La Fiscalía belga estudiará la orden antes de darle curso entregándosela a un juez
04 nov 2017 . Actualizado a las 12:01 h.Carles Puigdemont, hasta hace una semana presidente de la Generalitat de Cataluña, es desde ayer un presunto delincuente en busca y captura. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó ayer la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra él y contra los cuatro exconsejeros del Gobierno catalán -Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- que se fugaron con él a Bélgica y que no acudieron el jueves a declarar por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, por los que ingresaron en prisión el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros ocho exconsejeros. La jueza rechaza la petición de Puigdemont de declarar por videoconferencia porque ese derecho no asiste a quien «se fuga y se refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales».
Dos autos para cada uno
En la orden de busca y captura se argumenta que Puigdemont se aprovechó de su cargo de presidente de la Generalitat para llevar a cabo «un referendo independentista para lograr en España la secesión de Cataluña». Junto a otras autoridades, funcionarios y entidades públicas y privadas, «promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección y desafiando el ordenamiento constitucional». Asegura además que el propio Puigdemont «promovió actos, manifestaciones y proclamas». Los consejeros, a su vez, «contribuyeron» a la comisión de todos los presuntos delitos.
Lamela tramitó dos autos para cada uno de los cinco investigados. Una orden nacional e internacional que se tramita a través de la Fiscalía Federal de Bélgica, que se inserta en el sistema Sirene de la policía, y otra que se dirige a la Policía, la Guardia Civil. De esta manera, aunque es púbico que todos ellos están en Bruselas, podrían ser detenidos en cualquier país si deciden abandonar Bélgica. En su escrito, la jueza explica que en diciembre del 2015 el Tribunal Constitucional ya prohibió celebrar un referendo de independencia y que, a pesar de ello, Puigdemont continuó «impulsando las medidas necesarias para crear un futuro Estado catalán independiente valiéndose del poder que otorgaba tener mayoría absoluta de diputados, no de votos».
Puede demorarse dos meses
Relata la jueza que, pese a conocer «la radical falta de competencia de la comunidad autónoma de Cataluña para convocar un referendo», insistió en «mantener la convocatoria del referendo como primer paso del llamado proceso de desconexión del Estado español». Y por ello reclama a la Fiscalía Federal de Bélgica que localice al expresidente de la Generalitat y a sus exconsejeros y los detenga de inmediato para entregarlos a España. A pesar de ello, esa entrega podría demorarse bastante.
La decisión de la jueza abre de hecho un complejo procedimiento que puede alargarse más de dos meses hasta su definitiva entrega a España. Si no se entregan antes voluntariamente, tanto Puigdemont como los exconsejeros serán detenidos por la Policía belga. A partir de ese momento, serían puestos a disposición de un juez, que sería el encargado de decidir, una vez que les tome declaración, si se les pone en libertad o permanecen en prisión hasta que se resuelva definitivamente sobre la ejecución de la orden dictada desde España.
El procedimiento más rápido, pero el menos probable a la luz de las declaraciones del propio Puigdemont y del abogado que le representa en Bélgica, Paul Bekaert, sería que todos ellos aceptasen su entrega a España, lo que se llevaría a cabo en diez días.
La Fiscalía belga ha dicho que de momento no dará curso a la orden: «Primero la vamos a estudiar» y será «más adelante cuando se consulte al juez de instrucción», dice el portavoz de la Fiscalía, Eric Van Der Sjipt, en declaraciones a la agencia EFE.
Compleja tramitación
Pero, en caso de que rechacen esa entrega voluntaria, la decisión a tomar pasaría a depender a la Cámara del Consejo de Bruselas, que tendría que adoptar una decisión en un pazo de quince días. Ese fallo es recurrible por aquellos cuya entrega se solicita. De aceptarse la tramitación de ese recurso, se abriría un nuevo plazo de quince días para resolver esa apelación. E incluso esa segunda resolución puede ser a su vez recurrida ante la Corte de Casación, que de nuevo tendría 15 días para pronunciarse. Todo esto, en el supuesto de que el juez no considere que la información enviada por la jueza española es insuficiente y reclame que se complete.
La Fiscalía belga recibió ayer las órdenes europeas de detención y entrega y tiene previsto estudiarlas, una vez que estén debidamente traducidas a uno de los idiomas oficiales en Bélgica, para trasladarlas a continuación al juez «mañana [por este sábado] o más adelante», según confirmó a Efe el portavoz de la Fiscalía, Eric Van Der Sijpt. También Paul Bekaert, el abogado belga de Puigdemont, advirtió de que una eventual extradición «llevará su tiempo», ya que requiere de una serie de complejas formalidades.
El expresidente catalán se ofrece ahora para ser candidato
Puigdemont aseguró a una televisión belga que puede hacer campaña electoral «incluso desde el extranjero»
SARA CARREIRA
Carles Puigdemont quiere ser candidato en las elecciones del 21D. Lo dijo ayer durante una entrevista en la televisión pública belga RTBF solo unas pocas horas después de que la portavoz de su partido, Marta Pascal, casi descartase esa posibilidad desde Barcelona. En una rueda de prensa se le preguntó por esta posibilidad, y Pascal contestó: «[el expresidente] Siempre ha dicho que cuando acabara el trabajo [refiriéndose al procés] no volvería a presentarse. En estos cinco días no hemos podido hablar con él de esto, pero si está dispuesto a participar en la lista, lo tendremos en ella».
Sin hacer referencia a su último cambio de opinión, Puigdemont consideró aceptable hacer campaña desde Bruselas, explicando que en el mundo actual se puede llegar al electorado «incluso desde el extranjero». Con respecto a su huida a Bélgica, aseguró que está allí para preparar su defensa y que no dudará «en comparecer ante la justicia, pero la verdadera»; a preguntas de los periodistas explicó que se refería a la belga, porque la española «está politizada» y no tiene garantías de una «sentencia justa».
El movimiento de Puigdemont puede entenderse como un deseo de repetir al frente de la Generalitat o como un intento de su partido para forzar a ERC a pactar una lista unitaria, reviviendo el Junts pel Sí del 2015. La antigua Convergència es la formación que está peor posicionada en la carrera hacia las urnas. Sin candidato claro -Mas está inhabilitado y Puigdemont, que nunca se consideró seriamente, en el extranjero- y dividida. PDECat ha hecho suya la petición de las agrupaciones independentistas de una lista unitaria, que es su gran esperanza. «Lo mejor en esta situación -explicó Pascal- es concentrar esfuerzos en una gran lista de país, ponernos de acuerdo, por el PDECat no quedará». Aceptó que en esa candidatura unitaria vayan personas que hoy permanecen encarceladas, incluidos los presidentes Òmnium Cultural y ANC, conocidos como los Jordis, y que también se abra a formaciones diferentes, en alusión a Podemos.
Ni ERC ni «los comunes»
El llamamiento del PDECat es probable que caiga en saco roto. El día anterior se publicaba en un diario local un artículo del expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en el que decía: «Basta de debates y polémicas sobre cómo se presentará cada partido a las elecciones (...) Cada uno que escoja la mejor fórmula para concurrir a las elecciones». Las encuestas sitúan a Esquerra en la mejor de las posiciones de cara al 21D.
Si ERC no tiene ningún interés en asociarse con el PDECat, tampoco parece probable que lo haga Catalunya en Comú, el grupo que forma parte de Catalunya sí que es Pot. La formación de Ada Colau aún no ha decidido qué hará, pero defiende que «la pluralidad del pueblo catalán debe expresarse». En cuanto a Podem (la marca catalana de Podemos), cambiará de secretario general si las bases aceptan ir junto a los comunes, tras el apoyo del actual a la supuesta república catalana.
