Londres no puede probar que el veneno usado contra Skripal proceda de Rusia
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Putin pide formar parte de la investigación internacional para esclarecer el caso
04 abr 2018 . Actualizado a las 07:51 h.El pulso entre Rusia y el Reino Unido por el ataque con un veneno de última generación contra el exespía Serguéi Skripal sigue arrojando confusión. Este martes, el jefe del laboratorio militar británico de Porton Down, Gary Aitkenhead, afirmó no haber podido determinar que el agente neurotóxico usado para envenenar a Skripal procediera de Rusia. «Hemos sido capaces de identificar que se trata de Novichok, un agente neurotóxico de tipo militar», afirmó. Pero «no hemos identificado su origen exacto», agregó, precisando que el Gobierno británico había utilizado «varias otras fuentes para llegar a sus conclusiones».
Londres señaló a Rusia como responsable del ataque perpetrado a principios de marzo en Salisbury, en el sur de Inglaterra, contra Serguéi Skripal, un ex agente doble que trabajó para los servicios secretos británicos, afirmando que era la «única explicación plausible». Moscú desmintió por su parte estas acusaciones, que condujeron a la más grave crisis diplomática entre Este y Oeste desde la guerra fría y a la expulsión de unos 300 diplomáticos de una y otra parte.
«Nuestro trabajo es proporcionar pruebas científicas para identificar el agente neurotóxico en cuestión, pero no es trabajo nuestro decir dónde fue producido», declaró Aitkenhead antes de apuntar que su fabricación necesitaba «métodos extremadamente complejos a los que solo tendría acceso un actor estatal».
El científico desmintió las acusaciones de Moscú según las cuales el agente neurotóxico podía proceder del laboratorio militar británico: «Es absolutamente imposible que esto provenga de nosotros o haya podido salir de entre nuestros muros». El lunes, el jefe de la diplomacia rusa Serguéi Lavrov declaró que el envenenamiento de Skripal «pudo ser en interés del Gobierno británico, incómodo por su incapacidad para cumplir sus promesas a su electorado sobre las condiciones del brexit».
Horas después de esta vuelta de tuerca en el caso Skripal, Vladimir Putin, exigió una exhaustiva investigación, con participación de Rusia. «Los expertos internacionales dicen que estos químicos se producen en 20 países. Scotland Yard ha dicho que necesitan varios meses para esclarecer el asunto. No han descubierto el origen del gas», dijo Putin antes de la reunión de hoy para estudiar el caso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
«Nadie es más duro con Rusia»
Casi al mismo tiempo, Donald Trump mantenía una reunión de trabajo con los presidentes de Estonia, Lituania y Letonia, muy temerosos del ansia expansiva de Rusia. En plena marejada por las relaciones del equipo presidencial con Moscú, Trump quiso lanzar un mensaje inequívoco: «Probablemente nadie ha sido más duro con Rusia que Donald Trump», dijo. El magnate agregó que «si nos llevamos bien con Rusia, eso sería una cosa buena, no una mala. Y todo, casi todo el mundo está de acuerdo, excepto la gente muy estúpida», subrayó el presidente estadounidense. Preguntado acerca de si considera a Putin «un amigo o un enemigo», el estadounidense señaló que se va a «saber muy pronto».
El neoyorquino también se refirió a la situación en Oriente Medio. «Quiero salir de allí (Siria), quiero traer a nuestras tropas a casa y reconstruir nuestro país», afirmó el presidente de EE.UU. confirmó sus intenciones de sacar al Ejército americano de tierras sirias, en aras del cumplimiento de una de sus grandes promesas electorales. «Tomaré una decisión muy pronto», añadió tras remarcar que la «principal misión» era deshacerse del Estado Islámico y eso, dijo, «ya casi está completado».
Un abogado del presidente recibe la primera condena por el Rusiagate: un mes de cárcel
El caso del Rusiagate que investiga la injerencia rusa electoral y los vínculos entre el Kremlin y la campaña trumpiana dio a luz ayer a su primera condena. Se trata del abogado holandés Alex Van Der Zwaan, quien mintió al FBI sobre sus contactos con miembros de la campaña del magnate y por lo que una jueza le sentenció a un mes de cárcel y una multa de 20.000 dólares. «Usted mintió al FBI y eso es una ofensa grave, enviaría un mal mensaje al resto si no le impusiera una pena, la gente se aprovecharía, aunque no creo que sea necesario un gran castigo», manifestó la magistrada Amy Berman Jackson, del Tribunal del distrito de Columbia.
