La furia contra La Manada dispara la tensión entre los políticos y la Justicia

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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Kai Foersterling | EFE

Los abogados de la víctima, que recurrirá, no creen necesario reformar la ley penal

29 abr 2018 . Actualizado a las 10:40 h.

La furia no cesa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que ha condenado a nueve años de cárcel a La Manada por haber abusado sexualmente de una joven que en el San Fermín del 2016 tenía 18 años. Es más, las reacciones no paran de crecer. Desde la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, que, aludiendo a un artículo publicado por The Washington Post titulado ¿Por qué muchas víctimas de violación ni pelean, ni gritan?, cree que el fallo es un «retroceso para la seguridad de las mujeres», hasta la de actores de Hollywood como Edgar Ramírez, que colgaron en su Instagram «No es no».

Aunque el asunto no está cerrado, porque tanto las acusaciones -ahora también la víctima- como las defensas de los cincos jóvenes sevillanos han anunciado que recurrirán el fallo, las protestas continúan. Solo en Pamplona ayer se concentraron, por tercer día consecutivo, «entre 32.000 y 35.000 personas», según la policía. Allí volvieron a gritar «¡No es abuso, es violación!». Esa misma furia es la que ha puesto contra las cuerdas al poder judicial por la interpretación de la ley que han hecho los magistrados encargados de juzgar a La Manada.

Los ecos de las protestas han provocado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, llamase anteayer a la calma alegando en un comunicado que las críticas al tribunal de La Manada pueden «comprometer gravemente» la confianza en la Justicia. Pese a reconocer que cualquier decisión judicial puede ser criticada, Lesmes lamentó las «descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas». En esa línea se pronunció ayer la Asociación de Fiscales, que aunque no comparte el fallo, ve «desproporcionada» la respuesta contra los magistrados de la Audiencia de Navarra con manifestaciones de «desprecio» y «carentes de rigor». Lamentó «la facilidad con que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales y se realizan juicios paralelos».

Pero esos argumentos contrastan con los de políticos como la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ayer llamó a la Justicia española «machista y patriarcal». En Galicia, el BNG también instó a reprobar a los jueces que redactaron la sentencia. Porque, como dijo su portavoz, Ana Pontón, «destila o máis rancio machismo xudicial».

Es la primera vez que un fallo judicial suscita una repulsa tan multitudinaria a la que, respetando la decisión judicial, se han sumado también las fuerzas políticas de todos los colores e incluso un grupo de monjas de clausura. No es algo casual, como apunta el catedrático de Sociología de la UDC, Antonio Izquierdo, quien recuerda que el fallo se produce tras las protestas del 8M, en un año en el que han ido creciendo movimientos a nivel internacional como Me too, que constatan que las mujeres han dicho basta y no van a dar marcha atrás. Todo ese clamor ha llevado incluso al propio Gobierno a revisar el Código Penal para adaptar la tipificación de los delitos de agresión y abuso sexual a una sociedad que, como está cada vez más patente, avanza más de prisa de lo que lo hacen las normas.

Con todo, no todos los expertos en Derecho están de acuerdo en que la solución sea cambiar la ley penal. Es lo que opina incluso Carlos Baicaicoa, letrado que representa junto al abogado Miguel Ángel Morán a la joven víctima, que recurrirá la sentencia. «La hemos convencido» dijo su abogado, como recoge Europa Press. Fue en ese contexto en el que expresó que no ve necesario cambiar el Código Penal porque entiende que la sentencia responde a «una interpretación de los jueces». 

Argumentos para el recurso

Con este anuncio, como recoge Colpisa, todas las partes personadas van a presentar recursos ante el Tribunal Superior de Justicia. Las acusaciones -tanto particular como popular, ejercida por el Ayuntamiento de Pamplona- incidirán en que si el tribunal dio por válido el sometimiento de la víctima, deberían considerarse los hechos como una agresión sexual. Por su parte, las defensas reclamarán la libre absolución. Para ello basarán sus escritos en el polémico voto particular que hizo, en este sentido, uno de los jueces.