Maduro empieza su «vendetta»

Encarcela a Leopoldo López y Antonio Ledezma y desaira a la comunidad internacional


CARACAS / CORRESPONSAL

Alegando incumplimiento en las condiciones de su arresto domiciliario, el Gobierno de Nicolás Maduro detuvo y trasladó de madrugada a la prisión militar de Ramo Verde, a 30 kilómetros de Caracas, a los presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledezma, una decisión que vuelve a desafiar a la comunidad internacional y que pone más presión sobre Venezuela.

López pasó a arresto domiciliario el 8 de julio, mientras Ledezma lleva más de tres años preso, entre la prisión militar y su hogar, acusado de conspiración en un proceso en el que ni siquiera habido la primera audiencia.

El alcalde metropolitano de Caracas publicó un vídeo en las redes sociales el lunes en el que llamaba a la dirección de la oposición a ser más firme contra Maduro, que el domingo consumó la convocatoria a una Asamblea Constituyente universalmente catalogada como fraudulenta.

El entorno de López, en tanto, publicó ayer un vídeo en Youtube grabado el 17 de julio, ante la eventualidad de que pudieran devolverlo a prisión. En él, el dirigente político señala que «vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca». También anuncia en ese mensaje que su esposa, Lilian Tintori, está esperando su tercer hijo. «Estamos escribiendo la historia de una Venezuela libre, democrática, en la que todos los derechos sean para todas las personas», indicó el preso de conciencia.

La semana pasada, Tintori y los dos hijos de la pareja salieron del país rumbo a Miami en previsión de violencia por la instalación de la Asamblea Constituyente. 

Cruce de acusaciones

Elías Jaua, ministro de Educación y uno de los portavoces más importantes del chavismo, fue el que anunció que López y Ledezma «violaron las condiciones de su arresto domiciliario» por hacer declaraciones políticas, pero Juan Carlos Gutiérrez, jefe de los abogados de López, lo negó. «Las únicas limitaciones eran no declarar sobre su caso y no salir de su casa», indicó. El Gobierno también alegó «peligro de fuga», algo que tanto Gutiérrez como los defensores de Ledezma (que lleva casi dos años en arresto domiciliario) rechazaron.

El regreso a prisión de López causó reacciones internacionales inmediatas, entre ellas, la del jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, que tuiteó que «la paz, la democracia y la liberación de presos políticos han de ser inquebrantables. España, con el pueblo venezolano». La Comisión Europea, a través de la portavoz del Servicio de Acción Exterior, Catherine Ray, calificó la medida del Gobierno como «un paso en la dirección equivocada», sin mencionar el caso de Ledezma.

Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó preocupación por los casos de López y Ledezma y exigió al Gobierno de Maduro «liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión».

La cancillería brasileña exigió también la «liberación inmediata» de López y Ledezma, y la presidenta chilena, Michelle Bachelet, afirmó, tras mostrar preocupación por los presos políticos, que Venezuela «merece una salida pacífica a la crisis y Chile siempre estará disponible para apoyar el diálogo democrático». Para un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., que pidió anonimato, el envío de López y Ledezma a la cárcel es «una evidencia más de que Maduro es un líder autoritario».

Disidentes chavistas se alinean con la oposición

Quizá tardíamente, cuando la existencia misma del Parlamento está amenazada por la Asamblea Nacional Constituyente, tres parlamentarios de las filas del chavismo abandonaron el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no ha concurrido en todo este año al legislativo, y formaron una nueva fracción, el Bloque Parlamentario Socialista, que otorga a la oposición dos tercios de los votos sin necesidad de recurrir a los diputados del estado Amazonas, suspendidos por una decisión provisional del Tribunal Supremo hace 19 meses. 

Los tres diputados son Ivonne Téllez, Eustoquio Contreras y Germán Ferrer, esposo de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien también está amenazada de destitución por la Constituyente y es la principal líder del chavismo disidente, que considera espuria la convocatoria realizada hace tres meses por Maduro y que se concretó en un proceso electoral que otro portavoz de este grupo, el politólogo Nicmer Evans, consideró «el fraude electoral más grande de la historia de América Latina».

Contreras indicó que su grupo «continúa defendiendo el legado de Chávez, pero que pide a la oposición «no buscar aliados internacionales para solucionar los problemas de los venezolanos».

