Lamela procesa a Trapero por sedición y pertenencia a organización criminal

La jueza también procesa al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig


Madrid

La jueza Carmen Lamela ha procesado al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, al exdirector del cuerpo Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, por sedición y pertenencia a banda criminal en relación al asedio a la Conselleria de Economía y por el 1-O.

La magistrada de la Audiencia Nacional ha dictado un auto de procesamiento, paso previo a la apertura de juicio, en el que también procesa, aunque en este caso solo por un delito de sedición por el citado asedio, a la intendente de los Mossos Teresa Laplana. Lamela, que les comunicará el auto de procesamiento el próximo 16 de abril, ve indicios de delito en estas cuatro personas por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona y por el referendo ilegal del 1 de octubre.

A Trapero, Puig y Soler le imputa un delito de organización criminal, mientras que en el caso del de sedición establece una diferencia entre ellos, ya que al mayor Trapero le atribuye dos delitos y a los otros dos solo uno, ya que solo les imputa hechos del 1 de octubre. Lamela considera que los tres integraban una organización jerarquizada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la  Generalitat de Cataluña» Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre.

Código «Clave 1»

Los Mossos d'Esquadra tenían un código -«Clave 21»- que usaban en sus comunicaciones por la emisora corporativa para pasar un canal alternativo de comunicación mediante teléfonos móviles, donde los agentes reportaban informaciones o incidencias que no debían transmitir por el canal de radio oficial. Así lo relata Lamela en el auto de procesamiento, donde también afirma que del contenido de las comunicaciones de los Mossos durante el 1-O y los días previos se desprende la falta de colaboración con otros cuerpos policiales durante esas jornadas, ya que en ellas se ordena a los agentes autonómicos «que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan, y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura».

Los mossos vigilaban a los otros cuerpos de seguridad

Cada dotación tenía un número de contacto al que llamar cuando escuchaban el código «Clave 21», en el que comunicaban «informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa». Para transmitir esas informaciones paralelas usaban móviles particulares y también corporativos asignados a las dotaciones policiales, así como la aplicación de móvil WhatsApp. La jueza también constata en el auto las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso los que iban de paisano.

Los mossos no solo informaban de la actuación de los agentes, «sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos». Se llegó incluso a ordenar a todas las patrullas, dice Lamela, que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre los movimientos de los otros cuerpos de seguridad. De hecho, la jueza destaca que se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido solo el día del referendo ilegal.

Las comunicaciones muestran que durante esa jornada los agentes de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas, o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro, o una vez terminada la votación y realizado el recuento, o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta la jueza, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.

Las fotografías y los vídeos incorporados al procedimiento ponen además de manifiesto, según Lamela, «la actitud de pasividad» de los Mossos en los colegios el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas, «llegando incluso a actuar contra los agentes de policía nacional y guardia civil». 

Puigdemont se descarta para promover una nueva candidatura de Jordi Sànchez

Agencias

Insiste desde la cárcel, a través de una carta, en la investidura del antiguo líder de la ANC. Turull también ha anunciado su renuncia

Tres cartas, desde tres cárceles distintas: una de Carles Puigdemont, otra de Jordi Sànchez y otra de Jordi Turull. En la primera, enviada desde Neumünster, Alemania, el expresident solicita a su grupo parlamentario, JxCat, exigir al Estado que permita ahora, atendiendo a las «medidas» planteadas por la ONU, la investidura del antiguo líder de la ANC. El expresident expone que el pasado 23 de marzo el Comité de Derechos Humanos dictó unas medidas cautelares por las cuales el Estado español debería garantizar al número dos de JxCat, preso en Soto del Real, «el ejercicio en plenitud de sus derechos». «La decisión es consecuencia de la vulneración de su derecho a someterse al debate de investidura para ser escogido presidente de la Generalitat de Cataluña, derecho que tenía y tiene, dada su condición de diputado del Parlament», subraya Puigdemont en su misiva.

Seguir leyendo

Comentarios

Lamela procesa a Trapero por sedición y pertenencia a organización criminal