Devolver el dinero no le garantiza a la excúpula de NCG salir ya de prisión

Su situación está en manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia


madrid / la voz

Hoy expira el plazo de tres días que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio a la excúpula de Novacaixagalicia para recurrir el auto de prisión dictado por el mismo órgano el lunes. Los recursos de súplica que las defensas de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas interpondrán, sin embargo, tienen pocas probabilidades de revertir la situación de los condenados, actualmente en las prisiones de A Lama (Pontevedra) y Soto del Real (Madrid). Así lo confirman los juristas consultados y fuentes oficiales, ya que son contadas las ocasiones en las que un tribunal se enmienda a sí mismo.

De hecho, ni aunque los ex banqueros depositaran ya en el juzgado el dinero que falta para cubrir al completo los 10,4 millones en los que la Audiencia fijó la responsabilidad civil por el cobro indebido de las prejubilaciones tendrían garantizada su salida de la cárcel. «Si devolvieran el dinero y así lo alegaran en el recurso de súplica el tribunal podría valorarlo, pero es improbable que el recurso prospere. Ocurre en un número ínfimo de casos», señalan las fuentes consultadas, para añadir, además, que una vez que han entrado en prisión, todo lo relativo a su situación pasa a manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que los magistrados destacaron en el auto de prisión que los exdirectivos solo habían cubierto la mitad de la responsabilidad civil -aunque su cuantía está recurrida en casación ante el Supremo- e insistieron en que la «simple manifestación de los condenados no equivale al compromiso» que exige el Código Penal para suspender la pena y que es preciso que se acredite «facilitando garantías suficientes de cumplimiento», algo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Mientras que Pego y Gorriarán deben reintegrar 6,5 y 3,9 millones, respectivamente, los otros tres condenados son responsables solidarios de la deuda, después de que el tribunal eximiera a Rodríguez Estrada de los 240.000 euros que también le reclamaba.

Al margen de la reparación económica del daño causado, la defensa de Pradas presentó en la mañana del martes un escrito en la Audiencia pidiendo que se suspendiera la ejecución de la sentencia, aunque es hoy cuando se esperan los recursos de súplica.

Edad para acelerar la salida

Por otra parte, es Vigilancia Penitenciaria la que debe resolver, por ejemplo, si la avanzada edad del expresidente de la antigua caja gallega, Julio Fernández Gayoso, de 85 años, debe ser tenida en cuenta para ponerlo rápidamente en libertad. Sobre esto los expertos no tienen una opinión unánime, ya que mientras que unos recuerdan que «los mayores de 70 años pueden acceder antes al tercer grado y a la libertad condicional», otros sostienen que el Código Penal lo vincula a patologías graves asociadas a la edad, por lo que habría que valorar el caso concreto.

De todos modos, haber abonado la responsabilidad civil es un requisito imprescindible para salir de prisión, y aunque la regla general es que alguien de más de 70 años acceda a la condicional anticipada, sin cumplir las tres cuartas partes de la condena, hay excepciones. Un ejemplo es el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que cumple condena en Soto del Real -la prisión en la que desde el lunes están internados Gorriarán y Pradas- y que en el 2012 se convirtió allí en septuagenario.

Se trata de evitar la impunidad, que precisamente fue otro de los argumentos de peso esgrimidos por la Audiencia para mandar a los condenados a la cárcel.

Los afectados por las preferentes ven «irrisorias» las condenas de los exdirectivos

De «irrisorias» calificó ayer la Coordinadora Galega de Plataformas de Afectados por las Preferentes las penas de cárcel impuestas a los cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia y al abogado que los asesoró con sus contratos. Los clientes de la entidad que compraron productos financieros tóxicos exigen que se depuren también responsabilidades políticas por una operación que tiene entre sus víctimas «las arcas del Estado [...], los miles de preferentistas que aún no recuperaron sus ahorros y el pueblo gallego, que perdió el control de su principal entidad bancaria». A lo que hay que sumar los empleos destruidos en el sector financiero y la sensible merma en la obra social que desarrollaban las antiguas cajas.

Los preferentistas se muestran muy críticos con la decisión de las instituciones de inyectar dinero para rescatar la entidad «sin poner como condición que devolviera el capital que había estafado» a sus clientes. Y censuran que se hubiera permitido la venta del banco surgido de la fusión de las cajas gallegas a un precio tan bajo, un «vergonzoso regalo» que, junto con la «urgencia» de la operación, «demuestran la connivencia del Estado y de la Xunta para apartar la única entidad bancaria con su centro de decisión en Galicia».

Malvender la entidad

«Ahora se entiende por qué Feijoo no dio ni da a conocer el documento con el que justificó la obligación de fusionar o tener que vender las cajas gallegas a una entidad foránea, y mantiene secuestrada la comisión de investigación aprobada por el Parlamento gallego», denuncian los preferentistas, que también reclaman «depurar» las responsabilidades políticas derivadas de la operación.

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