Sáenz de Santamaría recrimina a Puigdemont no hacer «nada relevante» para frenar el 155

La vicepresidenta del Gobierno asegura que el Gobierno catalán ha demostrado que no está dispuesto a dialogar y subraya que deben «rescatar» a Cataluña

Sáenz de Santamaría: «Es nuestra obligación legal aplicar el artículo 155» La vicepresidenta del Gobierno, ha subrayado hoy que las medidas acordadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución tienen como objetivo respetar los derechos de la gente y recuperar la concordia en Cataluña.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recriminado este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desde que el pasado sábado el Ejecutivo aprobó el artículo 155 de la Constitución, no haya pasado «nada relevante», salvo «ruido». Tras afirmar que el Govern ha demostrado no estar dispuesto a dialogar, ha recalcado que tienen obligación de «rescatar» a Cataluña.

En su comparecencia en la comisión conjunta del Senado sobre el 155, Sáenz de Santamaría ha lamentado que este jueves ni siquiera Puigdemont haya acudido a la Cámara Alta para exponer su tesis, a pesar de que se le han dado «facilidades», de la misma manera que previamente tampoco respondió al requerimiento del Gobierno, «dejando pasar todas las oportunidades».

«Y desde el pasado sábado que remitimos este acuerdo al Senado, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido, solo ruido, y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo», ha proclamado la vicepresidenta, que ha estado arropada por casi todos los ministros.

Cumplimos con una obligación legal y política

Sáenz de Santamaría ha afirmado que las medidas del acuerdo responden a la «necesidad política del momento» y se toman con «proporcionalidad y gradualidad». Es más, ha subrayado que este procedimiento no se ha planteado como «el principio de un nuevo centralismo político» y ha dicho que se debe a la «reiterada desobediencia a la ley, al interés general y al uso del autogobierno».

Tras asegurar que se trata de «proteger» el autogobierno de Cataluña frente al «desgobierno», ha señalado que las razones para aplicar el 155 son «fundamentalmente» recuperar la ley, garantizar el ejercicio del autogobierno en Cataluña y proteger el interés general de España. «Cumplimos con una obligación legal, democrática y política», ha aseverado.

En este sentido, ha explicado que la primera responsabilidad de cualquier gobierno democrático es «respetar y hacer respetar las leyes». «Y en este caso no hablamos de una ley cualquiera, sino de la Constitución y el Estatuto», ha manifestado, para acusar a los nacionalistas de haberlas puesto en «entredicho».

Sáenz de Santamaría ha indicado que el Gobierno catalán ha puesto las instituciones al «dictado exclusivo del independentismo». «Y cumplimos con una obligación política porque quienes compartimos el modelo constitucional sabemos que el viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, volver a la legalidad», ha apostillado.

Una «nueva etapa» ante la «irresponsabilidad» de Puigdemont

Por eso, Sáenz de Santamaría ha dicho que remiten este acuerdo sobre el 155 a la Cámara para «volver a una nueva etapa» en la que se preserven los derechos de los ciudadanos y se recupere la concordia en Cataluña ante el ejercicio de «enorme irresponsabilidad política» de las autoridades catalanas.

Sáenz de Santamaría ha criticado que la hoja de ruta independentista fuera la vía elegida por el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas ante la situación económica, «a pesar de que tenía para resolverla el apoyo del Gobierno de España». «Artur Mas decidió sacrificar la convivencia en Cataluña y, en lugar de asumir su responsabilidad, decidió culpar de todos los males de Cataluña al conjunto de los españoles y adelantar las elecciones dos veces. Lo único que logró fue perder apoyos», ha relatado.

Según ha señalado, en el 2015 fueron la CUP y Puigdemont «los únicos que ganaron» los comicios, y volvieron a poner en marcha «la dinámica del referéndum sí o sí, contra las leyes y contra la inmensa mayoría de los catalanes». A su juicio, se trató de un «contrasentido», a «contracorriente» y a «contrarreloj». «Y y a partir de ahí no se pudo hablar de nada más», se ha quejado.

De hecho, la vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno «trabajo mucho» en el documento que Puigdemont entregó en abril del año pasado con 46 puntos pero el Gobierno catalán «no estaba dispuesto a dialogar». «El diálogo se conjuga en gerundio, hablando. No le han faltado oportunidades y lo que han hecho ha sido faltar a cada una de las citas», ha lamentado.

«Rescatar» Cataluña

Santamaría ha denunciado que los independentistas, en su empeño por construir una Cataluña «nueva», han «echado por tierra la mejor Cataluña» dinámica y emprendedora que ha sido «orgullo» de todos. «No podemos olvidar esa Cataluña, tenemos que rescatarla, por mucho que algunos intenten imponer una fuera de la ley», ha exclamado.

Es más, ha dicho que en este momento los gobernantes de Cataluña no atienden las decisiones de los tribunales, niegan la voz y la palabra a los que no piensan como ellos y le han «perdido el respeto» a los ciudadanos. Y ha resaltado que esa Cataluña que dejan los secesionistas muestra su «verdadera cara» porque se han «roto las ensoñaciones» y, detrás «de la propaganda y las pancartas», ya «solo quedan los engaños».

Como prueba de ello ha destacado que 1.502 empresas han trasladado ya sus domicilios fiscales y de las siete empresas del Ibex que había en esta comunidad, solo queda una. También ha dicho que el turismo ha caído «drásticamente» y la «sombra de la desaceleración, si no de la recesión, amenaza la economía catalana».

«En contra de sus ofertas y promesas, no han traído la tierra prometida», ha afirmado, para añadir que las tesis independentistas no han logrado el reconocimiento ni el respaldo de «ningún país serio» ni «ningún encaje en el derecho internacional». De hecho, ha destacado que en Europa solo han «comprado» el relato de la independencia «radicales de todo signo y condición» que quieren «utilizarlo contra la UE».

Un mecanismo excepcional pero «legítimo y democrático»

Aunque ha admitido que el 155 se concibió como «un mecanismo excepcional», la también ministra de la Presidencia ha recalcado que es tan «legítimo y democrático» como todo el título VIII. Y ha subrayado que no es exclusivo de España sino una previsión común en estado como Austria, Italia, Portugal o Alemania.

«Pedimos autorización al Senado para trabajar por la normalidad, por la tolerancia, por la buena convivencia, por la concordia y por la democracia. Para que todos los catalanes, independientemente de como piensen y opinen, puedan volver a sentirse unidos entre ellos y después con todos los españoles», ha concluido.

«El 155 es la castración del Parlament»

El discurso de la vicepresidenta ha encontrado rápida respuesta por parte de los partidos que conforman la oposición. El portavoz de Unidos Podemos en la comisión del Senado, Oscar Guardingo, ha mostrado su rechazo a las medidas propuestas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, suponen, a su juicio, la «castración» de las funciones del Parlament. Ha admitido que los pasados días 6 y 7 en el Parlament de Cataluña no se respetaron los derechos de las minorías, pero ha añadido que el trámite del 155 en el Senado se «parece muchísimo» a lo ocurrido allí, porque no se han ofrecido suficientes garantías de participación a los grupos de la oposición ni a los senadores de designación autonómica.

Por su parte, el PNV ha mostrado la «contundente negativa» del Grupo Vasco a la aplicación del 155 y ha calificado de «desproporción» el conjunto de medidas enunciadas por el Gobierno el pasado sábado tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Y dirigiéndose directamente a la vicepresidenta del Gobierno le ha dicho que abandone la vía del 155 y apueste por «la búsqueda del acuerdo con la Generalitat.

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