Tras pasar los menores de 3 y 11 años a estar en manos de su padre, Francisco Arcuri, se abren todas las incógnitas sobre el futuro de ambos progenitores y sus hijos
28 ago 2017 . Actualizado a las 18:37 h.Juana Rivas, la mujer española que huyó con sus dos hijos para evitar dejarlos en manos su ex marido, Francisco Arcuri, condenado por maltrato, entregó este lunes a los menores en cumplimiento de una orden judicial. Los pequeños, junto con su madre, se encontraban en paradero desconocido desde el 26 de julio. Después de casi un mes desaparecida con los menores, Rivas compareció ante el jueza el pasado martes, siendo investigada por retención ilícita y desobediencia a la Justicia.
El mediático caso de Juana despertó un gran interés en las últimas semanas y abrió un amplio debate público entre los defensores de la mujer, que denunció haber sido golpeada por su expareja y los que apoyan a Francisco Arcuri. Éste fue condenado en el 2009 por «lesiones en el ámbito familiar» a tres meses de cárcel -que finalmente no llegó a cumplir- y una orden de alejamiento de 200 metros que se prolongaría durante un año y tres meses.
Aunque trataron de reconducir la relación, en mayo del 2016 Rivas presentaría una nueva denuncia tras huir con sus hijos a España, explicando a su marido que se trataba de unas vacaciones. Arcuri denunció a la madre de sus hijos por «un presunto delito de sustracción de menores» y tras haber huido con ellos, un jueza dictó su detención el pasado 8 de agosto.
Delito de sustracción de menores
El jueza dictaminó, finalmente, libertad provisional sin fianza para Juana Rivas. Sin embargo, la Fiscalía, que ya había pedido el ingreso en prisión por su negativa de entregar a sus hijos, ha presentado este lunes el recurso de apelación de su puesta en libertad. Fuentes del Ministerio Público han explicado que este recurso se ha formalizado puesto que consideran que el hecho de entregar a los hijos no modifica los hechos.
Además, Juana Rivas se encuentra investigada por supuestos delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores por el Juzgado de Instrución 2 de Granada. Este delito, recogido en el artículo 225 del Código Penal, consiste en que uno de los progenitores sustraiga a uno de los hijos menores de edad sin ninguna causa justificada. En este caso, el supuesto que podría condenar a Juana es el que recoge la retención de un menor incumpliendo lo establecido por una resolución judicial o administrativa. La comisión de este delito podría conllevar una pena de prisión de dos a cuatro años y también podría impedir a Juana reclamar su derecho a la custodia de sus hijos por un período de tiempo de cuatro a diez años.
Las investigaciones salpican a terceros
La lucha de esta madre ha afectado también a su entorno directo, en el que se incluye su familia, y sus dos asesoras, pertenecientes al Centro Municipal de la Mujer de Maracena ya que tendrán que declarar la próxima semana en calidad de investigadas. En el auto emitido por la jueza del Juzgado de lo penal número 2 de Granada, no sólo se obligaba a Juana a devolver a sus hijos sino que también se imputaba a su entorno más próximo. El próximo 30 de agosto están citadas la asesora jurídica del Centro, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, ante «su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores».
Un día después, el 31 de agosto, tendrán que comparecer en el citado Juzgado los familiares de «hasta el segundo grado de consanguinidad» de Juana Rivas para prestar declaración como investigados, en su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores. La jueza advirtió que tomaría «las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran».
Incógnita con respecto al futuro de los menores
Poco después de que la madre entregara a los menores en la Comandancia de la Guardia Civil, horas antes de que se cumpliera el plazo fijado por la jueza instructora, Francesco Arcuri llegó en coche a recogerlos, acompañado de su procuradora en las cortes, Paula Aranda. El padre, que ya había manifestado en distintas ocasiones su intención de volver con los niños a Italia, aprovechó la ocasión para reafirmar su postura.
Sobre las 3 de la tarde, Arcuri ha abandonado las instalaciones acompañado de los niños, de tres y once años. De momento el padre puede volver con sus hijos a Carloforte, en Cerdeña, desde donde huyó Juana Rivas en mayo del 2016. La Fiscalía ha afirmado que Italia es el país competente para dictaminar el futuro de los menores, y por ello empuja a la madre a que batalle en la justicia de este país otros aspectos como puede ser la patria potestad.
La jueza del Juzgado de Primera Instancia número tres de Granada ha acordado, como una de las medidas de protección, retirar el pasaporte e impedir la salida del territorio Schengen a los hijos de Rivas, sin autorización del padre o judicial.
Pendiente la denuncia de malos tratos
La nueva denuncia que Juana Rivas interpuso en julio del 2016 por supuestos malos tratos de Arcuri, ha sido traducida y remitida a los tribunales italianos para su investigación. Más de un año después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada remitió ayer la segunda denuncia que presentó Rivas al Ministerio de Justicia para que este la envíe a las autoridades italianas. Los asesores de la madre de Maracena evidenciaron el error de esta tardanza, ya que consideran podría haber evitado toda esta situación.
Según la abogada de Juana Rivas, si la denuncia hubiese sido tramitada y resuelta en su día, habría aportado sin duda importantes datos para resolver ahora el conflicto planteado. Sin embargo, las incógnitas sobre qué ocurrirá ahora con los menores siguen en el aire. Por tanto, ahora habrá que esperar la resolución de esta denuncia, así como del supuesto delito de sustracción de menores de Rivas.
Las manifestaciones no cesan
Tras asegurar que «no esperaban» que Juana Rivas entregara a sus hijos, representantes de varias asociaciones de mujeres han presentado hoy ante el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) una queja ante la resolución del Juzgado. En el mismo, han pedido que la mujer siga con la custodia de los pequeños y que no permitan que su padre se los lleve a Italia.
«Rechazamos en especial el papel del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía de Violencia de Género, que lejos de velar por la protección de los menores y de la mujer maltratada, ha demostrado ser insensible con las víctimas. La fiscalía ha actuado poniendo por delante el no cuestionamiento del aparato judicial, que ha demostrando la máxima crueldad que se pueda alcanzar siguiendo una una aplicación machista y patriarcal de las leyes», señalan en el escrito.
«No se ha respetado el derecho de los menores a ser escuchados, y tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones, tal como pedía la defensa de Juana, habiendo en este caso un menor maduro de once años», afirmaron. Y concluyen pidiendo «que se cierren todas las causas contra Juana Rivas y se le entregue la custodia de su hijo e hija».