La conexión asturiana (y millonaria) del frente judicial por el Banco Popular

El asturmexicano Antonio del Valle contrata los servicios del bufete de raíces asturianas Ontier

Antonio del Valle
Antonio del Valle

Redacción

El millonario asturmexicano Antonio del Valle ya está moviendo sus fichas para lanzar una ofensiva legal por sus acciones en el Popular. Del Valle, que perdió más de 550 millones tras la operación que acabó con el banco en manos del Santander, ha contratado al bufete de origen asturiano Ontier para defender sus intereses en España y a la firma Kirkland & Ellis para pleitear fuera de las fronteras españolas.

Del Valle, cuya familia procede de Cangas de Onís, es una de las grandes fortunas de México. En el momento de la venta del Popular, ostentaba más del 4% del Popular, por lo que su quebranto económico fue millonario, como ya informó este periódico. Para defender sus intereses ha contratado los servicios de Ontier, el bufete fundado por el abogado asturiano Bernardo Gutiérrez de la Roza y que también ha representado en otras operaciones a Carlos Slim, el propietario del grupo Carso, máximo accionista del Real Oviedo. Hay que recordar que  Del Valle y Slim están aliados en la empresa Elementia, un gigante del cemento. Ontier también ha asesorado a Slim en su entrada en FCC o en Realia. 

Del Valle y Gutiérrez de la Roza están estudiando emprender acciones penales, civiles o por la vía contencioso administrativa. La diana del pleito recaería en Ángel Ron, en el Banco Santander y en la Junta Única de Resolución (JUR) o el Frob que tomaron la resolución final del Popular. Y en el extranjero, el empresario asturmexicano podría optar por emprender acciones en juzgados estadounidenses y en el Tribunal de Justicia de la UE.

El millonario de origen cangués también es protagonista en otro frente judicial. Una demanda de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) sostiene que Del Valle proyectó un «plan perfectamente urdido» para hundir la cotización del banco y poder enriquecerse con posiciones cortas. La denuncia está ya ante la Audiencia Nacional.

La conexión asturiana (y millonaria) del frente judicial por el Banco Popular