Bruselas se desentiende de la factura de los litigios por la crisis del Popular
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Se niega a revelar el informe del auditor sobre la situación del banco
12 jul 2017 . Actualizado a las 07:23 h.«Un caso de manual». Así calificó ayer la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, la liquidación y venta del Banco Popular el pasado mes de junio. Una operación exprés, orquestada con sigilo por las autoridades europeas y españolas, las mismas que ahora tratan de esquivar responsabilidades ante la oleada de denuncias que se avecinan. «Hemos cumplido con las reglas de la unión bancaria, no hubo contagio y los depósitos quedaron garantizados [...]. Ha sido un éxito», aseguró la alemana, quien compareció ayer ante una Eurocámara ávida de respuestas a las innumerables sombras que rodearon la operación.
Hay miles de afectados, principalmente pequeños inversores que perdieron todo su dinero de un día para otro y que quieren llevar ante la Justicia a los responsables de la caída del banco. El ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo esfuerzos el lunes para enviar la pelota al tejado del BCE y la JUR, a los que apunta como «responsables» de la operación.
En la reunión del Eurogrupo insistió en que «el contribuyente español no pagará un euro por el Popular». El Gobierno no quiere cargar el muerto al FROB ni hacerse cargo del coste potencial de los litigios que están por venir. Bruselas ha visto la jugada y también se muestra esquiva. Se niega a hacerse cargo de las indemnizaciones. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, admitió ayer que, desde el punto de vista legal, «las decisiones de resolución son un acto de la UE» y por tanto «pueden ser recurridas en el marco del Tratado de la UE». Será por tanto el Tribunal de Justicia de la UE el que decida sobre los litigios. Pero otra cosa es quién asumirá el coste de las eventuales indemnizaciones. El letón no quiso hacer «especulaciones» en torno a unas sentencias que podrían tardar años en ver la luz.
Los afectados quieren que se aclare quién es el responsable de la operación, pero las autoridades lo están poniendo muy difícil. Para guardarse las espaldas, König apuntó ayer en varias direcciones. Por un lado, hacia el BCE. ¿Por qué los test de estrés no detectaron los problemas agudos del Popular? «En el 2017, la dirección del banco se dio cuenta de que había una serie de pérdidas considerables. Pregunten al supervisor por qué las pruebas de resistencia no revelaron esto», deslizó. ¿Conocían las autoridades españolas el desenlace? La JUR niega haber provocado la salida masiva de depósitos que condenó al banco a la liquidación, y sugiere de forma velada que se mire con lupa quién y por qué retiró dinero de la entidad: «No nos toca a nosotros investigar quién procedió a la retirada de depósitos», declaró König apuntando a España. ¿Por qué no se inyectó liquidez de emergencia del BCE a la entidad si esta aportó garantías? «Pregunten al vicegobernador del Banco de España, a nosotros nos dicen el martes 6 [de junio] por la noche que el banco no estaba en posición de cubrir las salidas de liquidez del día siguiente», se justificó la alemana.
Informe fantasma
Uno de los documentos que podría arrojar luz sobre las maniobras sospechosas que precedieron a la subasta exprés del Popular sigue guardado bajo llave en un cajón. Es el informe fantasma de la auditora Deloitte, que analizó tres escenarios distintos para el banco. En uno de ellos se habría valorado al Popular en casi 1.500 millones de euros. König se niega a hacerlo público porque «incluye mucha información confidencial».