La nueva formación política votó junto con la oposición en una moción para ignorar la Constituyente durante una sesión que contó con la presencia de los embajadores de Francia, México, el Reino Unido y España, Jesús Silva Fernández, que se desarrolló a pesar del asedio de los mismos grupos chavistas que han asaltado el Parlamento tres veces desde octubre y que amenazaron con tomar el Palacio Legislativo hoy para que se celebre allí la Asamblea Constituyente, como ha exigido Maduro.

En el resto del país, sin embargo, hay una calma contenida, rota solo en Táchira, donde colectivos paramilitares dispararon contra la Iglesia donde se realizaba el funeral de cuerpo presente de Ender Peña, cuyo padre, Rafael Peña, acusó al Comando Nacional Antisecuestro de haberlo asesinado el domingo en las protestas contra las elecciones de la Asamblea Constituyente, en San Cristóbal, Táchira, estado fronterizo con Colombia. Peña fue uno de los 16 asesinados ese día, y era capitán y promesa sub 17 del Lotería del Táchira, uno de los principales equipos de fútbol aficionados del suroeste del país.

España liderará las sanciones de la UE contra los dirigentes venezolanos

El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, contactó ayer con Federica Mogherini, alta representante para la política exterior de la Unión Europea para «activar el proceso para adoptar medidas adicionales, restrictivas, individuales y específicas», que afecten a «los responsables de la situación en Venezuela».

Las medidas, indicó el ministro de Exteriores, no serán necesariamente similares a las aplicadas por Estados Unidos, que incluyó a Nicolás Maduro como uno de los apenas cuatro mandatarios en ejercicio en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, «honor» que comparte con Kim Jong-Un, Bachar Al Asad y Robert Mugabe

Grecia y Portugal, remisos

La UE «tiene sus propios procedimientos, y aplicará sus propias sanciones», señaló Dastis, quien también indicó que se descartan sanciones que puedan afectar a la sociedad venezolana en su conjunto y agregó que mantendrá contactos con sus homólogos europeos para «asegurar que este proceso culmina con éxito». Esto incluye a dos países que, según fuentes extraoficiales, han sido remisos al establecimiento de sanciones al régimen de Maduro: Grecia y Portugal.

El pronunciamiento de Alfonso Dastis sigue a las declaraciones de Mogherini, que el lunes señaló a través de un portavoz que la Asamblea Nacional Constituyente «ha aumentado la división y deslegitimará aún más las instituciones elegidas democráticamente en Venezuela», en clara alusión a la presidencia de Maduro; y a diversos pronunciamientos de mandatarios y cancilleres europeos.

Así, por ejemplo, el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, ha afirmado en declaraciones a la cadena TG5 que «Italia no reconoce la Asamblea que quiere Maduro porque la situación está al borde de una guerra civil y una dictadura». A su vez, Boris Johnson, el ministro de Exteriores del Reino Unido (que formalmente sigue perteneciendo a la UE), instó al Gobierno venezolano a «actuar antes de que sea demasiado tarde», afirmando que «la votación para la dudosa Asamblea Constituyente ha profundizado aún más los problemas».

También Francia y Alemania han llamado a la sensatez en el país sudamericano, sumándose a las más de 40 naciones (incluida la muy neutral Suiza) que hasta el momento han rechazado la Constituyente de Maduro, que aún no ha echado a andar.

Carlos Malamud: «Es un autogolpe del Gobierno, pero no creo que estalle una guerra civil»

JAVIER CASTRO/ F. E.

«Para el régimen es vital contar con el apoyo del ejército», dice el investigador del Real Instituto Elcano

Carlos Malamud es investigador del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la UNED. Cree que la Constituyente es una suerte de «solución mágica» del régimen «para resolver la crisis económica, social y política que afecta al país».

-¿Qué diferencia a esta Constituyente de la anterior en 1999?

-La gran diferencia es que se convocó un referendo para poder celebrarla y esta vez no al igual que varía el sistema de elección de los representantes. En aquel entonces, el proyecto chavista tenía una imagen de regeneración. Chávez contaba con una figura reconocida, gozaba del control total de su partido y supo retratar la necesidad de reforma constitucional. Justo al contrario que Maduro.

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