Rajoy no renuncia a nada para parar el golpe secesionista en Cataluña

El Constitucional suspende la convocatoria del ilegal referendo de independencia tras el recurso del Gobierno y el presidente advierte a los secesionistas que «no liquiden sus instituciones»

Rajoy: «No habrá referendo en Cataluña» El Gobierno pide al Constitucional que anule la ley de la consulta y la convocatoria del 1-O

MAdrid / La Voz

«Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo». Mariano Rajoy está dispuesto a impedir a toda costa que el próximo 1 de octubre se repita la imagen del 9 de noviembre del 2014, cuando, pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, se acabó celebrando una consulta ilegal en Cataluña. La advertencia lanzada por el presidente del Gobierno, quizá la más firme desde que comenzó el desafío independentista, llegó después de que el Ejecutivo pusiera en marcha todo el poder del Estado para frenar en los tribunales la escalada de medidas contrarias a la ley aprobadas en el Parlamento catalán. El Tribunal Constitucional, reunido con carácter de urgencia, admitió a trámite los cuatro recursos presentados ayer mismo por el Gobierno contra la ley de referendo, el decreto de convocatoria de la consulta, las normas complementarias para organizarla y el acuerdo del Parlamento catalán que nombra una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central, lo que supone la suspensión cautelar inmediata de esas medidas.

Sin inhabilitaciones

El alto tribunal no decretó, sin embargo, la inhabilitación del presidente catalán, Carles Puigdemont, ni de ningún otro miembro del Gobierno autonómico, como tampoco la de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, al admitir a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno por la tramitación de la ley de referendo en la Cámara autonómica. Lo cierto es que el Gobierno no había solicitado la inhabilitación en ninguno de los dos casos, consciente de que el Constitucional no está de momento por la labor de asumir la decisión de privar de sus cargos a las autoridades de Cataluña. Previamente, el tribunal rechazó de plano la recusación que Forcadell había presentado contra todos sus miembros, ya que estos la consideraron «impertinente y abusiva».

El Constitucional también acordó, tal y como le había solicitado el Gobierno, apercibir a los 947 alcaldes de Cataluña y a 62 altos cargos de la Generalitat, incluidos los directores de medios de comunicación públicos, de las «consecuencias penales» de desobedecer la prohibición de colaborar en la celebración del referendo ilegal.

La disputa llega a los ayuntamientos

La Guardia Civil registra el coche de los trabajadores de una imprenta en la que, sospecha, se imprime material de votación
La Guardia Civil registra el coche de los trabajadores de una imprenta en la que, sospecha, se imprime material de votación

La Generalitat les da 48 horas para que decidan si colaboran, el Gobierno les advierte que sería ilegal y Ada Colau aún duda si cederá locales para la consulta ilegal

Una vez convocado el referendo ilegal del 1-O, y ante la disposición de los independentistas a desobedecer las suspensiones que dicte el Tribunal Constitucional, el siguiente paso en el pulso que mantienen el Gobierno y la Generalitat será el de la colaboración de los 947 ayuntamientos en la infraestructura necesaria para la celebración de la consulta. Por ello, uno de los primeros actos del Gobierno de Puigdemont fue escribir a todas las corporaciones municipales para que les indiquen, en un plazo de 48 horas, qué locales están dispuestos a ceder para convertirlos en colegios electorales. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar.

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Antes de presentar sus recursos, el Gobierno recibió el informe favorable del Consejo de Estado sobre la impugnación de la ley de referendo, que este órgano tachó de ilegal «en grado máximo», y de los decretos para ponerla en marcha. Para dar la mayor solemnidad a su comparecencia, Rajoy intervino en la Moncloa acompañado de todos los ministros, salvo el de Exteriores, en viaje oficial, y advirtió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que si persiste en su «escalada de ilegalidad, crispación y autoritarismo» estará poniendo en riesgo la propia autonomía de Cataluña. «No liquiden sus instituciones», añadió, en una clara advertencia de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

«No avancen hacia el precipicio»

«No sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional y no menosprecien la fuerza de la democracia española. El Estado de derecho no se va a plegar a sus bravatas», insistió Rajoy, quien pidió a los ciudadanos y funcionarios catalanes que «estén tranquilos» porque «nadie les puede obligar a hacer nada ilegal» y porque la misma ley que están obligados a cumplir es la que los va a proteger. Rajoy recordó su invitación a Puigdemont a presentar su proyecto en el Congreso y señaló que la Constitución «se puede modificar, pero solo a través de las reglas y procedimientos precisos para ello, nunca mediante la desobediencia y la imposición antidemocrática e ilegal».

«España no es una democracia»

Queriendo mostrar la unidad de las fuerzas constitucionalistas, agradeció al PSOE y a Ciudadanos, con cuyos líderes se entrevistó ayer, su apoyo a las medidas que tome el Gobierno, y ensalzó a los funcionarios del Parlamento catalán que se negaron a suscribir las decisiones ilegales de la mayoría independentista.

