El chavismo apela al Supremo para impedir el referendo de la oposición
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El alto tribunal decide hoy sobre la consulta que intenta tumbar la Constituyente
12 jul 2017 . Actualizado a las 07:22 h.Tres portavoces del chavismo (Pedro Carreño, Tania Díaz y el exvicepresidente Aristóbulo Istúriz) anunciaron un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo, controlado por el Gobierno, para «suspender» el plebiscito organizado por la oposición para este domingo. Nicolás Maduro ya había dicho que ignoraría la votación, a pesar de que tanto la propia oposición como el chavismo disidente pretenden darle «carácter vinculante».
«Ese plebiscito solo tiene la intención de echar a andar un plan golpista», señaló Carreño, sobre una de las tres preguntas que se harán y que busca obligar a las Fuerzas Armadas a reconocer la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo desde la Asamblea Nacional. «Es inconstitucional porque no está en la Carta Magna», afirma Carreño.
Sin embargo, la exdefensora del Pueblo, y ahora abanderada del autodenominado «chavismo democrático», Gabriela Ramírez, así como las facultades de Derecho defienden la legitimidad del plebiscito, que tiene su base en el carácter vinculante de las asambleas de ciudadanos, consagrado en la Constitución Nacional de 1999, aunque el mecanismo nunca se ha puesto en práctica.
Elevada participación
La principal pregunta de la consulta que la oposición impulsa es si la población rechaza la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro, que debió haber sido sometida a un referendo consultivo que el Gobierno no quiere realizar porque, según los sondeos, tiene solo entre el 11 % y el 5 % de apoyo. Esa es al menos la teoría de la oposición, la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, que ayer reiteró su desafío a Maduro al anunciar que no aceptará su destitución, prevista para hoy, y el chavismo disidente.
En cambio, en la consulta de este domingo, según la oposición, se espera que voten 14 millones de personas, casi el 75 % del censo. Los cálculos en privado, más modestos, hablan de una asistencia aún altísima: entre 7 y 8 millones de venezolanos acudirían al plebiscito, algo que podrán verificar los observadores internacionales que ayer fueron invitados por los convocantes a seguir la cita con las urnas.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, reaccionó inmediatamente a las declaraciones de Carreño, Díaz e Istúriz señalando que «el falso TSJ quiere pronunciarse contra la consulta del 16J. Ojalá lo hagan. Nada motivaría más al pueblo que desafiar a esos bandidos».
El Parlamento no pudo llevar a cabo su sesión de ayer porque Bladimir Lugo, el coronel encargado de vigilar su sede, impidió la entrada a los trabajadores de la Asamblea, a la prensa y a numerosos parlamentarios. Lugo debe presentarse mañana ante la Fiscalía, que lo acusa de violación de derechos humanos por el asalto al Palacio del pasado 5 de julio, pero con toda seguridad no acatará la citación del Ministerio Público.
Críticas internacionales
En este ambiente generalizado de crispación destacan las declaraciones de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que pidió a Maduro «desmontar la Constituyente para que haya una negociación en Venezuela»; y del senador republicano estadounidense Marco Rubio, que afirmó que si el Gobierno realiza la Constituyente «vendrán severas sanciones contra los funcionarios venezolanos», agregando que a la oposición venezolana «no la mueve la venganza» y que «la reconciliación es posible si Maduro recupera el orden democrático».