Una manifestación recorre las calles de la ciudad para exigir al Gobierno central una «solución global» y no «parches» en el sistema público
05 may 2018 . Actualizado a las 13:44 h.La Asociación de Pensionistas de Asturias (APA), con el apoyo de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, ha vuelto a exhibir su fuerza en Asturias. Unas 1.500 personas han tomado las calles del centro de Oviedo para exigir una solución global al sistema de pensiones y no «parches», que a su juicio es lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy.
La marcha había sido convocada por la Coordinadora Estatal que viene organizando las movilizaciones llevadas a cabo en los últimos meses y unas 1.500 personas se han sumado a la manifestación que ha partido de la estación de Renfe en Oviedo para discurrir después por la calle Uría y transitar hasta la Plaza de España. A la cabeza de la marcha se han situado varias decenas de personas que representaban a la denominada Asociación de Pensionistas de Asturias que han situado su pancarta delante de la que portaban los representantes de la Coordinadora Estatal.
Esta circunstancia ha generado un retraso en el arranque de la movilización además de varios conatos de enfrentamiento entre ambas cabeceras ante la negativa de los miembros de la Asociación de Pensionistas a integrarse en el seno del resto de manifestantes al alegar que ellos habían convocado previamente la marcha. Tras la segunda cabecera se han situado representantes de colectivos de pensionistas de concejos como Gijón o Castrillón mientras que a la cola de la marcha se han ubicado los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y USO.
En la manifestación han participado también representantes del PSOE como el concejal ovetense Diego Valiño y de Podemos como la eurodiputada Tania González y el parlamentario autonómico Enrique López, que ha incidido en que «no sirve» ni la revalorización del 0,25%prevista inicialmente para este año «ni parches con medidas pírricas al calor de una negación presupuestaria».
Según los convocantes de la marcha, que reivindican también el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, la derogación del factor de sostenibilidad y recoger las pensiones como un derecho constitucional, las últimas concesiones del Gobierno son «insuficientes y fruto de la presión ejercida desde las calles».