La Audiencia multiplicó por cinco el daño del Prestige que el Fidac reconoce a España

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

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La Fiscalía medita si recurre, mientras que la armadora y la aseguradora ya han decidido ir al Supremo

17 nov 2017 . Actualizado a las 07:27 h.

Se puede ver la botella medio vacía: los 1.620 millones en los que la Audiencia Provincial de A Coruña valora el daño total del  Prestige solo suponen algo más de un tercio de lo que la Fiscalía reclamó oficialmente, 4.328 millones de euros, un cálculo fruto de un minucioso trabajo pericial realizado por la profesora de la USC María Loureiro García. Pero también se puede ver la botella medio llena: la valoración de los daños al principal perjudicado, el Estado español, multiplica por cinco los gastos admitidos por el Fondo de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (Fidac).

Aunque las reclamaciones son diferentes, el organismo internacional solo reconoció un perjuicio de 300,2 millones de una factura de 984,8, pues su sistema de valoración es mucho más restrictivo y exigente que los criterios utilizados por los magistrados de la Audiencia, que fijó el daño al Estado español en 1.573 millones. En la sentencia del Tribunal Supremo la cantidad indiscutida ascendía a solo 513,7 millones.

la mayor compensación

¿Por qué el Estado español es el más beneficiado?

El Estado, en la causa del Prestige, no solo representa a la Administración central, sino también a más de 18.000 afectados a los que adelantó las compensaciones y, después, se subrogaron en la reclamación estatal, algo que también hicieron las comunidades autónomas afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco), así como numerosos ayuntamientos. Al margen de los daños patrimoniales que el Gobierno también justificó ante el Fidac, la Abogacía del Estado solicitó 2.152 millones, al incluir compensaciones por daño ambiental y daño moral, que se aceptaron en un 30 %, aunque solo para la Administración y no para el resto de los afectados. Este concepto no está incluido como tal en el listado de daños indemnizables que maneja el Fidac, pues se centra en los daños objetivos cuantificables. Este organismo cuestionó incluso los gastos de limpieza de la costa, planteando que en algunos casos fueron desproporcionados e innecesarios, según recoge el auto. El tribunal, presidido por Juan Luis Pía, interpreta que se trata de una discusión «que no puede fiarse a criterios de apreciación más o menos interesados» y considera que es un gasto indemnizable, pues «se realizó en circunstancias de excepcional urgencia».

la valoración

¿Qué criterios siguió el tribunal?

La sala de la Audiencia coruñesa respetó todas las cuantías certificadas que se aceptaron en la sentencia que ahora se ejecuta y aquellas sumas que nadie ha discutido. Se aceptan los peritajes oficiales y privados, salvo que haya una argumentación sólida en contra. No se aceptaron cuantías que se sostenían en documentación no avalada por un informe pericial. El lucro cesante -lo que empresas y particulares dejaron de ingresar por las suspensiones de actividad- tuvo que pasar una prueba «rigurosa». «No puede basarse en simples conjeturas más o menos optimistas», alegan los magistrados. La acreditación de la Administración se sometió a los mismos criterios de acreditación que el resto de las partes, sin presuponer una racionalidad mayor a las reclamaciones institucionales.

exclusión de conceptos

¿Se tienen en cuenta las ayudas europeas?

El criterio del tribunal es excluir de la compensación los 275 millones que España recibió de la Unión Europea para aspectos relacionados con la marea negra, entre ellos 84 millones para cofinanciar el plan para extraer el fuel de los pecios, que costó 109. El tribunal contradice al Fidac respecto a la necesidad del plan de extracción, del que solo acepta nueve millones. El organismo intergubernamental argumentó que era «altamente improbable» que se produjera un derrame masivo. Tan solo predecía posibles fugas ocasionales que apenas tendrían impacto en la costa. El tribunal, en cambio, asume que la cantidad de fuel que estaba almacenada en los tanques del pecio de proa y popa «era demasiado significativa como para asumir el riesgo de que se produjese un nuevo vertido masivo».

la vuelta al supremo

¿Qué pasará ahora con los recursos?

La Audiencia decidió que el auto notificado el miércoles es recurrible, a pesar de que existe un vacío legal al respecto y hay doctrina jurídica que aconseja no aceptar recursos. La Fiscalía medita si recurrirá el auto por no aceptarse su reclamación, pese a que hay referencias a su peritaje en todo el auto. Si se trata de ser pragmáticos, solo hay dos fuentes de compensación: los 150 millones de euros del Fidac y los 1.000 millones de dólares de la póliza del seguro, pues los 22,8 millones del límite de responsabilidad de la aseguradora se descontarían de la póliza. Es decir, habrá disponibles 995 millones de euros. La Voz ha podido saber que tanto la armadora, Mare Shipping, como la aseguradora, London P&I Club, recurrirán el auto ante el Supremo.

En Marea pregunta si hay un plan antivertidos

La diputada de En Marea Alexandra Fernández presentó una batería de preguntas al Gobierno sobre los planes de actuación ante otro suceso similar al Prestige y sobre los «recortes de medios y personal» en Salvamento Marítimo. Por otra parte, el PPdeG se mostró satisfecho con las indemnizaciones aprobadas para la Xunta, mientras que el PSdeG ve «escasa» la compensación global. El BNG lamentó que no pagaran su culpa los responsables de la gestión.