La Fiscalía desafía otra vez a Maduro y juzgará a los manifestantes por lo civil
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Dos nuevos muertos y más de cien heridos en otra violenta jornada de protestas
11 may 2017 . Actualizado a las 07:26 h.La monolítica unidad que guardaban los funcionarios del Estado venezolano para defender a Nicolás Maduro continuó resquebrajándose ayer, cuando la fiscal general exigió, y logró, pasar a jurisdicción civil a 14 de los manifestantes de Zulia que habían sido imputados por rebelión civil y ataque al centinela por un tribunal militar cuando tumbaron una estatua de Hugo Chávez en Rosario de Perijá.
Sin embargo, el número de apresados y mandados expresamente a cárceles lejanas de sus residencias por parte de la Justicia militar ya supera las 250 personas, entre ellas 19 del estado Falcón, vecino al de Zulia, que fueron llevados a la misma prisión en la que está Leopoldo López, en las afueras de Caracas, a 500 kilómetros de sus casas, según señaló Alfredo Romero, de la oenegé Foro Penal Venezolano, que defiende gratuitamente a los detenidos políticos. En Falcón, puso como ejemplo, a los arrestados se les impidió una defensa civil. Otros presos de Carabobo fueron enviados a Anzoátegui, en el otro extremo del país.
El nuevo acto de independencia de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz (que el 3 de abril señaló que dos sentencias del Tribunal Supremo eran una ruptura del orden constitucional) llega cuando miles de opositores volvieron a tomar las calles en todo el país en medio de una violenta represión.
Miguel Castillo, un joven de 27 años que hace apenas una semana se había graduado en Periodismo, se convirtió ayer en la víctima número 40. El fallecimiento se produjo en el mismo lugar y de la misma forma (un disparo de balín de plomo) en el que hace una semana fue asesinado otro joven, Armando Cañizales, de 17 años. Por el caso de Cañizales, el ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció la detención de uno de los amigos del joven, quien supuestamente le había disparado a corta distancia.Ayer se anunció también la muerte de Anderson Dugarte, de 32 años, herido en las protestas del pasado lunes en Mérida. Dugarte se encontraba cerca del lugar donde la policía y los manifestantes opositores se enfrentaban cuando recibió un disparo en la cabeza que terminó causándole la muerte. Otra joven, no identificada, se encuentra muy grave en Caracas, tras recibir ayer el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza.
Un gobernador echa una maldición al Gobierno tras ser inhabilitado
El Gobierno, a través de su Contraloría, y sin procedimiento judicial, inhabilitó por 15 años a otro gobernador: Liborio Guarulla, del Amazonas, en el cargo desde el 2001, primero como chavista y luego como disidente. Inhabilitación que puede salir cara al contralor y al Gobierno si se cree en la «maldición de Dabucurí», que Guarulla, miembro de la etnia guaniba, lanzó y que augura, según señaló, «tormento y sufrimiento previo a sus muertes». «Voy a convocar a mis ancestros, los chamanes, para que la maldición de Dabucurí caiga sobre esas gentes», indicó. La maldición se hace en las comunidades durante ocho días en los que se ingieren bebidas alucinógenas y, según Guarulla, «antes de morir comenzarán a sufrir, y su alma vagará por los sitios más oscuros y pestilentes antes de poder cerrar los ojos».