El armador y la aseguradora se lanzan a impugnar las reclamaciones del Prestige

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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JOSE MANUEL CASAL

El Estado prepara el pleito en Londres por los 1.000 millones de dólares del seguro

13 nov 2017 . Actualizado a las 19:01 h.

La Audiencia Provincial de A Coruña, tras un intenso trabajo de cuantificación de los daños del Prestige en el contexto de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, prevé presentar el balance final a partir del miércoles. Esta valoración no será la definitiva, pues cabe la posibilidad de recurrirla y por tanto enmendarla, lo que probablemente supondrá que hasta principios del año que viene no se podrá contar con la factura de los daños de la marea negra, la carta de presentación con la que el Reino de España acudirá a la jurisdicción británica para reclamar los 1.000 millones de dólares (unos 857 millones de euros) de la póliza suscrita por el armador con el London P&I Club.

El Estado prepara ya este pleito, que será el epílogo al larguísimo periplo judicial iniciado en noviembre del 2002 y que tuvo como escenario el juzgado de Corcubión, la Audiencia Provincial de A Coruña, el Tribunal Supremo, la jurisdicción civil de Nueva York y varios juzgados franceses. Esta demanda no consistirá en un pleito civil en sentido estricto. Se habilitará lo que se denomina una demanda ejecutiva. España, representada por unos letrados con poderes otorgados por la Abogacía del Estado, se presentará en los tribunales londinenses con la sentencia del Supremo y la cuantificación de la Audiencia para que la aseguradora afronte parte del pago de los daños.

Mientras tanto, la armadora y la aseguradora, como responsables civiles, se lanzaron ya a la batalla judicial para impugnar buena parte de las reclamaciones de empresas, particulares y Administraciones. En los últimos días han registrado un gran número de alegaciones para tratar de desvirtuar las peticiones de compensación, cuestionando íntegramente en muchos casos los importes que se reclaman e incluso su relación con el vertido.

Así, los abogados de la empresa armadora Mare Shipping analizan, por ejemplo, la reclamación de una empresa exportadora de pescados y mariscos de A Coruña: «El hecho de que el Consorcio de Compensación de Seguros [CCS, organismo de la Administración del Estado] haya otorgado una valoración positiva [...] en absoluto puede llevar a considerarla acreditativa del daño sufrido. Y ello porque los informes del CCS solo se refieren al aspecto cuantitativo de los daños alegados, pero en absoluto permiten afirmar la realidad de esos daños ni mucho menos su atribución causal al vertido», explican en uno de sus múltiples escritos de alegaciones.

En otro documento similar, cuestionan la decisión del tribunal de que los reclamantes puedan argumentar contra las alegaciones de la empresa armadora. «Les corresponde únicamente a ellos [los propietarios] rebatir las alegaciones realizadas por los reclamantes, nunca al contrario».

La aseguradora, que estuvo ausente del procedimiento judicial -aunque siempre en actitud vigilante-, se muestra muy activa en el proceso de ejecución de la sentencia, como una antesala para su defensa en la jurisdicción británica. En el juicio, los abogados del armador, estrechamente vinculados a la aseguradora, adoptaron en ocasiones una postura negacionista con los efectos en el medio ambiente del vertido de más de 63.000 toneladas de fuel. La intervención de la aseguradora en la ejecutoria, reconocen sus propios abogados, «es minimizar o mitigar cualquier daño o perjuicio», aunque consideran que todo el procedimiento es «erróneo e indebido», al situarse al margen de los convenios internacionales. Su objetivo no es más que rebajar las cuantías que se reclaman.

Esta concepción de los daños se refleja en la avalancha de escritos que remitieron estos días a la Audiencia Provincial de A Coruña. Uno de ellos, relativo a un parque marisquero, cuestiona la «desproporcionada e injustificada» cuantía que pide el afectado. En paralelo a los armadores, el seguro se muestra muy duro con reclamantes «que no han acreditado sus perjuicios». También cuestionan el peritaje de los daños realizado por el Consorcio de Compensación de Seguros, al considerar que no dispusieron de la información necesaria. «Esta se limitó -alegan- a la que le facilitaron los reclamantes, sin ningún tipo de contraste». En otros escritos cuestionan, por «laxos», los criterios de valoración del Consorcio. O arremeten contra peticiones de indemnización carentes «de cualquier soporte probatorio».

La posición del Fidac

En otra alegación, el Fidac cuestiona la reclamación de un particular que solicita «que se le pague una cantidad que ya cobró en concepto de ayudas por paro temporal». El fondo internacional de compensación también ha canalizado múltiples alegaciones, principalmente por falta de pruebas o justificación de los daños. En todo caso, en uno de los documentos aportados por el fondo se precisa que el Fidac «ha demostrado su más que indubitada voluntad de pagar» y que sus peritos «no tienen intención de escamotear ni un solo céntimo». Eso sí, sus abogados se muestran muy críticos con aquellos que «pretenden cobrar dos veces por lo mismo».

 

Arco Iris asume la valoración de 4.328 millones de la Fiscalía

La asociación ecologista Arco Iris presentó recientemente la reclamación definitiva por daños medioambientales por un total de 4.328 millones de euros, adhiriéndose por tanto a la valoración realizada por la Fiscalía, asesorada por la experta de la USC María Loureiro. El abogado de Arco Iris, Manuel Meiriño, asegura que esta estimación es reconocida en la sentencia del Tribunal Supremo de enero del 2016 y está basada en estudios técnicos elaborados por el ámbito universitario «de indudable rigor y fiabilidad». Además, pide que los fondos sean invertidos «íntegramente» en la protección y mejora ambiental de los espacios más dañados por la marea negra.

Arco Iris explica en un comunicado que trasladó su escrito definitivo de peticiones al magistrado de la Audiencia coruñesa Juan Luis Pía, tras elaborarlo a petición de la propia instancia judicial, para abordar la fase definitiva de uno de los procesos «más prolongados de la reciente historia de España».

El PSdeG aún ve «debilidades» en el modelo antivertidos

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, lamentó ayer que 15 años después del accidente del Prestige persistan «debilidades» para poder evitar catástrofes como la que afectó a buena parte de la costa gallega a partir del 13 de noviembre del 2002. Con todo, reconoció que «se avanzó en algunas cuestiones», pero también recordó que aún resta por resolver el asunto de las reparaciones económicas reconocidas en la sentencia del Tribunal Supremo.