El Principado realiza casi 3.000 inspecciones al año para controlar la calidad del sector. La administración abrió casi 500 expedientes el año pasado
21 mar 2018 . Actualizado a las 21:56 h.La lucha contra la picaresca y la ilegalidad en el sector turístico es una prioridad para el Gobierno del Principado. Los planes contra los alojamientos pirata que cada año publica en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) son una muestra fehaciente de esa labor. El balance de actividad del año pasado es todavía más revelador. Solo en 2017 se realizaron casi 3.000 inspecciones, lo que supone un frenético incremento con respecto a 2016. En porcentaje, ese agitado programa supone un 20% más y una media de casi 240 al mes. Las inspecciones suman tanto las visitas físicas a los establecimientos como los barridos que se realizan a través de internet. Como resultado se abrieron 465 expedientes y otros 225 están pendientes de inicio por la falta de algún trámite. Las dos principales causas de sanciones son las acampadas ilegales -la acampada libre no está permitida en Asturias- y también la publicidad, ya sea porque se anuncian establecimientos sin licencias o por errores en la forma de hacerlo.
Así consta en el balance que ha realizado la Consejería de Economía y Turismo del ejercicio 2017. La cifra total de inspecciones realizadas el año pasado ascendió a 2.878, exactamente un 20,4% más que en 2016. Este incremento se debe fundamentalmente a la labor de oficio lanzada por la propia administración, que prácticamente se ha duplicado en un año. Las denuncias de otras administraciones o de particulares, por incumplimientos en la disciplina urbanística o de los registros de empresas, también aumentan pero de una manera mucho más modesta. A esas 2.878 inspecciones, habría que sumar otra cifra más, las 1.134 visualizaciones de páginas web. En este caso, la actividad se dispara, con un 106% más que doce meses antes.
La consecuencia directa de toda esta labor de vigilancia turística es la apertura de más expedientes sancionadores. En este caso, se han llevado a cabo 887 actuaciones de todo tipo. El capítulo más importante es el inicio de 465 expedientes. Además hay otros 225 pendientes de algún trámite administrativo o de gestión. Otros 26 se han derivado a otras administraciones competentes en la materia y 36 han sido archivados por diferentes motivos.
Las dos principales causas para la apertura de estos expedientes sancionadores son incumplimientos en materia de publicidad y las acampadas ilegales. En el caso de la publicidad, los inspectores detectan, a su vez, dos tipos de infracciones diferentes. Una de ellas es porque el mensaje es engañoso, por ejemplo alojamientos que se anuncian como rurales y no están inscritos en ese capítulo dentro de los registros del Principado. Otro es el caso de las viviendas o pisos que no están inscritas como turísticas pero sí se anuncian en webs especializadas. La Administración asturiana ya había anunciado que ese era uno de los aspectos que iba a observar con detenimiento después después de regular el alquiler de los pisos turístico, una normativa con la que trata de ordenar un mercado con una demanda creciente pero en la que hasta hace un año recibía las críticas de muchos profesionales por esconder una gran bolsa de economía sumergida.
Las acampadas ilegales también representan un número importante. En el Principado está prohibido pernoctar al aire libre salvo en espacios especialmente autorizados. No se puede, por ejemplo, dormir con el saco en una playa. Así que las fuerzas del orden público pueden cursar las correspondientes denuncias. Este es otro de los capítulos que absorbe un importante número de expedientes. La normativa autonómica lo ampara y lo considera una infracción leve, castigadas con una multa de entre 60,10 euros y 601,01 euros.
El Programa de Inspección Turística para el año 2018 ya está en marcha. Salió publicado el pasado 10 de enero en el BOPA. No contiene ninguna novedad con respecto al de 2017 y no parece que haga falta, a la vista de los resultados obtenidos en esos últimos doce meses. El año pasado la Consejería de Economía y Turismo sí que había incorporado nuevas técnicas de control como la de los «viajeros anónimos o clientes misteriorosos» que vigilan la calidad de las empresas. Este novedoso sistema de incógnito se utiliza para los alojamientos y restaurantes incluidos en sus cuatro marcas -Casonas Asturianas, Mesas de Asturias, Aldeas, Asturias calidad rural y Sidrerías de Asturias, calidad natural- y controlar que cumplan con los requisitos mínimos. No lo hace directamente la Administración con sus propios medios sino que externaliza el servicio. Esta labor de inspección puede costar hasta 29.000 euros. Ese es el presupuesto base de licitación fijado.
Cada año, la administración aprueba uno con las prioridades. Este plan persigue controlar los estándares de calidad de la oferta mediante la vigilancia y la comprobación del cumplimiento de la normativa, detectar los servicios clandestinos, garantizar los derechos de los usuarios, asesorar a las empresas y controlar la ejecución de las subvenciones. La consejería dispone, de hecho, de una plantilla de inspectores.