«Soy muy consciente de lo que está en juego, sé lo que se espera de mí; no he dedicado tantos años a mi país como para permitir ahora que se rompa nuestro modelo de convivencia; no renunciaré a nada para evitarlo, vamos a demostrar que la democracia se defiende de los enemigos de la convivencia», concluyó.

Pero, ignorando todas las advertencias, los independentistas prosiguieron su desafío aprobando en la Cámara autonómica, en otro tenso pleno, la ley de transitoriedad, que fija el marco legal que se impondría en Cataluña tras la independencia, lo que motivará un nuevo recurso del Gobierno. Tras conocer la suspensión del referendo, Puigdemont aseguró que España «no es un régimen democrático» y que «ningún consejo de ministros, ningún tribunal, ni ningún órgano desprestigiado suspenderán la democracia en Cataluña».

Trapero y el director de los Mossos, entre el millar de advertidos

Atendiendo la petición del Gobierno en sus recursos, el Tribunal Constitucional decidió comunicar personalmente la prohibición del referendo ilegal a un millar de personas, entre las que figuran el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el director general de la policía autonómica, Pere Soler i Campins. Les advierte de la obligación de evitar todos los actos conducentes a la organización de una consulta ilegal. Entre los notificados figuran el Gobierno y la Mesa del Parlamento catalanes, medio centenar de altos cargos y todos los alcaldes de Cataluña.

El fiscal general amenaza con prisión por el referendo

Se querella contra todo el Gobierno catalán, Forcadell y cuatro miembros de la Mesa de la Cámara

M. B.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya garantizó el pasado martes que daría una respuesta «firme» en la defensa «de una patria común e indivisible», según proclama el título preliminar de la Constitución. Su aviso tardó solo 48 horas en consumarse. Rodeado de los principales cargos del ministerio público, Maza anunció ayer en una intervención sin preguntas una batería de actuaciones para frenar la aprobación de la ley del referendo y el decreto de convocatoria de la consulta ilegal del 1 de octubre. En primer lugar comentó la presentación de una querella criminal por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña contra los miembros de la Mesa del Parlamento que tramitaron la citada norma. Son cinco de los siete diputados que componen este órgano. Entre ellos están la presidenta, Carme Forcadell, tres de Junts pel Sí y uno de Catalunya Sí que es Pot (coalición en la que se integra Podemos). Fuentes fiscales ya habían comentado el miércoles la presentación de esta querella, que se sumaría a otra que ya investiga el Tribunal Superior de Cataluña contra estos mismos aforados. Se trata de una causa abierta por los delitos de desobediencia y prevaricación por incumplir las resoluciones y el mandato del Tribunal Constitucional. Unas circunstancias similares a las que acabaron en las condenas de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas, el exdiputado Francesc Homs y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega.

En segundo lugar, el fiscal general anunció otra querella contra todos los miembros del Gobierno catalán, 14 en total con el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, por la firma del decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre, rubricada por todo el Ejecutivo autonómico. Dicha querella la presentará la Fiscalía catalana y será también el Tribunal Superior de Justicia el la investigue, al tratarse de actuaciones penales dirigidas contra aforados autonómicos. Los antecedentes hacen pensar en posibles inhabilitaciones.

El fiscal general considera que los preparativos del referendo ilegal pueden ser constitutivos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, un tipo que acarrea penas de entre dos y ocho años de prisión según la cuantía defraudada (250.000 euros). El Supremo, en la condena a Homs, ya sugirió que se podría haber aplicado este delito y la Fiscalía le ha tomado ahora la palabra en un claro aviso a las autoridades civiles y funcionarios.

Hacienda revela que Madrid aporta el doble que Cataluña a las balanzas territoriales

El desequilibrio entre ingresos fiscales aportados y gasto público recibido se ha acentuado en la comunidad gobernada por Puigdemont

Justo un día después de que el Parlamento de Cataluña diera luz verde a la consulta ilegal, el Ministerio de Hacienda hizo públicos los datos de las controvertidas balanzas fiscales, un complejo estudio que, en síntesis, viene a medir lo que aportan y reciben del Estado las diferentes comunidades. Casualidad o no, ese documento es fuente de controversia política, aunque el departamento de Cristóbal Montoro defiende que se trata de un ejercicio de máxima transparencia.

La conclusión del documento es que solo cuatro comunidades aportan más de lo que reciben. Ya viene siendo así desde que se publican esas balanzas. Y de nuevo Madrid supera, y por mucho, a Cataluña. Esta última registró un déficit de 9.892 millones de euros en su balanza fiscal del 2014, que es el año analizado por los tres economistas que redactan estos informes, detallando la distribución territorial de los ingresos y los gastos de las Administraciones públicas. Cataluña aportó unos ingresos fiscales al Estado de 10.044 millones de euros más que el promedio nacional, e hizo un gasto de 152 millones mayor que la media; de ahí ese déficit fiscal de 9.892 millones. El 5 % de su PIB.

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