Los abogados de Trump intentan aplazar una vista por fraude el 28 de noviembre
12 nov 2016 . Actualizado a las 09:57 h.En medio de las disquisiciones para formar gobierno, Donald Trump tendrá que sacar tiempo para hacer frente a sus problemas judiciales. El más inmediato es una vista oral en San Diego (California), fijada para el 28 de noviembre y que sus abogados intentan posponer con el argumento de que interferiría en el traspaso de poderes.
Se trata de una de las más de 3.600 demandas en las que ha visto inmerso Donald Trump, cono acusador o como acusado, a lo largo de su carrera empresarial, según el recuento efectuado por algunos medios estadounidenses. «El litigante jefe» era el sobrenombre con el que el magnate neoyorquino era conocido en la prensa por esa querencia a dirimir cualquier discrepancia, independientemente del tamaño, en un juzgado.
En el caso de San Diego, Trump hace frente a una demanda colectiva presentada contra él por un supuesto fraude: según se recoge en el escrito de acusación, el millonario cobró 35.000 dólares (32.000 euros) a los alumnos que se matricularon en la Trump University para recibir formación por parte de mentores elegidos por él en la que se descubrirían parte de sus secretos. «Solo nos dieron folletos comerciales», lamentaron los acusadores, que como primera victoria consiguieron el cambio de nombre de la institución educativa, porque no contaba con los permisos necesarios para ser considerada como una universidad y fue rebautizada como Trump Entrepreneur Initiative (Iniciativa de Trump para el emprendimiento).
Durante la campaña electoral, el magnate ya tuvo que hacer frente a varias fases del proceso. Su defensa ante los reproches de sus críticos consistía en declararse perseguido. Pidió la inhibición del juez encargado del caso, Gonzalo Curiel, «que me persigue porque tiene orígenes mexicanos y está en contra de mi promesa de construir un muro en la frontera sur y deportar a todos los inmigrantes ilegales». «Debería separarse del caso», llegaron a pedir los abogados del millonario.
La demanda, de carácter civil, no tendrá más consecuencias judiciales que el pago de la indemnización fijada por el juez, que ya ha instado a las partes a ponerse de acuerdo.
Acusador y acusado
En las cincuenta causas que aún tiene pendientes el nuevo presidente electo no solo es presunto culpable. También ejerce como acusador para reclamar millonarias compensaciones por negocios frustrados. Es lo que ocurre en la demanda que los abogados de Trump han lanzado contra el cocinero español José Andrés, que canceló unilateralmente un proyecto para abrir un restaurante en un hotel del magnate en Washington por disconformidad con sus propuestas políticas. El millonario le reclama diez millones de dólares por incumplimiento de contrato, mientras que el cocinero español más famoso en Estados Unidos ha contraatacado con otra demanda en la que le reclama al magnate 8 millones de dólares.
La renovación de la vacante en el Tribunal Supremo mantendrá la mayoría conservadora vigente desde 1970
Pese al complejo horizonte legal que se le avecina a Donald Trump, la justicia y el futuro de los órganos clave ocupó un espacio muy menor durante la campaña. La rotunda victoria de los republicanos en las dos cámaras y la presidencia les otorga un botín aún mayor: prorrogar de forma indefinida la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, el organismo clave para dar carta de legalidad a las decisiones políticas más complejas.
El Tribunal Supremo es la única instancia judicial recogida en la Constitución americana. Esta formada por nueve miembros, que no pueden ser destituidos y que solo abandonan su puesto en caso de dimisión o fallecimiento. Desde 1970, este organismo ha estado formado de forma mayoritaria por magistrados de origen conservador, lo que le ocasionó algunos problemas con sus medidas estrella a Obama.
El primer presidente negro de Estados Unidos quiso aprovechar el fallecimiento de Antonin Scalia, el primer italoamericano en llegar a la máxima instancia judicial, para nombrar a Merrick Garland, afín a él, como sucesor.
Sin embargo, los republicanos consiguieron frenar la designación en el Congreso y ahora tendrán las manos libres para proponer un candidato más próximo a sus tesis, que el propio Donald Trump ya avanzó en sus primeras horas como ganador que será «conservador y provida». Es decir, que se consolidará la mayoría de los proclives a los republicanos en un organismo en el que dos de los tres miembros de más edad -Ruth Bader Ginsburg (83 años) y Stephen Breyer (78)- son progresistas y fueron avalados por Bill Clinton. Ginsburg mantuvo además un severo enfrentamiento con Donald Trump durante la campaña electoral, aunque todo apunta a que no será suficiente para obligarla a inhibirse en el caso de que llegara al alto tribunal algún caso que afectara al nuevo presidente.
En el horizonte hay algunas medidas polémicas pendientes de sentencia y para las que la resolución de la Corte Suprema es clave para su implementación en el resto de niveles legislativos.
Asuntos pendientes
Parece poco probable que pueda prosperar una ley de restricción de armas en la que trabajaban los demócratas. Y hay ya algunos dirigentes republicanos que trabajan con vistas a restringir las leyes del aborto en los estados más permisivos. También están en lista de espera para su revisión por los miembros del alto tribunal estadounidense leyes que afectan a la exención de impuestos a varios colectivos religiosos, la negociación del convenio con los trabajadores del sector público o los decretos de Obama sobre inmigración.
Conflictos de intereses con el Deutsche Bank, Turquía o Corea del Sur
La polémica también rodea a Trump en cuanto al posible conflicto de intereses que su entramado empresarial puede tener con la política exterior de Estados Unidos. Durante la campaña, fueron muchas las voces que pusieron ese escenario de incompatibilidad sobre el tapete. «Ya está todo listo para que asuman la dirección de los negocios mis tres hijos, que ya ocupan vicepresidencias ejecutivas en mis empresas y están preparados para asumir nuevos retos. Ser presidente es un trabajo a tiempo completo y que nadie dude que me voy a dedicar a ello», manifestaba ayer mismo el magnate.
Esa misma estrategia de negar cualquier vínculo que pudiera resultar sospechoso afecta también a las supuestas relaciones de Donald Trump con algunos de los empresarios más próximos a Vladimir Putin. «Tengo cero negocios en Rusia. Repito. Cero negocios», expresó a través de sus redes sociales el republicano cuando más arreciaban las sospechas sobre una posible injerencia rusa.
La Constitución americana prohíbe expresamente a cualquier presidente el recibir dinero de un estado extranjero. Pero nada dice de las relaciones empresariales. Y también han surgido críticas por la exposición del grupo Trump con el Deutsche Bank alemán, con el que tendría comprometidos créditos por importe de más de 2.400 millones de euros, según los datos recabados por el Wall Street Journal.
Aunque el grueso de los negocios de Trump está en Estados Unidos, el magnate tiene intereses comerciales repartidos por al menos otros 22 países. Algunos de ellos, como Turquía o Corea del Sur, están radicados en las zonas más calientes del planeta y son claves para la política exterior de los estadounidenses.
Opacidad al no cotizar
El círculo más cercano a Trump también se apresuró a descartar esta semana posibles incompatibilidades en la toma de decisiones sobre materia económica. «La actividad de las empresas del señor Trump no tiene nada que ver con la compra o venta de acciones, por lo que no le afectan los órganos reguladores», dijeron sus portavoces antes de recordar que tampoco están obligados a revelar ciertos datos al no cotizar en Bolsa.