El amago de Puigdemont de llamar a las urnas abre grietas entre PSOE y PP

El Gobierno dice que no bastaría para paralizar el 155 y exige una rectificación total


Madrid / La Voz

El Gobierno está convencido de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, planea convocar elecciones en Cataluña, pero sin renunciar a su objetivo de declarar la independencia. Y considera que el anuncio de que está dispuesto a comparecer en el Senado antes de que se apruebe la aplicación del artículo 155 de la Constitución es solo una estratagema para ganar tiempo con otra declaración ambigua en la que no quede claro si la llamada a las urnas supone o no renunciar a la declaración unilateral de independencia.

En previsión de que esa sea la estrategia, el Gobierno se puso ayer en guardia para abortarla y anunció que, llegados a este punto, para suspender las medidas previstas no bastará con que Puigdemont convoque elecciones de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) y sin denominarlas constituyentes, sino que será necesaria una rectificación total en la que deje claro que renuncia a la independencia unilateral y asuma la anulación de todas las leyes aprobadas los pasados días 6 y 7 de septiembre por el Parlamento catalán, que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

«Darle la vuelta a la tortilla»

En palabras del vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, Puigdemont tendría que «darle la vuelta a la tortilla de todo lo que ha hecho y dicho en los últimos meses». Una rectificación de tal calibre que parece difícil que pueda ser asumida, ya que, además, el Gobierno exige que esa vuelta atrás sea refrendada por el Parlamento catalán, en donde serían necesarios los votos de la CUP, que ayer confirmó que las elecciones están sobre la mesa de Puigdemont y adelantó que en ningún caso apoyará esa hoja de ruta. Aun así, la mera sospecha de que el presidente catalán pueda estar pensando en convocar elecciones para evitar su destitución ha abierto grietas en el bloque independentista.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó el martes que «un nuevo escenario político podrá ayudar a resolver los problemas», pero que en este momento «el incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones». Frente a la posición del Gobierno, que no deja espacio alguno a Puigdemont, el PSOE consideraría suficiente que este convocara unos comicios en el marco de la Loreg y rechazando la declaración de independencia para paralizar todo el proceso de aplicación del artículo 155. «Si hay una convocatoria de elecciones dentro del marco constitucional de la legalidad, con rechazo absoluto a la declaración unilateral de independencia, no sería necesaria la aplicación del 155», señaló la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles. Y también la número dos del PSOE, Adriana Lastra, indicó que si Puigdemont convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley «no hay base jurídica» para aplicar el artículo 155.

Ciudadanos es aún más exigente

En realidad, el Gobierno tuvo en cuenta esa posibilidad desde el primer momento. El pasado sábado, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó a La Voz de Galicia, inmediatamente después de que Rajoy aprobara la puesta en marcha del artículo 155, que no bastaría con que Puigdemont convocara elecciones, porque sigue sin contestar al primer requerimiento de que aclare si declaró la independencia ni al segundo para que vuelva a la legalidad. Tanto Rajoy como la vicepresidenta dejaron claro que la paralización del proceso no está ya en manos del Gobierno, sino del Senado, y solo una negativa a aceptar su solicitud lo abortaría. Pero el PSOE hace otra interpretación y asegura que su postura recoge literalmente lo que se aprobó en el Consejo de Ministros.

La posición de Ciudadanos es aún más exigente que la del PP para aceptar unas elecciones. Su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, señaló que los comicios deben celebrarse sin «coacción», con todas las fuerzas de seguridad del Estado siendo «leales» a la ley, con unos medios de comunicación públicos «neutrales» y en un ambiente «democrático y libre». Algo que «no coincide con nada de lo que jamás ha dicho Puigdemont hasta ayer mismo». «Ojalá lo hiciera, ojalá se convirtiera en una persona que observa la ley, pero lo dudo mucho», concluyó.

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