El texto entra este viernes en vigor, pone al transporte público en el centro de la descarbonización y obliga a las empresas a planificar sus desplazamientos
Competencia cuestiona muchos de los requisitos que el ADIF impone a las empresas interesadas en operar en Galicia, muchos de ellos relacionados con el riesgo económico que supone adquirir trenes de ancho variable por los distintos anchos de vía