un proyecto de régimen de partido único», abundaban cuatro diputados disidentes del partido de Ortega, suspendidos el mismo día. Hasta la Conferencia Episcopal nicaragüense salió en defensa de la democracia representativa, que consideran «en peligro».

Después de la purga, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) quedó en manos de Maximino Rodríguez, un abogado de 55 años, ex guerrillero de la Contra, al que las últimas encuestas le dan poco más de un 8 % de votos, frente al 64,2 % de la pareja presidencial.

Divide y vencerás

Un mensaje pacifista y la división del voto liberal-conservador en dos partidos (la Alianza Liberal, 29% de los votos, y el Partido Liberal Constitucionalista, con un 26%). Le permitieron recuperar en el las elecciones del 2006 la presidencia que había perdido en el año 1990 frente a Violeta Chamorro. Desde entonces, Ortega ha aprovechado el fuerte crecimiento económico del país -una media del 5.2% anual desde 2010- para consolidar su poder, utilizando sus buenos resultados en el legislativo para aumentar su control sobre la Corte Suprema. Así llegó la sentencia que permitía su reelección, pese a la prohibición constitucional.

Otra de sus habilidades fue crear unos Consejos Familiares que «orientan y controlan a los órganos del Estado» y asumen competencias similares a los de los Gobiernos municipales, pero que sus críticos acusan de actuar como instituciones paralelas que vigilan a los ciudadanos, reparten ayudas a los partidarios de Ortega y dirigen una fuerte maquinaria electoral. Es la versión nicaragüense del Poder Popular inventado por el chavismo.

Partido único con economía de mercado

La creación de la dinastía familiar de los Ortega-Murillo no es una improvisación de última hora, según relevantes personajes de la oposición como el escritor Sergio Ramírez que fue vicepresidente en el primer gobierno de Ortega, fundador del Movimiento Renovador Sandinista y hoy retirado de la política, decía en un reciente artículo publicado tras la ilegalización de la oposición que «Nicaragua ha entrado en una nueva fase política en la que se terminó el poco pluralismo que existía» Y añadía: «vamos hacia un régimen de partido único con economía de mercado, cada vez menos libertades y sin posibilidad de alternancia en el poder, en el que el régimen no contempla posibilidad de retroceso».