La Audiencia coruñesa reconoce que el Prestige causó un daño al Estado de 1.573 millones

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN

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Francia recibiría 61,2 millones y la Xunta, 1,8. El auto da luz verde a reclamar los 1.000 millones de dólares del seguro en la jurisdicción británica

15 nov 2017 . Actualizado a las 20:26 h.

Ya hay valoración judicial del coste de la catástrofe del Prestige. La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido el auto con el que cuantifica los daños causados por la marea negra y que sirve para dar luz verde a que se reclamen en la jurisdicción británica los 1.000 millones de dólares (844,8 millones de euros) del seguro suscrito por el armador con el London P&I Club, pues ambos son responsables civiles. Los magistrados Juan Luis Pía, Salvador Sanz y Dolores Fernández evalúan las pérdidas del Estado español en 1.573,6 millones de euros, cifra en la que están incluida las indemnizaciones adelantadas a unos 18.000 afectados. A Francia se le reconocen 61,2 millones y a la Xunta tan solo 1,8, debido a que las competencias correspondían al Estado y el Gobierno autónomo se subrogó en la reclamación genérica estatal tras ser resarcida con 513 millones en el 2005. La cantidad fijada por la Audiencia corresponde al reciclaje de unas 10.000 toneladas de residuos del vertido que quedan por tratar en Sogarisa. En el auto, al que ha tenido acceso La Voz, también se reflejan las cantidades de menor entidad que reciben los afectados que no suscribieron un convenio de adelanto de las compensaciones con la Administración, así como otras entidades y ayuntamientos.

La sala considera que el daño acreditado documentalmente por la Administración asciende a 931 millones de euros, pero acepta el espíritu de la reclamación de la Fiscalía -que ascendía a 4.328 millones- al reconocer 279 millones por daño medioambiental y 363 por daño moral indemnizable. «Los daños morales causados son obvios, extensos y profundos, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses, sino también por la huella indeleble de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados», se asegura en el auto. Aunque los peritajes judiciales -entre ellos el del Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo estatal- solo reconocían 513 millones y el Tribunal Supremo, en su sentencia, asumió esta cifra, los magistrados de la sala creen «existen demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado».

El Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) estará obligado a indemnizar hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable, que son 171,5 millones de euros. El dinero depositado por la aseguradora en virtud de ese convenio internacional -22,7 millones- se distribuirá entre los perjudicados a prorrata.

El auto puede ser recurrido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un plazo de cinco días. La demanda ejecutiva en la jurisdicción británica deberá someterse «a los términos de la legislación de la UE». La resolución prevé el embargo de los bienes a los responsables domiciliados en España si no abonan los pagos, pero ni el armador ni la aseguradora están domiciliadas en el Estado español.