Se querella contra el presidente y todo el Govern por desobediencia, prevaricación y malversación y pide que se fijen las fianzas, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije
08 sep 2017 . Actualizado a las 19:33 h.La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación, delito éste que implica penas de prisión, por entender que hicieron un «uso ilegal de fondos públicos» con el referendo. La querella, anunciada por el fiscal general del Estado y formalizada este vienres, se presenta por la convocatoria del referendo del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya ha suspendido de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno.
La Fiscalía solicita que se reciba «declaración en calidad de investigados» a todos los miembros del Govern por estos tres delitos. En la querella, la Fiscalía justifica la inclusión del delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el Govern pone en marcha un procedimiento, el referendo, «que va a generar un importante gasto público». «Impulsar la celebración del referendo supone consumar el despojo de fondos públicos», sostiene la querella, redactada por el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada.
«Los miembros del Govern no pueden desconocer que su decisión de convocar el referendo de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos», señala la querella, que recuerda que la propia ley de los presupuestos de la Generalitat de este año ya preveía habilitar partidas para sufragar este referendo.
«Con su actuación, los querellados posibilitan la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de la inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional», añade. En cuanto al delito de prevaricación, la Fiscalía Superior de Cataluña también acusa al Govern de pretender la «abierta y deliberada derogación» de la Constitución con la convocatoria de este referendo.
En la querella la Fiscalía pide al TSJC que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes «para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados», incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije.
La querella asegura que los decretos que desarrollan la ley del referendo otorgan al pueblo de Cataluña «una supuesta cualidad de sujeto político soberano de la que carece en el ordenamiento constitucional vigente», pretendiendo así «dinamitar el sistema de distribución de competencias» establecido en la Constitución. «Los querellados aprobaron un decreto de convocatoria de referendo utilizando la coartada de que estaba amparado por la denominada ley de referendo de autodeterminación, con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaban un procedimiento ilegítimo», considera el fiscal.
Respecto al delito de desobediencia, el fiscal recuerda que los miembros del gobierno catalán han sido «especialmente advertidos» del deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional».
Se recuerda que no recibieron esa advertencia formal los consellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Clara Ponsatí, nombrados recientemente, pero que «conocían perfectamente que el TC había prohibido realizar actos tendentes a organizar el referendo ilegal». En la querella, de 45 páginas, el fiscal también subraya los «abundantes pronunciamientos del Tribunal Constitucional» respecto a la falta de competencias de Cataluña para convocar un referendo, algo «de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública dentro del Gobierno o del Parlamento catalán», apostilla.
Pide cerrar las webs del referendo
La Fiscalía ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referendo de independencia. También ha reclamado que se aperciba a los alcaldes para que impidan que se facilite cualquier tipo de recurso o local para el referendo y que se inste a todas las Fuerzas de Seguridad (Guardia Civil, Policía y Mossos) a que adopten las medidas necesarias para impedir el 1-O. Asimismo, quiere que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el referendo.
El Ministerio Público solicita esas medidas para evitar la celebración del referendo, dado que «parece obvio que la progresión de la conducta de los querellados no deja lugar a dudas sobre la verdadera intención de que se celebre un referendo que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional». Por ello, solicita el cese de actividad de las webs garanties.cat y https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum207 desde las que se impulsa y da «apariencia de cobertura legal y normalidad» al referendo y añade que esa medida cautelar se adopte para cualquier otro medio de comunicación, web o red social que realice la misma actividad.
Si el prestador de servicios está radicado fuera de España, se requerirá a los prestadores de servicios de intermediación que se impida acceder a esas webs desde España. En cuanto a los medios de comunicación, solicita que se envíe un oficio a los directores de todos los que tengan sede en Cataluña, ya sean escritos o audiovisuales, públicos o privados, apercibimientos legales para que impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el 1-O.
Algo parecido reclama para los alcaldes, en este caso con la petición de que no faciliten medios humanos y materiales, incluyendo locales, para ese objetivo. Otra de las medidas solicitadas es el aseguramiento de que los querellados aseguren las responsabilidades pecuniarias en las que puedan incurrir, incluyendo la exigencia de fianzas «y, en su caso, el embargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije». En la querella, se recalca que se ha iniciado un procedimiento que implica un «importante gasto público» y el uso ilegal de fondos públicos.
En cuanto a las Fuerzas de Seguridad, en la línea de la instrucción dada por el fiscal general del Estado a los fiscales de Cataluña, solicita que se reclame a la Guardia Civil, Policía y Mossos las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referendo ilegal.
Para ello, deberán intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin, como urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos o elementos informáticos. Con ese fin, pide que, si es necesaria, se acuerde la pertinente orden de entrada y registro en domicilios y otros lugares que requieran autorización judicial.
Querella contra Forcadell por su contumaz deseo de incumplir la ley
La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado contra la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir a trámite la ley del referendo por «su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales». En la querella presentada hoy ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía les achaca delitos de «desobediencia grave cometida por autoridad pública», de prevaricación y malversación. «La conducta de Carme Forcadell como presidenta del Parlament junto con el resto de los miembros de la Mesa querellados (...) evidencian su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales», afirma el escrito.
La Fiscalía pide que se tome declaración a Forcadell y a los otros cuatro querellados en calidad de investigados y también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra y a su secretario segundo, David Pérez.
Maza ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía intervenir las urnas
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó este jueves un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referendo interviniendo si es necesario «los efectos del delito», en referencia a las urnas, y elaborando el correspondiente atestado ante «cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares».
Así se señala en el escrito remitido por Maza tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió anoche la ley de referendo y la convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre.