Puigdemont instaura el caos en Cataluña

Renuncia a convocar elecciones y deja en manos del Parlamento autonómico una posible proclamación de independencia, mientras el Gobierno se dispone a aplicar este viernes el artículo 155


Madrid / La Voz

Ni declaración unilateral de independencia ni convocatoria de elecciones. En una jornada caótica, el presidente catalán, Carles Puigdemont, desoyó este jueves la oferta del Gobierno de volver a la legalidad para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, las voces de sectores de su propio partido, e incluso de su Gobierno, que le pedían que convocara elecciones, y también las que desde la CUP y desde el sector más radical de ERC le reclamaban que declarara la independencia. En lugar de ello, y después de amagar primero con proclamar la república catalana y luego con llamar a las urnas, Puigdemont se inhibió finalmente y trasladó al Parlamento catalán la responsabilidad de responder este viernes a la aplicación del artículo 155 con una posible declaración de independencia.

Fallida mediación de Urkullu

Como resultado de esa negativa a aceptar las condiciones impuestas por el Ejecutivo para evitar las medidas coercitivas previstas, el Gobierno se dispone a aplicar a partir de este viernes, una vez que reciba la preceptiva autorización definitiva del Senado, el artículo 155 de la Constitución que supondrá la destitución del propio Puigdemont y de todo su Gobierno, la intervención del orden público y de la economía de Cataluña, el control de los medios de comunicación públicos catalanes y la convocatoria de unas elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses.

Presionado por su propio partido, el presidente catalán llegó a filtrar por la mañana su decisión de convocar unas elecciones autonómicas sin declarar la independencia de Cataluña. Una decisión que el lendakari Iñigo Urkullu, que actuó como mediador, había trasladado al Gobierno. Sin embargo, Puigdemont exigía a cambio que el Ejecutivo renunciara a aplicar el artículo 155; que se le dieran a él y a todo su Gobierno garantías de que no serían encausados por la Justicia; la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados por un presunto delito de sedición y salida de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Cataluña.

Unas condiciones que no fueron aceptadas por el Gobierno, que respondió que no se necesitan «garantías» para convocar elecciones, lo que provocó que Puigdemont, que para entonces se había ganado ya los reproches de la CUP y de ERC, que le amenazó con salir del Gobierno catalán, diera un nuevo giro, renunciara a llamar las urnas y pusiera el futuro de Cataluña en manos del Parlamento autonómico. Evitaba así asumir en solitario la proclamación de la independencia, lo que podría haberle costado una acusación por rebelión penada hasta con 30 años de cárcel.

«El 155 que aprobará el Senado es una aplicación fuera de la ley y abusiva», afirmó Puigdemont al filo de las cinco de la tarde, asumiendo así que el Gobierno no daría marcha atrás. Justificó su negativa a llamar a las urnas diciendo que «no hay ninguna garantía que justifique este viernes la convocatoria de elecciones ni de parar la represión».

Ante ello, el Gobierno siguió adelante con el guion previsto y puso en marcha el trámite previsto en el Senado para aprobar las medidas propuestas para reinstaurar el orden constitucional en Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió en la Cámara Alta que el Ejecutivo tiene la «obligación» de «respetar y hacer respetar las leyes». Culpó a Puigdemont de rechazar todas ofertas de diálogo que se le han hecho y explicó que el objetivo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución es «abrir una nueva etapa» en la que la Constitución se respete en Cataluña.

La crisis catalana disparará el déficit de España más de 5.000 millones

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El rumor de una posible convocatoria de elecciones hizo una montaña rusa de la bolsa, que ganó casi dos puntos

Despejar el polvorín en el que se ha convertido la situación política de Cataluña es urgente. Las voces que alertan de los dramáticos efectos que supondría para la economía española que el conflicto secesionista se enquistase, prolongándose en el tiempo, no dejan de multiplicarse. El martes fue la patronal catalana quien pidió cerrar con celeridad la «vía de agua» y este jueves le tocó el turno a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que alertó de que si el conflicto independentista persiste el próximo año el incumplimiento del objetivo de déficit público estará asegurado, con un desvío estimado de hasta 5.500 millones de euros, equivalente a cinco décimas del PIB, ya que, en lugar del límite del 2,2 % comprometido por el Gobierno con Bruselas, el 2018 cerraría con un desfase del 2,7 %.

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Mayoría secesionista en riesgo

Pero, en paralelo a la decisión definitiva que tome este viernes el Senado, el Parlamento catalán podría votar este viernes una declaración de independencia, aunque el rechazo a esa medida por parte de un sector del PDECat podría hacer que los secesionistas no tuvieran mayoría suficiente para ello. Bastaría con que cinco miembros del partido de Puigdemont votaran en contra para que la proclamación no saliera adelante.

Pero si en el independentismo se abrieron grietas, en el bloque constitucional también hubo este jueves matices. El PSOE propuso incluir en la propuesta de aplicación del artículo 155 la suspensión de las medidas en caso de que Puigdemont convocara finalmente unas elecciones autonómicas en el marco de la legalidad. Algo que el PP rechazó, por lo que el texto que se vote este viernes no contemplará esa posibilidad. Si aceptó el PP que las medidas se adopten de manera «gradual».

«Lo que hemos visto este jueves deslegitima aún más el relato independentista»

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El «think tank» que preside ha publicado un vídeo para explicar al mundo la verdadera realidad de Cataluña

Daniel Ureña es director general de MAS Consulting y presidente de The Hispanic Council, un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos, que ha publicado un vídeo para explicar lo que está pasando en Cataluña en el que sostiene que es una de las regiones más prósperas con un nivel de autogobierno de los más altos de Europa; y España, una democracia avanzada.

-¿Por qué The Hispanic Council ha tomado esta iniciativa?

-En las últimas semanas, mucha gente influyente de Estados Unidos del ámbito político, mediático, empresarial y académico se dirigían a nosotros para preguntarnos por la situación en Cataluña y, por ello, decidimos hacer un vídeo divulgativo, sencillo y muy visual pensado para gente de fuera. Por desgracia, hay mensajes que están presentando a España como una dictadura y nos sorprendía el grado de desconocimiento que existía sobre cosas básicas de la realidad española. A veces recordar lo obvio es necesario.

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