Alud de demandas en Asturias contra el cartel de los camiones

El despacho que gestiona las reclamaciones de la patronal Asetra llevará a los tribunales los sobrecostes en unos 1.000 vehículos en la región


Redacción

El cartel de los camiones tendrá que pagar una indemnización multimillonaria a transportistas asturianos. Los seis fabricantes -DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y MAN- acusados de pactar precios en la venta de los vehículos ya han sido multados por la Comisión Europea con 3.000 millones y ahora comienzan a recibir las primeras demandas en España. Los profesionales del Principado agrupados en la patronal Asetra han contratado al despacho CCS Abogados y el próximo mes comenzarán a formalizar las denuncias. Las reclamaciones de este bufete afectarán a unos 1.000 camiones en Asturias, a los que hay que sumar los casos de los compradores que decidan demandar al margen de Asetra.

La patronal asturiana forma parte de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), y es a través de esa agrupación nacional la fórmula elegida para articular las demandas. CETM ha contratado a CSC Abogados, que es, por este motivo, quien se está ocupando de la mayoría de los casos en todo el país. Miguel Caamaño, responsable del despacho, señala que en toda España presentarán entre 7.000 y 8.000 demandas, de las que unas 400 serán en Asturias. Los datos no son definitivos pero estima que en el Principado hay unas 300 empresas afectadas dentro de la patronal y que unos 1.000 vehículos sufrieron los sobrecostes.

Cada caso es diferentes y no existe una cifra exacta, pero aunque Caamaño no especifica cuál es el sobrecoste que se puede reclamar por la venta de esos camiones, algunas fuentes señalan que se sitúa entre el 10,5 y 12,5% del precio final, por lo que, si se tiene en cuenta que el coste del camión puede variar entre 40.000 y 120.000 euros, las indemnizaciones serán millonarias. La opción elegida por CCS para llevar el caso es la de demandas individuales, aunque en casos de pequeñas empresas en las que la cifra de vehículos afectados sea pequeña acumularán la denuncias.

Las primeras demandas, en julio

Miguel Caamaño es consciente de que algunos despachos de abogados ya están presentando demandas, pero explica que ellos esperarán a julio. El abogado basa su estrategia en dos puntos fundamentales. Por un lado, el caudal de demandas, «ya que tenemos más de 4.500 clientes de compañías de transportes que se traducirán en entre 7.000 y 8.000 demandas», detalla el abogado. Pero, según añade, el motivo principal es que «se ha dedicado mucho esfuerzo a la prueba pericial». «Hemos contratado a dos equipos, uno de ingenieros económicos y otro de economistas. Cada uno hace una pericial y esos resultados acabarán confluyendo, porque cada equipo está gestionando docenas de millones de datos, haciendo comparativas y poniendo en evidencia los sobrecostes causados por los fabricantes. Es un trabajo ambicioso, complejo, y queremos que las periciales sean impecables, por eso se ha retraso un poco la presentación de demandas», detalla.

Sentencias favorables a los camioneros

En España el proceso está siendo más lento, pero en Alemania ya hay sentencias que dan la razón a los camioneros. Concretamente los jueces han dictado tres sentencias. Allí, existe un tribunal especializado en competencia, en España los juzgados mercantiles los que decidan. Se trata de sentencias en los que la justicia ha sido «muy servera con las empresas», explica Caamaño, quien considera que esos casos (dos de ellos muy recientes) son «muy tranquilizadores».

La multa de la Comisión Europea a los fabricantes es de 3.000 millones, cantidad a la que hay que sumar, solo en España, una estimación de casi 900 millones en sanciones. Por tanto, el coste final para las empresas del cartel será muy elevado. Algunas fuentes señalan que esas marcas han provisionado en sus cuentas unos 5.000 millones para contingencias derivadas de los sobrecostes.

El cartel

Entre 1997 y el 2011, los principales fabricantes de camiones se pusieron de acuerdo para fijar los precios, lo que derivó en un sobrecoste para los compradores estimado en torno a un 10%. Una investigación de la Comisión Europea iniciada en 2014 destapó el escándalo y los fabricantes incluso reconocieron la práctica. Una vez impuesta la sanción de 3.000 millones, la Comisión abrió una proceso para que los afectados reclamasen la devolución de ese sobrecoste. En esa fase se encuentra ahora el proceso.

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