Puigdemont usa su libertad en Bélgica para extender la campaña internacional
ACTUALIDAD
Un juez belga cita al expresidente y a los cuatro exconsejeros prófugos para el día 17
07 nov 2017 . Actualizado a las 07:33 h.La campaña independentista calienta motores desde su exilio en Bélgica. El autoproclamado «president legítimo» de la Generalitat de Cataluña y aspirante al cargo, Carles Puigdemont, no esperó ni 24 horas para lanzarse a la conquista de la opinión pública internacional desde su cómodo retiro bruselense. Y lo hizo con el auxilio de la Justicia belga, que decretó el pasado domingo su puesta en libertad condicional. El paladín del PDECat escogió ayer al diario británico The Guardian como altavoz para trasladar una vez más la idea de que la «brutal ofensiva judicial» contra él y sus exconsejeros esconde motivos políticos y no razones legales. Calificó su plan independentista de «proyecto democrático», ignorando todos los pasos que dieron para silenciar a la oposición, violar la legalidad española y dinamitar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Razones por las que están acusados de rebelión, sedición y malversación.
Para Puigdemont, es un «colosal escándalo» que la Fiscalía española les atribuya esos cargos. El expresidente catalán puso en duda la calidad de la democracia española. «Seguiremos denunciando al mundo entero las deficiencias democráticas en España», aseguró antes de poner en duda que los detenidos tras las «encarcelaciones masivas de independentistas» vayan a tener un juicio justo. Por eso el «mártir» separatista pidió «escrutinio exterior». Es la enésima llamada que lanza Puigdemont al mundo para conseguir que el desafío independentista se convierta en una causa global, para conseguir que la UE fuerce al Gobierno español a negociar con quienes todavía se resisten a volver a la legalidad. La Comisión Europea no pica el anzuelo y exige a los secesionistas que abandonen el victimismo: «No veo de qué forma las autoridades españolas violan el Estado de derecho; creo que los que no respetan el orden constitucional español son los que están violando la ley», aseguró con rotundidad el presidente de la institución, Jean Claude Juncker, quien declaró a VRT News que lo que está ocurriendo en Cataluña «no es un asunto europeo». «La última vez que lo comprobamos, tanto Bélgica como España eran democracias», aseguró con sorna su portavoz, Margaritis Schinas. El griego recordó que la decisión sobre la extradición de los fugitivos catalanes debe dirimirse en los tribunales, no en una instancia política. La Comisión cierra filas con el Gobierno español, defiende la independencia de sus instituciones y se resiste a caer en la trampa de la politización de un proceso meramente judicial: «Es un asunto que solo compete a los jueces», zanjan.
«Pantomima»
La campaña de Puigdemont en Bélgica promete convertir los próximos dos meses que durará el trámite de la orden europea de detención en un auténtico circo mediático. Hoy mismo desembarcará en Bruselas una tropa de 200 alcaldes catalanes con el objetivo de apoyar al cesado Gobierno de la Generalitat y a sus exconsejeros, los encarcelados y los fugitivos. Del otro lado, la plataforma de Empresaris de Catalunya acudirá a la Eurocámara para denunciar las consecuencias económicas que está acarreando el procés al tejido industrial catalán, que ya ha perdido más de 2.000 empresas desde la celebración del referendo ilegal. España también se está viendo golpeada por la crisis. El ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió ayer antes de la reunión del Eurogrupo en Bruselas que la «pantomima» y la «farsa» que ha escenificado Puigdemont en los últimos meses puede provocar un retroceso del PIB de hasta el 0,5 %. La inestabilidad y la incertidumbre pasarán factura sin ninguna duda. La Comisión Europea empeorará con toda seguridad sus previsiones económicas para España, anunciadas para este jueves: «Por supuesto que es un asunto que nos preocupa mucho», reconocen fuentes comunitarias.
Citados a declarar
Aunque el expresidente catalán tiene vía libre para hacer campaña desde Bélgica, nada podrá evitar que la orden de detención europea siga su curso en los tribunales belgas. La Justicia le ha citado a declarar junto a los otros cuatro exconsejeros el viernes 17 de noviembre ante la Cámara del Consejo, que deberá acordar en un plazo de 15 días si ejecuta o no la orden de entrega a España. La decisión podría posponerse otros 15 días si el juzgado de instrucción demanda más información a las autoridades judiciales españolas. Pasado ese plazo se conocerá el veredicto, que podrá ser recurrido tanto por los afectados como por la Fiscalía belga ante el Tribunal de Apelación (otros 15 días) y finalmente ante el de Casación. Si este organismo acepta un eventual recurso, el proceso se dilataría medio mes. Cualquier eventual orden de extradición deberá ejecutarse en el plazo de 10 días. Si se extiende más allá, Bélgica deberá dar explicaciones a Eurojust.
Terremoto político en el Gobierno belga a consecuencia de la crisis catalana
«Es un asunto gordo». Así se expresaba ayer una fuente europea al preguntar por las consecuencias colaterales que tendrá el órdago independentista en el conjunto de la UE. Los primeros en sentir el temblor del terremoto han sido los belgas. Su Gobierno se tambalea. El Ejecutivo, intoxicado por la campaña secesionista, se ha convertido en una jaula de grillos. El silencio del primer ministro, el liberal Charles Michel, contrasta con la indignación de los flamencos conservadores de la CD&V por las interferencias políticas de sus socios mayoritarios de Gobierno, los flamencos independentistas de la N-VA. El cruce de acusaciones llegó a su punto álgido ayer cuando el líder de las juventudes de la formación derechista, Tomas Roggeman, evocó a Manuel Fraga, «fundador del PP, que critica la historia xenófoba» del partido belga. «Ironía», aseguraba en las redes sociales. El ministro de Exteriores, el liberal Didier Reynders, se vio obligado a interceder para evitar una escalada mayor entre los miembros de la coalición cuatripartita y para salvaguardar la imagen de Bélgica en el exterior. «Existe una exaltación aquí que supera los límites de lo razonable. He visto a muchos inmiscuirse cuando no tienen nada que decir», aseguró en declaraciones a RTL antes de lamentar las salidas de tono del ministro de Interior, el independentista flamenco Jan Jambon, quien exigió una intervención de la UE. «Hubo reacciones excesivas», admitió Reynders, quien insiste en que España no necesita lecciones de otros países. El equipo de Michel trata de apagar el fuego prendido por Puigdemont con ayuda de los separatistas de la N-VA.