En concreto, el joven de 33 años mintió sobre sus conversaciones con el exdirector de campaña, Paul Manafort, su número dos y exasesor, Rick Gates, así como con una persona vinculada a la inteligencia militar rusa. Este funcionario, identificado en la documentación de los investigadores como «persona A», se habría reunido en varias ocasiones con el asesor legal del presidente ahora condenado por mentir sobre sus relaciones. Cuando empezó la investigación oficial, Van der Zwaan supo en diciembre que su mujer, Eva Khan, estaba embarazada, cuando ella acudió a visitarle durante las vacaciones de Navidad. El embarazo lo cambió todo: Der Zwaan tenía prisa por solucionar el embrollo y, por eso, decidió declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos y confesar que había mentido al FBI sobre sus contactos con miembros de la campaña electoral de Donald Trump.
El embarazo lo aceleró todo
Además de la pena, el acusado deberá permanecer dos meses en régimen de libertad vigilada. El castigo estuvo dentro de lo esperado ya que semanas antes, la jueza ya había fijado el máximo de la pena en seis meses de prisión. «Lo que hice estuvo mal, pido disculpas a la corte y pido disculpas a mi esposa», contestó el holandés vinculado al círculo de Trump.
Van Der Zwaan ya declaró su culpabilidad el pasado 3 de noviembre del 2017 durante el interrogatorio que mantuvo en la oficina del fiscal especial Robert Mueller. Antes, había trabajado en el gabinete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, en Londres, que en el 2012 tenía la tarea de mejorar la imagen del entonces presidente Víktor Yanukóvich, de Ucrania, también cercano a Vladimir Putin.
Trump mandará al Ejército a vigilar la frontera mexicana
Donald Trump abrió ayer un nuevo frente en su pulso por endurecer las restricciones a la inmigración ilegal y anunció el envío de tropas a la frontera con México. «Hasta que podamos tener un muro y la seguridad adecuada, vamos a proteger nuestra frontera con militares. Es un gran paso», dijo acompañado del secretario de Defensa, Jim Mattis. «Nos estamos preparando», añadió sobre la militarización. Aunque el magnate no dio más detalles, la medida supone una escalada importante de efectivos en una zona vigilada habitualmente por la patrulla fronteriza, autoridad que en ningún caso forma parte de las fuerzas armadas.
Sus palabras llegaron horas después de amenazar a Honduras con cerrar el grifo de las ayudas y tras días de ataques contra México por permitir que una caravana de mil personas recorriese Tapachula y Chiapas, hasta llegar a la frontera con Tijuana. A pesar de lo manifestado por el neoyorquino, esta marcha anual organizada por la asociación Pueblo sin Fronteras no tiene ninguna intención de entrar de manera ilegal en EE.UU., sino mostrar las dificultades que afrontan países como El Salvador, Honduras, o Guatemala. Aun así, Trump aprovechó para promocionar su mano dura en materia migratoria y presumir de que México disolvió la caravana porque él les dijo «que tenían que hacerlo».
Cuotas para los jueces
La ofensiva desatada por el republicano avanzó también en terreno judicial. Tanto es así que, según The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia ha decidido evaluar a los jueces federales de inmigración de acuerdo al número de casos que puedan procesar durante un año. En un intento de desincentivar la llegada de inmigrantes indocumentados, el ministerio que dirige Jeff Sessions exigirá a partir del próximo mes de octubre resolver al menos 700 casos al año y enviar menos expedientes a las cortes superiores para apelación. La medida respondería también a la promesa del fiscal general de EE.UU. de solucionar la acumulación de más de 600.000 casos pendientes en el sistema migratorio.
La lucha migratoria del presidente Trump obtuvo ayer la respuesta masiva de 17 estados y siete ciudades que, junto a la Confederación de Alcaldes estadounidenses, demandaron al Gobierno por la supuesta inconstitucionalidad de una de sus medidas. Se trata de la que obliga a responder a la pregunta de la ciudadanía en el cuestionario del Censo del 2020. El estado de Nueva York encabezó la coalición, que agrupa a representantes de tendencia tanto demócrata como republicana, y presentó la demanda en un tribunal de Manhattan, defendiendo que incluir la pregunta de si es o no ciudadano estadounidense es una decisión que «debilitará fatalmente la precisión de la cuenta sobre la población real del país» y disminuirá al mismo tiempo la visibilidad de los inmigrantes.