Rajoy no se asegura el decisivo voto de los canarios ni con 1.300 millones para las islas

La Voz T. N. REDACCIÓN / LA VOZ

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Javier Lizón | Efe

Garantizado el apoyo de los moderados, el otro diputado insular exige más concesiones para ayudar a aprobar los Presupuestos

06 abr 2017 . Actualizado a las 07:17 h.

El de Canarias es el único Ejecutivo de una comunidad no gobernada por el PP que ha recibido con entusiasmo el proyecto de Presupuestos. Según su presidente, Fernando Clavijo, la firma que su formación, Coalición Canaria, puso al pie del pacto suscrito ayer con el PP para garantizar su apoyo a los Presupuestos reportará al archipiélago 1.300 millones en tres años. Un precio que Rajoy ni siquiera ha pagado con Cataluña en su empeño por rendir a los secesionistas. Pese a ello, la lucha política en las islas mantiene en vilo al Gobierno. Nueva Canarias, cuyo diputado Pedro Quevedo se presume determinante para que las cuentas del Estado sean finalmente por las Cortes, anunció ayer la presentación de una enmienda a la totalidad.

Nueva Canarias, que se presentó a las elecciones en las listas del PSOE, ya había anunciado que votaría en contra de los Presupuestos al menos hasta el debate de totalidad, pero que se abría a apoyarlos con posterioridad si llegaba a un acuerdo con el Gobierno para mejorar las partidas que interesan a Canarias. En realidad, lo mismo que dijo ayer, solo que con el añadido de que anunció la presentación de una enmienda a la totalidad propia. Y la justificó porque, en contra de lo argumentado unas horas antes por Fernando Clavijo, las inversiones previstas para Canarias son insuficientes porque, «en términos relativos», siguen siendo «uno de los territorios peor tratados del Estado», según Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias.

La posición de Nueva Canarias hay que interpretarla en clave interna de lucha por el poder en el archipiélago. Antes y después de firmar, ayer, el pacto presupuestario con el PP, el presidente autonómico y de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se felicitó por lo que calificó de «gran acuerdo» que recoge las grandes aspiraciones de su comunidad, incluida la enmienda que permitirá desvincular el régimen económico y fiscal del sistema de financiación autonómica. Clavijo aseguró que el pacto supondrá para el archipiélago inversiones, infraestructuras y otras políticas por importe de 1.300 millones hasta el año 2019.

En respuesta, Quevedo incorporó nuevas exigencias en las negociaciones que mantiene abiertas con el PP. Asegurado el voto a favor de Ciudadanos, Coalición Canaria y UPN, el siguiente reto del Gobierno es conseguir el apoyo del PNV, en lo que lleva trabajando desde hace meses y que pretende cerrar a lo largo de abril. Si lo consigue, se asegurará 175 votos. Suficientes para derrotar, dentro de un mes, las enmiendas a la totalidad. Pero conseguir la aprobación final de los Presupuestos, necesitará un voto más. Y el único que está abierto a dárselo es Quevedo, que pretende hacer valer su fuerza para conseguir una victoria política sobre Coalición Canaria.

Críticas socialistas

Pero al margen de Canarias y de las comunidades gobernadas por el PP, el proyecto de Presupuestos ha desatado un profundo malestar en las demás autonomías. La presidenta andaluza, en plena batalla por el liderazgo de su partido, encabezó la oleada de críticas de los socialistas. Susana Díaz exigió «una rectificación» al Gobierno ante «la tomadura de pelo y el escándalo» que suponen los Presupuestos para su comunidad, con un recorte de la inversión, según sus cálculos, del 36,6 %. Díaz acusó a Rajoy de incumplir la previsión inversora fijada en el Estatuto andaluz y lo atribuyó a un castigo y maltrato a la comunidad por razones políticas.

La dirigente socialista acentuó su perfil crítico con un ojo puesto en la batalla contra Pedro Sánchez por la secretaría general. Quiere alejar de esta forma la imagen de entreguismo o cercanía al PP que pretende fomentar el sanchismo.

En la misma línea se expresó el presidente valenciano, Ximo Puig, quien denunció lo que considera discriminación hacia su comunidad, «la última en inversión por habitante» con un recorte del 33 % en las cuentas del Estado. El malestar en este caso no se quedó solo en el PSOE, ya que las Cortes valencianas, con el apoyo del PP, aprobaron una declaración institucional de protesta. Ximo Puig advirtió que no descarta, como planteó su vicepresidenta Mónica Oltra, ir a «montar un pollo» a Madrid.

Otra comunidad socialista, la gobernada por el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, también cargó contra las cuentas del Estado, que calificó de cataclismo al reducir las inversiones públicas en Asturias en un 43 %.