El Supremo, controlado por los chavistas, retira las competencias legislativas al Parlamento
31 mar 2017 . Actualizado a las 08:02 h.El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano dio plenos poderes al presidente Nicolás Maduro para ejercer funciones judiciales, al tiempo que se arrogó para la Sala Constitucional del poder judicial, o para «quien esta disponga» la facultad de dictar leyes. La sentencia es la número 57 que en 15 meses el TSJ emite contra la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y según han determinado los propios diputados del Parlamento venezolano, constituye un «golpe de Estado».
Ocurre, además, apenas dos días después de que con 20 votos a favor, la Organización de Estados Americanos comenzara a discutir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó de «basura» la sentencia, anunció que el Parlamento «desconoce al Tribunal Supremo» y agregó que Maduro «pretende seguir endeudando al país y otorgando concesiones petroleras sin tener que pasar por la Asamblea. Por eso advertimos que un futuro Gobierno de Venezuela desconocerá cualquier compromiso contraído en tales condiciones».
Varios diputados de la Asamblea que fueron a denunciar la sentencia a la sede del alto tribunal fueron golpeados por la Guardia Nacional. Una periodista resultó herida en las protestas.
La decisión del TSJ responde a una solicitud de interpretación sobre si el Gobierno venezolano puede establecer empresas mixtas petroleras sin contar con el Parlamento porque este se encuentra en un supuesto «desacato» ya que el mismo Supremo, en diciembre del 2015, refutó a tres diputados que le daban a la oposición la «supermayoría» necesaria para, entre otras cosas, destituir a los magistrados del TSJ y nombrar a un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Según el abogado constitucionalista ligado al chavismo, Oleg Oropeza, la capacidad de legislar de Maduro se limita al área petrolera; pero para Eglée González, profesora universitaria de Derecho, la redacción de la sentencia es tan laxa que «habilita a Maduro para reformar cualquier ley».
Además, una sentencia previa, publicada el martes, limita la inmunidad parlamentaria y en la práctica, habilita a Maduro para establecer juicio militar por traición a la Patria a los diputados opositores por haber apoyado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Dicha sentencia, además, permite al mandatario abandonar cualquier convenio internacional suscrito por Venezuela
En predios del Gobierno se afirma que el primer preso por «traición a la Patria» y juzgado en un tribunal militar será Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, que salió de Venezuela sin pasaporte (se lo retiraron) y participó en la sesión de la OEA en la que se discutió la aplicación de la Carta Democrática al país.
Mientras, el Gobierno peruano retiró «de manera permanente» a su embajador en Caracas, alertando de la deriva autoritaria de Maduro y la cancillería argentina manifestó «preocupación» por las decisiones del Supremo venezolano. El secretario de la OEA, Luis Almagro, convocó una nueva reunión del organismo para analizar la situación.