Venezuela decide este domingo qué fuerza da a la oposición en su pulso con Maduro
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El cada vez más amplio chavismo disidente respalda la «consulta popular»
16 jul 2017 . Actualizado a las 10:09 h.No tiene valor legal, por el momento, pero representa tal quebradero de cabeza para el Gobierno de Nicolás Maduro que ha prohibido a los medios locales que informen sobre ella, una prohibición que la mayor parte de la radio, la televisión y las páginas web han desobedecido.
Los venezolanos asistirán este domingo a una inédita e histórica «consulta popular», organizada por la Asamblea Nacional, con tres preguntas. La primera es si los ciudadanos del país y los de la diáspora «desconocen y rechazan» la llamada a una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por Maduro, sin referendo consultivo previo, en violación de la Constitución actual. La segunda es si autorizan a la propia Asamblea a designar nuevas autoridades del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral, y la tercera, si le permiten «designar un Gobierno de unión nacional».
La consulta, en la que según la mayoría de encuestas podrían participar hasta 12 millones de votantes (una cifra jamás alcanzada por partido político alguno en Venezuela), puede provocar un cisma a partir del lunes.Una nación con dos Gobiernos que podrían reconocer algunos miembros de la comunidad internacional, señaló el analista Luis Salamanca. Esto agravaría la situación del país, paralizado por protestas desde hace más de tres meses.
La tensión es extrema y la ONU llamó a las fuerzas del orden a impedir enfrentamientos hoy, pues el Gobierno también realizará un «simulacro de votación» en la Constituyente, al que está convocando a sus seguidores.
La «consulta popular» tiene carácter vinculante, según la oposición y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que citan el artículo 72 de la Constitución, pero el Gobierno señala que es ilegal. Como Ortega, que es su cara visible, el cada vez más numeroso «chavismo disidente», también respalda la legalidad de la consulta y el plebiscito en sí. Nicmer Evans, vocero de Marea Socialista, partido de la disidencia del chavismo, señaló que cree que el 85 % de la oposición y el 15% del chavismo participarán en el plebiscito, unos 9 millones de personas. El chavismo «democrático», como gusta de denominarse, comparte con la oposición el respaldo a la Constitución de 1999, promulgada por Hugo Chávez.
Los garantes del proceso son los rectores de las universidades autónomas del país y un grupo de expresidentes latinoamericanos, entre ellos Jorge Quiroga, de Bolivia; Andrés Pastrana, de Colombia; y Laura Chinchilla y Miguel Rodríguez, de Costa Rica. Rodríguez calificó la consulta de «punto de inflexión». Quiroga la caracterizó como el «hecho político más importante de América Latina en el siglo XXI», haciéndose eco de la propaganda opositora, que afirma que lo que suceda hoy es «el acto de desobediencia civil más grande de la historia de la humanidad».
El Gobierno, en tanto, juega a la carta de trabar la consulta, no solo a través del simulacro electoral, sino también de los colectivos, paramilitares y de las propias fuerzas armadas, que en diversos puntos del país han tomado los lugares donde se están instalando los «puntos soberanos», donde se votará sin presencia del Consejo Nacional Electoral.
La respuesta política a la «muerte de la República»
Cada vez más aislado internacionalmente, con un país en una crisis económica terminal y políticamente en revolución, a Nicolás Maduro se le están acabando las opciones de negociación. La «consulta popular» busca darle la estocada final, y anuncia, a partir del lunes, una agenda de la oposición en la calle con un solo objetivo: evitar la formación de la Asamblea Constituyente, que diversos actores, entre ellos la Iglesia, califican como «la muerte de la República», y su sustitución por un régimen como el cubano.
Para el analista y encuestador Luis Vicente León, «no existe duda de que la oposición es clara mayoría» y que la demostración política de hoy, aunque no competitiva, «va a ser contundente».
El chavismo, en cambio, puede aspirar a movilizar aproximadamente a dos millones y medio de votantes dentro de dos domingos, cuando se produzcan las elecciones constituyentes, una cifra que, sin embargo, le dará la capacidad de gobernar al país por decreto durante un período indeterminado y de eliminar la Asamblea Nacional, elegida hace año y medio por avalancha a favor de la oposición, hecho que detonó la «escalada autoritaria», del Gobierno según el comunicólogo y analista de origen español Marcelino Bisbal.
El Parlamento Europeo y el Senado estadounidense han anunciado que desconocerán la Constituyente. La Unión Europea difirió la posibilidad de sanciones para funcionarios venezolanos hasta que se concrete la fecha del 30 de julio. La oposición no participa en la Constituyente por considerarla fraudulenta; los gobiernos de México, Colombia y el Vaticano, entre otros, han pedido a Maduro que retire la propuesta, a lo que Maduro, por ahora, se niega.
A partir del lunes se producirá la «hora cero», según ha afirmado la oposición, para frenar la Constituyente. Esto mientras, se afirma, hay negociaciones de fondo, avaladas por la comunidad internacional (y muy especialmente por el Gobierno de Rajoy) para destrabar el juego político y permitir una transición democrática.
