El bipartidismo trata de frenar a Rivera

Rajoy y Sánchez se presentan como hombres de Estado capaces de pactar la respuesta al independentismo, frente al electoralismo que atribuyen al líder del partido naranja


MAdrid / La Voz

Nada une más que un enemigo común. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez escenificaron ayer en la Moncloa su coyuntural alianza política para frenar el empuje de Ciudadanos en los sondeos. El jefe del Ejecutivo y el líder del primer partido de la oposición se presentaron como dos hombres de Estado frente a la inmadurez y el electoralismo que atribuyen a Albert Rivera por romper la unidad de los constitucionalistas. Los dirigentes del PP y el PSOE dejaron claro que, aunque desean alcanzar un pacto a tres contra el secesionismo, tienen ya pactada una respuesta conjunta al desafío planteado por Quim Torra, e invitaron por ello a Ciudadanos a rectificar su posición critica y sumarse a ese consenso. 

«Frivolidad impropia»

Tanto el PSOE como el PP están indignados con el líder naranja por cuestionar la forma «blanda» en la que se está aplicando el artículo 155. Como ya hizo en el Congreso, cuando tachó de «aprovechategui» a Rivera, Rajoy censuró también ayer en privado durante la reunión del Comité Ejecutivo del PP, sin nombrarlo, al líder de Ciudadanos, al cuestionar que haya dirigentes políticos «más o menos asentados» que hablan con una «frivolidad impropia». Recordó además que la toma de decisiones en lo que afecta a Cataluña no ha sido «unilateral» y que todas las actuaciones fueron consensuadas con PSOE y Ciudadanos. La reflexión que el jefe del Ejecutivo transmitió a los suyos es que Rivera actúa así porque está obsesionado con las encuestas. Ya en público, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, reforzó esa idea de inmadurez y electoralismo recordando a Rivera que «no cabe un 155 preventivo» porque «no está contemplado en la Constitución» y pidiéndole que esté «a la altura». «Que deje a un lado los votos y piense en España», añadió. Y aún más explícito fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. «El señor Rivera en los últimos 40 años ha dedicado poco tiempo a la política, porque es muy joven, pero que nos dé lecciones de cómo mantener el proyecto político de España a un partido como el PP es cuando menos una osadía», señaló el líder gallego a la salida de la reunión en Génova.

Pero también Pedro Sánchez se esfuerza en cuestionar la estrategia del líder de Ciudadanos, al que ayer acusó de haberse «aznarizado» por utilizar a Cataluña para intentar ganar votos. «La reflexión que habría que hacerle al señor Rivera es si considera que la mejor manera de responder a este eventual desafío del independentismo es poniendo en cuestión la unidad de las fuerzas que defendemos el orden constitucional», afirmó Sánchez tras su reunión con Rajoy.

Cataluña y el CIS han estrechado como nunca el vínculo entre el PP y el PSOE frente a Ciudadanos, que les roba votos a ambos, pero Rivera parece dispuesto a plantarles cara, convencido de que la mayoría de españoles respaldan su posición de máxima firmeza en Cataluña. A la espera de reunirse mañana con Rajoy, Rivera adelantó ayer que acudirá a proponer «soluciones» y no a pedir «cosas obvias», porque salir corriendo de Cataluña y dejar «desamparados» a los no separatistas no es la solución. Y anunció, además, que exigirá al presidente que «rectifique» y controle las cuentas de la Generalitat.

Torra no quiere que el Gobierno dirija su toma de posesión

La tensión lo envuelve todo en las relaciones entre la Administración central y la catalana. También la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, que podría celebrarse hoy o mañana, una vez el rey firme el nombramiento oficial y salga publicado en el BOE. 

Hasta la fecha, este acto siempre lo ha organizado el Gobierno catalán. El presidente saliente colocaba la medalla de la Generalitat al entrante y el nuevo jefe del Ejecutivo catalán juraba o prometía el cargo. En esta ocasión, las circunstancias especiales mandan. Puigdemont no puede regresar de Berlín, porque sería detenido y puesto a disposición del juez. Así que Torra no podrá recibir la distinción de su antecesor. Hasta que el Gobierno catalán entero tome posesión, aún regirá el artículo 155 y por tanto la Generalitat estará en manos del Ejecutivo central. Es decir, quien debería reconocer a Torra sería la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La imagen estaría cargada de simbolismo. Y de morbo.

En esta coyuntura inédita, la organización del acto corre a cargo del Gobierno central, que aún controla la Administración catalana, y la Moncloa quiere que sea de obediencia constitucional, lo que no despierta muchas simpatías (más bien ninguna) en la parte catalana. 

Escenografía

Artur Mas y Carles Puigdemont eliminaron la bandera española y el retrato del rey de la escenografía y Quim Torra querría un atrezo parecido. Está por ver. De entrada, el nuevo presidente avisó ayer que usará la misma fórmula que empleó Puigdemont para su toma de posesión, en la que obvió al rey y a la Constitución y juró «fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña». Esa fórmula fue recurrida pero la Justicia la avaló después.

Torra se mostró ayer contrario a que el Gobierno central organice el acto de toma de posesión. «Nosotros queremos un tipo de acto diferente, íntimo, discreto y muy sencillo, con gestos simbólicos que nos permitan demostrar la situación de excepcionalidad y de tristeza que vivimos» por la pérdida de las instituciones y el encarcelamiento de varios dirigentes, sumado a la marcha al extranjero de muchos otros, remató. En el aire está también la lista de invitados. Se trata del primer choque con la nueva administración encabezada por Torra.

Los exconsejeros huidos comparecen hoy ante la Justicia belga

Los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig vuelven a comparecer hoy ante el tribunal belga que debe pronunciarse sobre las órdenes de detención y entrega emitidas por el juez del Tribunal Pablo Llarena, que investiga los sucesos relacionados con el procés.

Será la segunda vez que los tres políticos catalanes huidos a Bélgica acudan a la Cámara del Consejo desde que el magistrado Llarena reactivase las euroórdenes contra ellos. En la primera ocasión, que tuvo lugar el pasado 18 de abril, la vista fue aplazada porque la Fiscalía había pedido más información a las autoridades judiciales españolas.

El escenario más probable es que el juez no tome hoy una decisión sobre la ejecución o no de las órdenes de entrega y que, por el contrario, aplace la misma varios días para estudiar las alegaciones presentadas por las partes, como ya ocurrió durante el procedimiento que se desarrolló en noviembre del pasado año.

Comín es el único de los tres al que el juez Llarena ha procesado por un delito de rebelión, además de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido reclamados por delitos de desobediencia y malversación. También, la Justicia escocesa estableció ayer una nueva vista preliminar del proceso de extradición de la exconsejera catalana Clara Ponsatí para el 12 de junio, con el fin de solicitar a las autoridades españolas información legal más precisa sobre los cargos del rebelión y malversación de fondos que se le atribuyen.

«Juicio a la democracia»

El camino judicial para Oriol Junqueras continúa. Ayer, el exvicepresidente y el exconsejero de Exteriores, Raul Romeva, presentaron un nuevo auto ante el Tribunal Supremo en el que solicita su libertad alegado que la causa contra el procés será «un juicio a la democracia y a su capacidad para tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana pacífica», al tiempo que lamentaron la «criminalización» del independentismo catalán. Los acusados sostienen en el auto que el «verdadero campo de debate» en la causa por el procés es «si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos».

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