El BOE ya ha publicado la admisión a trámite por parte del TC de los recursos del Gobierno por lo que la convocatoria del referendo queda oficialmente suspendida
08 sep 2017 . Actualizado a las 16:20 h.Como era previsible, el Gobierno ha impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de transitoriedad aprobada este jueves a última hora en el Parlamento catalán, con la que se pretende generar «un ordenamiento jurídico» que regule cualquier escenario que pueda presentarse entre el espacio de tiempo que se generaría desde la hipotética victoria del independentismo en el referendo ilegal del 1 de octubre y la celebración de las elecciones constituyentes en Cataluña que acarrearía este supuesto triunfo en las urnas. Además de este recurso, también se cursará otro para detener el intento del Gobierno autonómico de transformar la Agencia Tributaria catalana en «una Hacienda propia».
Así lo confirmó el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, quien compareció este viernes en Moncloa para informar sobre las decisiones tomadas en el consejo de ministros, en el que de nuevo el desafío secesionista acaparó casi todas las atenciones.
Méndez de Vigo intentó no entrar en muchas valoraciones, pero sí mostró la sorpresa del Ejecutivo porque la llamada ley de transitoriedad «no recoja el derecho a decidir». «Parece que a nivel de esa futura constitución de Cataluña no hay ni una palabra sobre eso», ironizó. «La sesión parlamentaria dejó sin voz a la mitad de la cámara. Estamos en un punto álgido del desafío a la democracia, a la Constitución y al Estatuto», aseguró el ministro de Educación y Cultura, que insistió en la obligación del Gobierno de «cumplir y hacer cumplir las leyes garantizando los derechos de todos los ciudadanos, y no solo de una minoría».
Méndez de Vigo puso en valor la «proporcionalidad y la moderación» de las respuestas del Gobierno ante el desafío de los independentistas, para «no contribuir a la confrontación», aunque también declaró que están actuando con firmeza. El ministro repitió las palabras de ayer de Rajoy: «Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo».
Durante su discurso volvió a destacarel respaldo que está recibiendo el Ejecutivo por parte del PSOE y Ciudadanos, a los que agradeció públicamente su apoyo, así como a la comunidad internacional, que a lo largo de todo este tiempo viene mostrando su rechazo al proceso soberanista en Cataluña.
El portavoz no ocultó cierta preocupación en el Gobierno por «el sesgo autoritario» que está tomando la situación, al denunciar que «una minoría radical» es la que maneja las riendas del Gobierno catalán. «La CUP ha impuesto la agenda, y son personas con las que no es posible hablar. Solo quieren romper la convivencia», lamentó.
La convocatoria del referendo, oficialmente suspendida
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos del Gobierno contra la convocatoria del referendo en Cataluña y otras medidas del Parlament para su desarrollo, con lo que han quedado oficialmente suspendidas.
Se han publicado cuatro textos con la admisión a trámite de las impugnaciones del Gobierno a los dos decretos de la Generalitat de convocatoria del referendo y de normas complementarias para su celebración, así como a la ley del Parlament de referendo de autodeterminación y a la resolución por la que se designaron los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña.
La suspensión inmediata de las normas impugnadas se produce al haber invocado el Gobierno al artículo 161.2 de la Constitución que se refiere a esa suspensión automática y que da un plazo de cinco meses al tribunal para ratificarla o levantarla.
El BOE detalla las personas a las que, a instancias del Ejecutivo, se notificará esta suspensión.
Además, se incluye un párrafo de advertencia del deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.
En particular, en el caso del decreto de convocatoria, se les advierte que se abstengan de «iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el Decreto objeto de la presente impugnación, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento».
