Catalá asegura que el Gobierno tendrá en «semanas» una primera propuesta de la reforma del Código Penal
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Tras las críticas que ha recibido por parte de la Asociación de Fiscales y de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, defiende que un ministro de Justicia debe tener un papel «activo» y «dinámico»
30 abr 2018 . Actualizado a las 15:49 h.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la Comisión General de Codificación tiene desde este viernes el encargo de trabajar en el estudio para una reforma del Código Penal y que, por tanto, el Gobierno presentará «en semanas» una primera propuesta al resto de grupos políticos.
Catalá ha subrayado que el Ejecutivo ha pedido a distintos expertos que inicien un periodo de reflexión tras conocerse este jueves la sentencia de nueve años de prisión para los cinco integrantes de La Manada por un delito continuado de abuso sexual.
«En 23 años (este tipo de delitos datan en el Código Penal desde 1995) la sociedad ha cambiado mucho y, en particular, en el compromiso por el respeto y en la intransigencia contra la violencia, sobre todo contra la de género», ha señalado el ministro de Justicia en una entrevista en laSexta Noche.
En este sentido, Catalá ha defendido que el Gobierno trabajará para que el Código Penal quede perfilado «de la mejor manera posible» de cara al futuro, y ha pedido estar «siempre» del lado de la víctima, que «nunca» es responsable de nada.
«Es verdad que los jueces tienen que estudiar mucha información y tienen que tratar de dictar una sentencia justa, y es lo que han intentado en este caso. Es un tema muy delicado diferenciar entre agresión o abuso en función de que haya o no violencia e intimidación», ha apuntado.
Acerca del magistrado Ricardo González, encargado de emitir el voto particular en el caso de La Manada y que pide la absolución de los acusados, el responsable de la cartera de Justicia ha explicado que González ejerce su función jurisdiccional con «independencia» y que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el organismo que debe actuar o no contra él. «Dejemos al CGPJ que ejerza sus funciones de autogobierno», ha indicado.
Críticas de Jueces para la Democracia
Por otro lado, Catalá ha afirmado que entiende que la sociedad critique las ciertas decisiones judiciales y ha apelado a la vía de recurso. «Vivimos en una sociedad democrática y entiendo la convulsión social en torno a un hecho tan mediático. Hay que garantizar la independencia de los jueces y que los ciudadanos puedan emitir sus opiniones sobre estos», ha agregado.
Tras las críticas que ha recibido por parte de la Asociación de Fiscales y de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Catalá ha defendido que un ministro de Justicia debe tener un papel «activo» y «dinámico», pero siempre con «absoluto respeto institucional». «Tener opinión desde el respeto está dentro de las reglas del juego y eso no altera mis funciones como ministro», ha argumentado. El portavoz de esta asociaciónm Ignacio González Vega ha xigido «rigor» a los dirigentes políticos en sus manifestaciones sobre la sentencia del llamado caso de La Manada y ha lamentado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, «parece desconocer la separación de poderes», razón por la que la asociación ha pedido su dimisión. En declaraciones a Radio Euskadi ha insistido en que es «comprensible» que una resolución judicial «sea sometida a la crítica ciudadana». No obstante, ha señalado que, en el caso de la clase política, hay que exigir «rigor» en sus valoraciones. «No se puede hacer demagogia», ha reivindicado. El portavoz de Jueces por la Democracia se ha pronunciado también sobre la reforma del Código Penal que se está planteando tras este caso y, por su parte, ha rechazado «el populismo punitivo y la legislación a golpe de titular». Según ha indicado, «a veces, quieren darnos la sensación de que todo se resuelve con una reforma del Código Penal», como si fuera «una varita mágica que todo lo resuelve», y «no es así».
En este caso en concreto, ha afirmado que «puede que sí» sea necesaria una reforma del Código Penal, pero «no necesariamente». Además, ha señalado que, con el relato de hechos probados que se recoge en la sentencia, se habría podido condenar por agresión sexual.
González Vega ha precisado que, «en la calle, no se está discutiendo sobre la condena o absolución» porque los acusados han sido condenados, sino que «el problema viene dado por que la pena que se les exigía por parte de algunos ha sido notablemente inferior».
En cualquier caso, ha recordado que «existe un sistema de recursos y habrá dos tribunales», el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, que podrán «reexaminar» la causa.
Tras insistir en que el caso no está todavía cerrado, ha manifestado que, respetando la resolución judicial, considera que «en esos hechos probados quedan muchas interrogantes de por qué no se ha dictado una condena por agresión sexual», pero, aún así, cree que la fundamentación que ha dado el ponente en su resolución «no es descabellada». En relación al voto particular, que pide la absolución de los acusados, considera que recoge «afirmaciones cuando menos polémicas y criticables».
Las juezas piden revisar el modo en que se investiga
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) solicita una revisión de la forma en que se investiga y enjuicia los delitos relacionados con la libertad sexual, pues actualmente la pervivencia de algunos prejuicios sociales sobre las mujeres afectan al modo en que se interpretan y aplican las leyes. Para el colectivo de juezas, la interpretación que se hace de la ley en la sentencia es la que ha ocasionado «desconcierto» y un «importante rechazo social», en tanto que «abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica».
A juicio de la asociación, la causa de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos estereotipos ligados al género que, igual que afectan a la sociedad, también atraviesan la forma en que se aplican las normas jurídicas.
«Se impone la integración de la perspectiva de género como antídoto y prevención frente a formas de actuar e ideas preconcebidas que ponen el foco y enjuician con mayor intensidad el comportamiento y actitudes de la víctima que la de los propios autores», defiende la asociación de mujeres juezas.
Respecto a las críticas vertidas contra los magistrados, la asociación asegura que la resolución es «rigurosa y garantista» en cuanto al respeto de los derechos de los acusados y en la que el sentir mayoritario de la sala se muestra «respetuosa y empática con la víctima».
