La inflación media, del 1,8% en Asturias, fue casi ocho veces superior a la subida de las prestaciones, de tan solo un 0,25 %
16 ene 2018 . Actualizado a las 08:30 h.La economía española crece con fuerza -la asturiana también- pero la recuperación no llega al bolsillo de las familias. La precariedad sigue siendo la característica principal de un mercado laboral que mejora a un ritmo demasiado lento. Los trabajadores todavía no notan el cambio y los pensionistas tampoco. Y este año volverán sufrir una pérdida en su poder adquisitivo. La inflación media, del 1,8% en Asturias en 2017, fue casi ocho veces superior a la subida de las prestaciones, de tan solo un 0,25%. Esto se traduce en una pérdida media de 238 euros anuales.
Aunque los precios, desbocados durante los primeros meses del 2017 por la fuerte subida de los carburantes y la electricidad, se suavizaron en el tramo final del año, la inflación media acumulada durante el año le dio un buen mordisco al bolsillo de trabajadores y pensionistas. Para estos últimos, la pérdida de poder adquisitivo fue la más intensa desde el 2011, año en el que se congelaron todas las prestaciones salvo las mínimas. Y es que, con una revalorización mínima del 0,25 %, jubilados y otros colectivos cuya nómina depende de la Seguridad Social tuvieron que hacer frente a una subida del coste de la vida casi ocho veces superior en Asturias.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC medio durante el 2017 ascendió al 1,8% en Asturias. Para neutralizar esa subida y mantener su poder adquisitivo, un pensionista medio asturiano, que en diciembre del 2016 percibía 1.092 euros al mes, habría necesitado que su pensión se revalorizase en 19,65 euros al mes (o, lo que es lo mismo, 275 euros al año, porque perciben 14 pagas). En la práctica, solo recibieron una pírrica subida del 0,25 %, esto es, apenas 2,7 euros (37,8 euros anuales). El resultado: un mordisco de 238 euros divididos en 14 pagas.
Pero los pensionistas no son el único colectivo que vieron mermada su capacidad de compra el año pasado. Les pasó lo mismo, aunque con menos intensidad, a los empleados públicos, que recibieron una subida del 1%, casi la mitad de lo que se incrementaron los precios. Y también a los trabajadores del sector privado, aunque aquí es mucho más difícil calcular el impacto. Si se toma como referencia la subida media pactada en convenio (del 1,43% en el conjunto de España), la pérdida fue de cuatro décimas.
De cara a los próximos meses, el Gobierno anticipa que las tasas interanuales de inflación seguirán bajando.
¿Están en riesgo las pensiones?
El mensaje oficial del Gobierno es un no rotundo, porque la Seguridad Social cuenta con el respaldo del Estado. Es decir, que será el Estado quien cubra los números rojos del sistema. Y ahí radica la urgencia de las reformas, ya que España tiene un sistema de reparto, basando en la solidaridad intergeneracional -son las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo los que pagan las pensiones actuales- que genera un déficit creciente.
Varios motivos lo explican. Por el lado del gasto, el número de beneficiarios no deja de elevarse, se incorporan con pensiones más altas y la esperanza de vida también crece, es decir, el dinero que sale de la caja es cada vez más; mientras que por el lado de los ingresos, estos no alcanzan. Y ello, pese a que en el 2017 se llegó a la recaudación récord de 10.000 millones mensuales -en agosto-, hasta cerrar el año en torno a 109.000 millones. Sin embargo, el desfase rebasó los 18.000 millones, lo que provocó que el Gobierno tuviera que echar nuevamente mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la hucha de las pensiones, actualmente con menos de 8.000 millones- y de un crédito de 10.200 millones incluido en los Presupuestos Generales del Estado para hacerle frente.
Mientras el Gobierno negocia con la oposición un nuevo escenario que permita articular mecanismos para apuntalar el sistema, la subida de los últimos años se ha limitado al 0,25%. Esto se traduce en una pérdida continua de poder adquisitivo de los pensionistas, que siguen siendo uno de los colectivos más afectados por la crisis.