Grandes fortunas apuntan ya a los tribunales por el escándalo del Popular

La familia Luksic lleva al FROB ante la Audiencia Nacional tras perder 113 millones


madrid / la voz

Aunque fueron los pequeños accionistas quienes se movilizaron más rápidamente para pedir amparo a los tribunales, presas del nerviosismo y el estupor tras la resolución y posterior subasta exprés del Popular, que redujo a cero toda su inversión, las grandes fortunas también han comenzado a hacerlo. Los también principales accionistas del banco no tienen intención de resignarse a perder su dinero en lo que consideran una operación poco transparente y precipitada que acabó con una «entidad solvente».

Así lo aseguró ayer en Madrid José Ignacio Bulnes, representante de la familia Luksic, la mayor fortuna de Chile, que entró en mayo en el capital del Popular (se hizo con el 3,45 % comprando hasta el último día) e invirtió 113 millones que se esfumaron con la resolución de la entidad decretada por las autoridades bancarias europeas. Los Luksic se han puesto en manos del despacho Roca Junyent, y el pasado día 21 presentaron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del FROB de amortizar las acciones del banco y venderlo al Santander por un euro. 

Un proceso «opaco y arbitrario»

Su intención es presentar también un recurso de primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra la resolución adoptada por la Junta Única de Resolución, que consideran «desproporcionada, especialmente tras los casos italianos».

«El proceso de resolución fue apresurado, opaco, discrecional y arbitrario. Nosotros solo pedíamos que se diera más tiempo para una solución privada y que no se cortaran las líneas de liquidez», añadió Bulnes, que también se mostró crítico con las «desafortunadas» declaraciones de Elke König, responsable del Mecanismo Único de Resolución (MUR), que provocaron la caída de la acción, y con la gestión del expresidente, Emilio Saracho, con idéntico resultado: el pánico entre inversores y depositantes.

A la espera de que, tras presentar el recurso en la Audiencia, antes del 18 de julio les den traslado de la resolución completa del FROB y del polémico informe de Deloitte que sirvió para intervenir la entidad, los letrados de Roca Junyent no descartan pedir responsabilidad también a los supervisores, como el BCE, el Banco de España o la CNMV.

Pero la familia Luksic no es la única que ha puesto en marcha la maquinaria legal, aunque sí ha preferido hacerlo en solitario, a diferencia de otras grandes fortunas. Es el caso del presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, que perdió 45 millones de euros, y que está aglutinando a pequeños inversores (más de 9.000 ya) para reclamar la restitución del dinero. Revuelta, accionista del banco desde hace doce años, está explorando la vía civil y carga contra los equipos gestores de la entidad, primero con Ángel Ron a la cabeza y luego con Saracho, sin olvidar al auditor, PwC.

También la sindicatura de accionistas, núcleo histórico del banco y que aglutina a familias del Opus (tenían el 9,6 % del capital), estudia demandar al MUR por la amortización de las acciones y la venta de la entidad basándose en un informe que no se ha hecho público, pero que estimaba entre 2.000 y 8.200 millones las pérdidas del banco. Es posible que otros grandes accionistas sigan esos mismos pasos, según fuentes cercanas al proceso.

Y mientras, los despachos de los abogados gallegos siguen recibiendo a diario «decenas» de consultas de pequeños inversores que quieren saber si pueden recuperar lo que perdieron. 

Negativa en el Congreso

Por otra parte, ayer el Congreso rechazó una proposición no de ley registrada por diputados de En Marea en la que exigían al Gobierno la adopción de medidas para evitar despidos en el Popular y el cierre de oficinas en zonas con «insuficiencia de servicios bancarios» tras la absorción, así como , la preservación del Pastor. PP, Ciudadanos, PNV y PDeCat votaron en contra.

¿Qué vías hay para ir judicialmente si se ha perdido la inversión?

Vía penal, civil, contencioso-administrativa. Justicia española o europea. Contra la última ampliación de capital o contra la resolución de la entidad. Las opciones para pelear en los tribunales la restitución del dinero que los accionistas del Popular perdieron con la caída del banco son tan variadas como la casuística de los potenciales demandantes. Por eso muchos despachos están aún diseñando la estrategia jurídica que más posibilidades de éxito podría tener en la maraña de responsabilidades que nadie quiere asumir en el hundimiento del que fue el banco más rentable y solvente de Europa.

A la espera de que finalmente el Santander articule algún tipo de reembolso del dinero para quienes fueron a la ampliación de capital del pasado año , los perjudicados pueden recurrir a los tribunales, apoyándose en el precedente de la sentencia del Supremo sobre la OPV de Bankia (sostenía que las cuentas reformuladas son falsas), dado que Saracho reexpresó los resultados del 2016, unas cuentas sobre las que se hizo la ampliación. Los expertos sostienen que esta es la demanda «más fácil», con más probabilidades de prosperar, focalizada en Ron y su consejo de administración.

También la vía penal -por ejemplo el despacho Cremades, en representación de la asociación Aemec, o la OCU, ya han presentado sendas querellas en la Audiencia Nacional- es otra fórmula, al igual que el contencioso-administrativo contra el FROB que ha iniciado Luksic, y otros despachos hablan ya de ir contra el Santander por «enriquecimiento injusto».

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