El Gobierno admite que ha estudiado la suspensión de la autonomía en Cataluña
07 feb 2017 . Actualizado a las 08:10 h.La presencia de miles de secesionistas en las proximidades del Palacio de Justicia con centenares de banderas independentistas para apoyar a Artur Mas antes de prestar declaración como acusado por desobedecer al Tribunal Constitucional levantó ayer críticas entre las asociaciones de jueces, el Gobierno y los partidos democráticos.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente coinciden en lamentar el intento de presionar e interferir en la independencia del tribunal y reclamaron respeto a la labor de los magistrados. La APM denunció «la tergiversación del objeto del juicio, que no es como interesadamente se ha repetido una y otra vez a la democracia ni por poner las urnas el 9 de noviembre del 2014», sino por «desobediencia a la decisiones del Tribunal Constitucional y prevaricación administrativa en cuanto a las decisiones adoptadas». Es decir, no se trata de un juicio político. Y critica además el uso de la preeminencia de autoridades sobre los funcionarios para pedirles que fuesen a la marcha.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, denunció un «exceso de teatralización» en el acto de apoyo y advirtió de que los participantes «no defendían la democracia, sino la desobediencia». El ministro de Justicia, utilizó términos similares al referirse a la concentración como un «numerito» impropio de una democracia, que genera presión a los tribunales y falta al respeto al poder judicial. Pablo Casado (PP) describió la manifestación como de cargos públicos porque «la Cataluña real estaba trabajando». Y Miquel Iceta (PSC) se dijo estar convencido de que el tribunal no se va a dejar llevar por presiones.
Posible suspensión de la autonomía
El Gobierno ha estudiado «todas» las previsiones constitucionales y legales para impedir que se celebre un referendo en Cataluña. Aunque la Moncloa no cree que el Gobierno de Carles Puigdemont vaya a convocar la consulta pese a sus reiterados anuncios en ese sentido, tiene todo listo para actuar, incluso con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención y la suspensión de la autonomía de una comunidad.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy había huido hasta ahora de mencionar ese artículo para, decían, no alimentar el sentimiento victimista de los independentistas, pero el ministro de Justicia lo citó ayer con toda la intención. «Por supuesto que la aplicación del 155 está estudiada», aseguró Rafael Catalá. El Gobierno, abundó, tiene analizadas las respuestas legales y «los mecanismos de coordinación de resolución de conflictos. Somos un Gobierno serio y no improvisamos».
El artículo 155 señala que el Gobierno, con el respaldo «por mayoría absoluta del Senado», podrá «adoptar las medidas necesarias» para obligar a una comunidad al «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones constitucionales. Para ello, el Gobierno podrá «dar instrucciones a todas las autoridades» de la comunidad afectada.
Otras preocupaciones
Menos beligerante se mostró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien hasta pidió no dramatizar más las cosas. La primera jornada del juicio del 9N fue, a su parecer, algo que hay que mirar con normalidad porque «la vida de los ciudadanos no se paraliza por procesos que afecten a sus gobernantes». Tienen, vino a decir, otras cosas más importantes por las que preocuparse.
La vicepresidenta mostró además su confianza en «la colaboración» del PSOE y Ciudadanos frente al reto independentista. Los aludidos no le defraudaron y el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, advirtió a los secesionistas que «nada va a ser posible en España al margen de la ley» y por tanto el órdago independentista «no va a llegar a ninguna parte». Pero dicho esto, propinó un pescozón al Gobierno de Rajoy porque este «pulso» se podría haber resuelto antes con «más diálogo institucional». Albert Rivera se alineó con el Gobierno y reprochó a los independentistas, y sobre todo a Mas, su «épica barata de laboratorio» con la que solo buscan extender una «gran cortina de humo» para tapar al «partido del 3 %».