España pide ir a Londres a por el dinero del Prestige sin esperar al Supremo

Quiere evitar al «brexit», que puede frustrar el pleito por los 851,7 millones del seguro


redacción / la voz

La Abogacía del Estado remitió hace unas semanas un escrito a la Audiencia Provincial de A Coruña reclamando la ejecución provisional del auto de noviembre del 2017 con el que el tribunal fijaba las cuantías de las indemnizaciones por la marea negra del Prestige, y otorgaba al Estado español la mayor compensación, un total de 1.573,6 millones de euros, cantidad que no fue retocada en un auto aclaratorio posterior. España no quiere esperar al fallo definitivo del Tribunal Supremo sobre la vertiente civil de un larguísimo procedimiento que ya acumula más de quince años, y que puede prolongarse aún más frustrando el pleito por el dinero del seguro en Londres (1.000 millones de dólares, 851,7 millones de euros). La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el brexit, está a la vuelta de la esquina. La fecha definitiva es el 29 de marzo del 2019.

El auto que evalúa las compensaciones fue recurrido en casación por trece partes del procedimiento, incluidos los responsables civiles directos (el capitán Mangouras, la aseguradora London P&I Club, la armadora Mare Shipping y el Fidac), que son los que teóricamente deben responder por los daños con el límite de la póliza de 1.000 millones de euros. Este procedimiento de recursos ante el Tribunal Supremo está aún en su fase inicial y puede demorarse, dejando al Reino de España, por culpa del brexit, sin el amparo legal para pelear por la indemnización que le otorga un reglamento comunitario aprobado en el año 2000.

Esta es la razón por la que los abogados del Estado solicitan la ejecución provisional del auto, una posibilidad que está prevista en la normativa española, aunque se circunscribe al ámbito de las sentencias. «El Estado español, principal perjudicado por el siniestro, ha de afrontar un largo y complejo proceso ejecutivo ante los tribunales del Reino Unido», explican los letrados de la Administración. La incidencia que sobre este proceso puede tener el brexit, recuerdan, es clara, de manera que ven «absolutamente esencial poder plantear la demanda ejecutiva en el Reino Unido con la mayor celeridad posible». «El Estado español -añaden- tiene un extraordinario interés en obtener de forma rápida un título ejecutivo y ejecutable ante los tribunales del Reino Unido, pues de esta circunstancia depende la misma viabilidad de su pretensión indemnizatoria», concluyen.

El problema es que la huelga de los funcionarios de Justicia tuvo su efecto en este asunto. El escrito llegó a la Audiencia a principios de marzo, pero no fue remitido a las partes hasta fechas muy recientes. De hecho, las alegaciones de la aseguradora o el Fidac para oponerse a esta pretensión son de hace apenas unos días. Mientras, la cuenta atrás para el brexit sigue su curso.

El título ejecutivo que solicitan los abogados del Estado es una especie de pasaporte para poder ir a la jurisdicción civil británica y pleitear por los 1.000 millones de dólares, que la aseguradora ha blindado mediante un complejo sistema de arbitraje que necesitará de expertos y caros abogados británicos para albergar alguna esperanza de éxito en la reclamación.

En ese documento debe figurar la cantidad autorizada por la Justicia española para ser compensada. En este caso, los abogados incluyen los 1.573,6 millones ya reconocidos, más un 30 % adicional -472 millones- «para gastos y costas de la ejecución», pensando en la abultada factura que previsiblemente les presentará el bufete de abogados que contraten. De estas cantidades habría que detraer los 115 millones que ya adelantó el Fidac a España. Todo este proceso civil surge de la sentencia penal del Supremo de enero del 2016.

La aseguradora y el Fidac se oponen a que se ejecute de forma provisional el auto de la Audiencia

Tanto la aseguradora London P&I Club como el Fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos (Fidac) se han manifestado en contra de que el tribunal autorice una ejecución provisional de la sentencia sin esperar al fallo del Supremo sobre los recursos de casación que están en trámite. También consideran «desproporcionado» el uso del porcentaje del 30 % para fijar las costas.

La aseguradora sigue en sus trece y considera todo el procedimiento judicial «erróneo e ilegal». Pese a ello, sus abogados intentan mitigar cualquier perjuicio para la mutua que se derive de este proceso judicial, y alegan que para que se pueda solicitar la ejecución provisional el proceso de casación ante el Supremo debe estar en marcha. Y recuerda que su límite indemnizatorio es de 1.000 millones de dólares, mucho menos que los 2.045 millones de euros que solicita España incluyendo las costas. Por lo que, si se acepta esa ejecución provisional, debe ser, dicen, sobre ese límite.

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