El empleo de los tribunales militares para juzgar a civiles eleva la tensión en Venezuela
ACTUALIDAD
Más de 250 venezolanos detenidos en el transcurso de las protestas de la oposición han sido llevados ante este órgano
10 may 2017 . Actualizado a las 07:37 h.Desde el pasado jueves, 4 de mayo, más de 250 venezolanos detenidos en el transcurso de las protestas de la oposición han sido llevados ante tribunales militares, una estrategia que ha sido denunciada por oenegés de derechos humanos y también por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, como contraria a la Constitución del país y opuesta a los tratados internacionales. «Es una angustia no saber nada de mi hijo desde que lo apresaron el jueves en Bella Florida; quisiera saber lo que está pasando, porque mi hijo es un civil, no lo pueden estar juzgando los militares», afirmó la madre de un joven detenido en Valencia, Carabobo, a hora y media de Caracas.
Ese día, y ante saqueos que afectaron a más de cien negocios, el comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, afirmó que a petición de «instrucciones del presidente de la República», Nicolás Maduro, «se va a aplicar justicia militar a todos los que ocasionen saqueos y desórdenes». Pero, como previeron oenegés muy conocidas en el país como Cofavic o Provea, el objetivo que persigue la medida eran fundamentalmente los jóvenes manifestantes. En Zulia, donde un grupo derribó una estatua de Hugo Chávez, 18 personas han sido pasadas a tribunales militares, y se les han imputado delitos como instigación a la rebelión, o ataque al centinela (militar), que conllevan una pena de hasta 30 años de cárcel.
Cofavic señaló en un comunicado emitido el lunes que el número de personas enviadas a tribunales militares supera en este momento las 250. Aunque la decisión se tomó hace cinco días, ya venía siendo práctica corriente con delitos políticos, como el que pretenden imputarle al diputado Gilber Caro, preso e incomunicado desde hace más de tres meses en la misma cárcel en la que está recluido el dirigente opositor Leopoldo López.
Afirma Cofavic que la medida «suspende las normas básicas de protección de los derechos humanos» y que «el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles no está prevista en nuestra Constitución». A su vez, y al criticar la medida, Almagro señaló en una comunicación de la OEA que «las acusaciones de fiscales militares a civiles son un completo despropósito en términos políticos». Agregó que «en Venezuela el estado de Derecho no existe ya ni siquiera como apariencia».
Para el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, uno de los principales sostenes del tambaleante Gobierno de Maduro, «los procesos en la jurisdicción militar venezolana son legales cuando hay una agresión a un centinela, o sobre un efecto o bien de la Fuerza Armada, se incurre en un delito de naturaleza militar». Sostiene que las acusaciones se coordinan con la fiscalía civil «y al final se van dirimiendo las jurisdicciones de la mejor manera».
Fuentes de la Fiscalía General consultadas por La Voz señalaron, sin embargo, que en estos 250 casos «no ha habido ningún contacto» entre acusadores civiles y militares. Aparentemente, el Gobierno recela de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien ha ordenado no imputar a jóvenes manifestantes, lo cual han hecho sus funcionarios, y han quedado detenidos los que protestan incluso contra la expresa opinión del Ministerio Público.