El Tribunal Constitucional deja en suspenso la ley de ruptura y el código tributario de Cataluña
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Ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno
12 sep 2017 . Actualizado a las 20:41 h.El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley de ruptura de Cataluña, que regula un régimen transitorio hasta la aprobación de una eventual Constitución de la República catalana, han informado a Europa Press fuentes de este órgano. La mera admisión del recurso conlleva la suspensión de la vigencia de esta norma durante al menos cinco meses.
Los magistrados habían incluido también en su orden del día de este martes el recurso del Gobierno central contra la ley del código tributario con la que la Generalitat pretende crear una Hacienda propia, que ha sido igualmente admitido y por tanto ha quedado igualmente en suspenso.
El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado jueves por la noche la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república catalana con la que JxSí y la CUP quieren consumar la ruptura de Cataluña del resto de España si gana el «sí» en el referendo del 1 de octubre.
La aprobación se llevó a cabo pese a que el Tribunal Constitucional (TC) había acordado poco antes la suspensión de la ley de referendo, de los decretos de convocatoria y organización de la consulta de autodeterminación para el próximo 1 de octubre y otro acuerdo del Parlamento de Cataluña sobre el nombramiento de una Sindicatura que pretende ejercer de Junta Electoral.
En su recurso contra la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República de Cataluña, el Ejecutivo señalaba que ésta constituye, junto con la ley del referendo de autodeterminación, «la mayor afrenta y amenaza a la destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en el año 1978».
La Abogacía del Estado solicitaba expresamente la suspensión cautelar de la vigencia de esta norma y que se informara de ello personalmente tanto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como al resto de miembros del Gobierno; a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa; también a los miembros de la Sindicatura Electoral, apercibiéndoles de que no pueden dictar ningún acuerdo dirigido a ejecutar las previsiones de los 89 artículos de la ley.
Las claves de la Ley de Ruptura
La Ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana. En el periodo transitorio seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que «no contradigan» la ley catalana de transitoriedad jurídica y se podrían recuperar todas aquellas normas catalanas que ya haya suspendido el Tribunal Constitucional (TC) y volverles a dar rango legal.
Contempla igualmente que el presidente de la Generalitat sea automáticamente jefe del Estado y que Cataluña asuma el control de las fronteras y aduanas, además de expulsar al Ejército hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio.
Con respecto a los empleados públicos del Estado que prestan servicios en Cataluña se integrarán automáticamente en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, manteniendo sueldo y condiciones.
Prevé también que tendrá la nacionalidad catalana quien tenga la española y esté empadronado en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. Además, todo catalán mantendría la nacionalidad española, aunque puede pedir renunciar a ella.
Respecto a la Justicia, la ley de ruptura crea un ordenamiento jurídico, aunque manteniendo las plazas de los actuales jueces, magistrados, fiscales y letrados. Uno de los cambios más sustanciales es la sustitución del TC por Sala de Garanties y del TS por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Además, el presidente del Supremo catalán sería nombrado por el Gobierno catalán y el fiscal general por el Parlament.Igualmente, la norma contempla la amnistía a condenados por el proceso soberanista y que la Generalitat sea la única autoridad tributaria en Cataluña.
