Así perdimos de la noche a la mañana 100.000 euros en el Banco Popular

Una asamblea informativa de la Aemec reúne a medio centenar de accionistas minoritarios de la entidad Gijón. «Teníamos acciones desde 1998 porque creíamos que era seguro. Los ahorros de toda una vida», dice una afectada

Asamblea de accionistas del Banco Popular
Asamblea de accionistas del Banco Popular

Gijón

«Teníamos acciones desde 1998 porque creíamos que sería seguro. Eran los ahorros de toda la vida», aseguraba ayer una de las afectadas asturianas, jubilada, que asistía a la asamblea informativa organizada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) en Gijón. Junto con su marido, la mujer indicó que el dinero perdido «de la noche a la mañana» fueron 100.000 euros. «Es increíble. Hubiera valido más la pena haber comprado un piso, pero lo vimos todo muy seguro e incluso reinvertíamos los intereses que se iban generando». Su sorpresa cuando el Banco Popular se vendió por un euro simbólico al Banco Santander fue mayúscula. «El ministro de Hacienda (Cristóbal Montoro) dijo que a los contribuyentes no les había costado nada, que se había hecho por un euro y yo también soy contribuyente, llevamos toda la vida trabajando y nos han dejado a cero. Y justo ahora que es cuando podíamos disfrutar».

Ella, como otros afectados que siguen sin dar crédito al proceso que redujo a cero el valor de sus aciones el pasado 7 de junio, confía en poder recuperar algo de lo perdido. Otra gijonesa que asistió a la charla informativa indicó que en su caso había perdido 9.000 euros. «Para mí es bastante dinero. Lo típico que vas dejando hasta que de repente encuentras que al final no tienes nada», lamentó. Ella había adquirido las primeras acciones en 2002, que compró a 12 y 13 euros. El último valor, antes de desaparecer, había sido de 0,5 euros por título. «Te tiras de los pelos. No sé si soy optimista o pesimista, pero no lo veo nada claro. Al menos deberían darnos algo, aunque dejen cada título a 20 céntimos», dijo.

Estrategia judicial

Algo más de medio centenar de afectados asistían a esta asamblea, que estuvo conducida por el socio del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo Jenaro González del Yerro, que explicó que ya se han celebrado una veintena de encuentros similares por toda España para informar a los posibles afectados de las acciones legales que se llevarán a cabo para resarcir a quienes han perdido su dinero. «Estamos teniendo mucha respuesta por toda España», indicó, asegurando que al menos 1.500 afectados ya les han encomendado la defensa de sus intereses. 

Entre accionistas y obligacionistas, son más de 300.000 las personas afectadas en España con la desaparición de los títulos y la venta de la entidad después de que el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo declarase que era insolvente. «La intervención fue desproporcionada y eso es lo que vamos a discutir», dijo González de Hierro sobre la estrategia que se llevará a cabo, explicando que ya se ha solicitado el informe al Banco Central Europeo (BCE) el informe de Deloitte por el que la Junta Única de Resolución ordenó la venta del Banco Popular. Como sigue siendo secreto, el despacho tiene previsto presentar una demanda e iniciar acciones judiciales porque es «una de las claves para valorar el banco». Las demandas, en todo caso, serán siempre individuales porque en España no existe la posibilidad de las llamadas class action como en otros países.

«No vale decir que el banco tenía el valor del día anterior. La medida no fue acorde a derecho y tenemos margen para defender a los clientes», indicó González del Hierro sobre la estrategia que se llevará a cabo. También añadió que Javier Cremades, presidente del despacho de abogados y en calidad de secretario general de Aemec, va a financiar el pleito de manera que a los afectados que se sumen a su estrategia se les cobraría un porcentaje del dinero que se recupere. 

En este sentido, la firma de abogados confía en que el procedimiento se resuelva de manera favorable para los afectados debido a que se trata de «una clara violación de los derechos legítimos» de los accionistas y los obligacionistas ya que no se respetaron las garantías legales pertinentes. La AEMEC, según se explicó en la asamblea, ha establecido el plazo de un mes para tramitar las adhesiones, siendo imposible calcular cuál será la duración de todo el proceso al ser miles los accionistas afectados y varías las vías de reclamación que se llevarán a cabo.

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