El Supremo renuncia a asumir las competencias del Parlamento, pero la oposición asegura que el «golpe de Estado» continúa y exige que se restituyan todos los poderes al Legislativo
02 abr 2017 . Actualizado a las 20:11 h.El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano dio ayer marcha atrás y renunció a asumir los poderes legislativos. El alto tribunal revirtió parcialmente las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional que arrogaban al máximo tribunal del país la potestad de legislar (eliminando, de facto, la Asamblea Nacional) y eliminaban la inmunidad de los diputados. La oposición califica esas medidas de insuficiente y exige que se restituyan los poderes al Parlamento y se juzgue a los jueces que dictaron las decisiones, detrás de las cuales, acusan, está el presidente Nicolás Maduro.
«No ha habido cambio. El golpe de Estado continúa», señaló el presidente de la Asamblea, Julio Borges en una sesión parlamentaria en una plaza del centro de Caracas, donde reunió a centenares de seguidores que desafiaron decenas de piquetes policiales y el cierre de las estaciones de metro en cinco kilómetros a la redonda. «El Tribunal Supremo pretende maquillar un golpe de Estado que dio y ya no puede corregir», indicó. Mientras, el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, afirmó que «con esto (la reversión de la sentencia) nadie se va a conformar (…) quienes dieron un golpe de Estado no se van a quedar sin consecuencias».
Maduro convocó la noche del viernes local al Consejo de Seguridad de la Nación, una instancia que incluye a todos los poderes públicos, para «revisar» las sentencias del Supremo, después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, rompiera la unidad monolítica del chavismo, al afirmar que los fallos implicaban «una ruptura del orden constitucional»; y sin duda, presionado por la fuerte reacción internacional.
Luego de la reunión, y ya en la madrugada, el Supremo emitió dos nuevas sentencias, que eliminaban los puntos conflictivos, pero no corrigió la parte de las sentencias que, aparentemente, más interesa al mandatario: la posibilidad de celebrar contratos y endeudarse sin tener que pasar por el Parlamento.
Finanzas, en estado crítico
La situación de las finanzas venezolanas es crítica, y tiene que pagar 3.600 millones de dólares en deuda en quince días, sin tener aún los recursos para ello, por lo cual es alto el riesgo de caer en una suspensión de pagos, indican analistas.
El presidente del TSJ, y coautor de las sentencias, Maikel Moreno, afirmó, en declaraciones al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que «no haremos nada que atente contra la estabilidad del país», agregando que «las decisiones del TSJ no han despojado al Parlamento de sus funciones (…) es responsabilidad del legislativo acatar las decisiones del poder judicial», señaló.
Sin embargo, expertos en Derecho, como el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, coinciden con Borges en que las sentencias no son suficientes. «Hay 44 sentencias del Tribunal Supremo que han coartado la voluntad popular que eligió 112 diputados opositores», señaló Hernández, mientras Provea, una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas de América Latina, calificó, en un comunicado, de «engaño» la «supuesta revisión» de las sentencias del TSJ, y señaló que «seguimos en dictadura, porque no hay separación de poderes». Ahora, se espera una nueva reacción de la fiscal Ortega Díaz, quien, como señalan los expertos, si considera que hay una ruptura del orden constitucional debe promover la destitución de los magistrados del Supremo.
Mercosur exhorta a Venezuela a garantizar la separación de poderes
Los países del Mercosur exhortaron a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto, en una declaración conjunta firmada ayer en Buenos Aires.
Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay denunciaron la «intromisión sistemática» del Tribunal Superior de Justicia venezolano en las competencias de la Asamblea Nacional.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reprochó a Venezuela que intente salir de la crisis «con aún más alteración del orden constitucional». Responde así a la decisión del TSJ de anular las sentencias por las que despojaba a la Asamblea Nacional de sus competencias y retiraba la inmunidad a los parlamentarios.
En la reunión de mañana del Consejo Permanente de la ONU estaba previsto que se vote un borrador de resolución que declararía que la toma de poderes del Parlamento por parte del TSJ es una «violación del orden constitucional», pero no está claro si la decisión anunciada ayer por la corte venezolana provocará algún cambio en ese texto.
«La gente tiene miedo y está cansada de protestar»
Varias protestas en Caracas y en todo el país estallaron ayer contra las decisiones del Supremo, y fueron reprimidas por las fuerzas del orden. Una manifestación transcurrió por la principal autopista que cruza la capital, sorteando varios piquetes policiales, hasta que fue dispersa con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional. El próximo martes los líderes opositores llamaron a una gran concentración para exigir la restitución de las funciones del Parlamento.
Para la comunidad gallego-venezolana, sin embargo, estas protestas tienen poca fuerza para lograr sus objetivos. En general, personas consultadas por La Voz de Galicia en la Hermandad Gallega de Caracas, el principal club de los gallegos en el país, señalan que siguen temiendo «la deriva autoritaria» que le atribuyen a Nicolás Maduro, como señaló Fátima Silva, venezolana de origen pontevedrés, de 55 años. «Aquí hay poca gente para protestar, la gente en su mayoría tiene miedo, está cansada, y la mayor parte de los que podían protestar, que son los jóvenes, se están yendo del país», señala.
Ana Figueroa, que tiene 21 años y ya es venezolana de segunda generación (sus abuelos paternos son coruñeses y tiene nacionalidad española) indica que «ahora viene Semana Santa y ya todo esto se olvida».
Un líder político de la emigración española en Venezuela, que prefiere no dar su nombre, comenta que en general «la reacción es casi nula», como se ha analizado en grupos que involucran, además, a representantes del cuerpo diplomático en el país; «para mí, están ensayando cual es la reacción, y la respuesta de la población les permite estar tranquilos», afirmó, en relación con el Gobierno.
Rafael Vesga, un residente en Venezuela desde 1975, natural de Cáceres y de 60 años, comentó que la situación tiende a agravarse, independientemente de la crisis política, y que «probablemente, lo que cause que la gente se canse del Gobierno de Maduro no tenga que ver con esto, sino con los precios de las cosas. Hay muchas personas pasando hambre, no se consigue nada, y esto es lo que en cualquier momento despierta», señaló.