El Supremo venezolano castiga al chavismo crítico en la Fiscalía General
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Luisa Ortega lo califica de «terrorismo de Estado» y dice que no acatará la decisión
29 jun 2017 . Actualizado a las 07:18 h.Casi en el preciso momento en el que el misterioso helicóptero atacaba la sede de la institución en Caracas, el Tribunal Supremo transfería a la Defensoría del Pueblo, en manos del chavista Tarek William Saab, gran parte de las atribuciones de la Fiscalía General de Venezuela, ahora incómoda para Nicolás Maduro tras la rebeldía de su titular, Luisa Ortega Díaz. La fiscala general anunció que desconoce las sentencias 469 y 470 de «unos ilegítimos magistrados» del Supremo, que dijo representan «la continuación de la ruptura del orden constitucional», y juró defender la vigencia de la actual Carta Magna «hasta con la vida».
Según el jurista José Ignacio Hernández, se trata crear en la Defensoría una «realidad alternativa» a la de los fiscales, especialmente en casos de violaciones de derechos humanos. Más grave aún, a criterio de este abogado, es la sentencia 470, que deroga el nombramiento del vicefiscal Rafael González, leal a Ortega (potestad que es exclusiva de la Asamblea Nacional, según la Constitución); y se atribuye, sin que haya justificación para ello la potestad de designar un nuevo vicefiscal, con lo cual, señaló Hernández, se allana el camino para la destitución, también ilegal, de Ortega.
La fiscal instó a los diputados de la Asamblea Nacional a acelerar el proceso de designación de nuevos magistrados del Supremo, lo que comenzaría a dar paso a una institucionalidad paralela que podría ser reconocida por algunos Gobiernos, según se comenta. «Ustedes no están en desacato, como dice el tribunal; ellos son los principales actores de la derogación de la Constitución y no lo voy a permitir, desconozco sus sentencias; quienes son ilegítimos son los magistrados», que fueron electos en un procedimiento a todas luces ilegal en los últimos días de diciembre del 2015 por la Asamblea de mayoría chavista que cesaba sus funciones. «Lo que el tribunal Supremo hizo con la Asamblea ahora lo quiere hacer con el Ministerio Público», añadió antes de denunciar la ruptura del orden constitucional por parte del Supremo. «En Venezuela hay un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, se reprime brutalmente, se juzga a civiles en tribunales militares y no se respeta el debido proceso», concluyó.
