Los miles de asturianos afectados por la quiebra del Popular comienzan a movilizarse
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La asociación de consumidores UCE cree que la entidad podría haber estado «falseando la información» de sus cuentas «al menos desde 2012»
13 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) cuenta por «miles» los posibles afectados por la quiebra del Banco Popular en Asturias. La entidad, que fue adquirida por el Santander, se desplomó la semana pasada, fue la primera en ser intervenidar bajo las normas de resolución de firmas bancarias de la Unión Europea, que se aprobaron tras la crisis financiera de 2008 con el objetivo de evitar los rescates con dinero público. De este modo, se protege la garantía de los depósitos pero los accionistas pierden toda su inversión. A nivel nacional, la OCU ya avanzó su intención de demandar a la anterior cúpula directiva por «estafa», al entender que los accionistas minoritarios fueron engañados por los gestores, y que habrían presentado unas cuentas que «no eran reales».
En el caso de Asturias, el responsable de la UCE, Dacio Alonso, indicó que «estamos teniendo muchas consultas» hasta el punto de que este mismo lunes «han superado el centenar». UCE cuenta con el precedente de sus iniciativas en el caso de Bankia y, según Alonso, «estamos analizando la situación según la cual hay información falsa en la ampliación de capital de hace un año y dicen que es probable que venga falseando la información al menos desde 2012».
El responsable de UCE señaló que precisamente el caso de la antigua caja madrileña ha servido como modelo por tratarse de una «situación parecida» en el sentido de que «los titulares de bonos convertibles, preferentes y subordinadas que lo han perdido todo» podrían reclamar la nulidad de la compra. «El problema es delimitar qué compras se pueden anular: serían las realizadas desde que el banco engaña con sus cuentas... ¿desde cuándo engaña? Y la compras realizadas ¿hasta qué momento? Quienes hayan comprado en los últimos días ya especulaban mucho, ya había rumores de que el banco no era viable, asumían el riesgo», apuntó Alonso.
A la hora de interponer una demanda el responsable de la asociación de consumidores indicó que «los casos más claros son los de quienes compraron en la ampliación de acciones de año pasado y los de quienes compraron bonos convertibles o subordinada».
El abogado de la UCE, Jose Antonio Ballesteros Garrido, ha publicado un texto para tratar de resolver algunas de las dudas más frecuentes de que quienes hayan podido verse afectados por el proceso de quiebra del banco. En él, el letrado apunta que se podrá reclamar al Santander como propietario del Popular, aunque mantiene su personalidad jurídicas propia, quienes adquirieron durante los últimos años una serie de emisiones de híbridos de capital, entre los que describe «los bonos convertibles emitidos en 2009 que se convirtieron en acciones en noviembre de 2015 (tras una reestructuración, con canje por una nueva emisión en 2012) con unas pérdidas del 90%; también realizó cuatro ampliaciones de capital en los últimos cinco años por un total de 5.400 millones» y que se cerraron con «resultados calamitosos».
Así, señala que la legislación establece una responsabilidad para poder reclamar una indemnización por las pérdidas «siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde el conocimiento de la falsedad o de las emisiones en el contenido del folleto», una fecha que, según señaló, se podría establecer con la quiebra de la entidad. Sin embargo, el abogado advierte de que «este conocimiento suficiente presenta serias dificultades para la reclamación: hay que probar la falsedad del folleto».
Ballesteros Garrido destaca que son varias las similitudes que podrían establecerse con la investigación que apoyó las demandas contra Bankia, aunque en este caso las dificultades serán mucho mayores; «por consiguiente, va a ser necesario disponer de informes periciales que respalden la afirmación de que los folletos no reflejaban la situación real de la entidad».
El abogado apuntó que podrán ejercer acciones legales tanto los accionistas profesionales como los minoristas, aunque serán estos últimos los que tengan mayores posibilidades de sacar adelante sus iniciativas.