La discrepancia en el Pacto de Toledo se reduce ahora a cuánto crecerán si hay crisis
13 jun 2018 . Actualizado a las 07:18 h.Después de casi dos meses sin reunirse, bloqueada desde hace años por la falta de entendimiento sobre cómo revalorizar las pensiones, y tras un repentino cambio de Gobierno, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo reanudó este martes sus trabajos con un talante más proclive a alcanzar consensos. De hecho, todos los grupos políticos están de acuerdo en la conveniencia de recuperar la inflación, el IPC, como elemento medular para garantizar que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo año tras año. Es esta una coincidencia casi imposible de imaginar semanas atrás, y que supone desechar definitivamente el índice de revalorización aprobado en solitario por el Gobierno de Rajoy -aquel que solo garantizaba un alza del 0,25 %- en la reforma del 2013, la única unilateral en la historia.
Pero si bien vincular de nuevo las prestaciones a la evolución de los precios supone un primer paso para un acuerdo definitivo en el punto más espinoso, los grupos políticos discrepan abiertamente en qué hacer con la subida de las pensiones cuando el ciclo económico sea adverso. Es decir, nadie se opone a que se revaloricen según el IPC -o incluso por encima de él en época de bonanza-, pero chocan sobre qué recomendar que haga al Gobierno de turno cuando toquen vacas flacas. Está reciente la última crisis: el PSOE las congeló y el PP las revalorizó un 0,25 % durante cinco años consecutivos.
Más esfuerzo quien más tiene
La comisión está polarizada. Mientras que las formaciones de la izquierda (PSOE, Unidos Podemos, Compromís y Esquerra) defienden que la subida conforme al IPC se mantenga invariable y para todas las pensiones independientemente del momento del ciclo económico, los partidos conservadores (PP, Ciudadanos, PDECat y PNV) abogan por blindar el poder adquisitivo (adecuándolo a la evolución de la inflación) de las pensiones más bajas -«no solo de las mínimas», insistieron-, pero no el de las pensiones más elevadas.
Estas formaciones defienden que en momentos de recesión quienes perciben mayores prestaciones deberían asumir más esfuerzo, aunque luego, recuperado el crecimiento económico, se les compense el poder de compra perdido. De hecho, el borrador del texto del punto segundo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, planteado ayer por el letrado de la comisión, tenía una redacción lo suficientemente abierta como para que el bando de PP y Ciudadanos, junto con los nacionalistas catalanes y vascos, se sintiera cómodo.
Incorporar otras variables
«La comisión coincide en la necesidad de establecer un mecanismo anual de revalorización de las pensiones que tenga como cometido básico garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que tenga en cuenta de manera medular en su configuración la evolución del IPC. En vista, además, de la experiencia de los peores años de la crisis económica, la comisión considera que dentro del marco pertinente del diálogo social, dicho mecanismo podría incorporar otras variables, como la evolución del PIB o los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, con el objetivo de adaptar su aplicación al ciclo económico, protegiendo el poder de compra de las pensiones más bajas en tiempo de recesión y facilitando mejoras del conjunto de los pensionistas en momentos de crecimiento económico», rezaba el borrador.
Sin embargo, la representante del PSOE, Mercè Perea, abogó por no hacer distinciones que puedan «enfrentar» a unos pensionistas con otros, mientras que desde Ciudadanos Sergio del Campo criticó que las formaciones de izquierdas quieran «eximir de hacer esfuerzos en época de crisis a los pensionistas que más cobran, cuando todos los demás trabajadores sí deben hacer esfuerzos y los han hecho».
La comisión se reunirá la próxima semana para trabajar sobre un nuevo borrador que pueda llegar a convencer -ahora sí- a todos los grupos o que dé cabida a los desacuerdos.
¿Y cómo conseguir ingresos para pagar las prestaciones?
Aunque en la reunión de ayer la comisión solo debatió sobre los gastos del sistema público de pensiones -garantizar que sus beneficiarios no pierdan poder adquisitivo-, el otro asunto espinoso es el de los ingresos de la Seguridad Social. Es decir, ¿de dónde saldrá el dinero para abonar la creciente nómina de estas prestaciones?
Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, había propuesto en su día la creación de impuestos finalistas a la banca y a las transacciones financieras para sufragar parcialmente las pensiones. Pero su recaudación (en torno a unos 2.000 millones de euros anuales) apenas sería una tirita para la hemorragia crónica de la Seguridad Social, en permanentes números rojos. Los socialistas también defienden avances en la separación de fuentes que supondrían transferir 4.300 millones de gastos del sistema a los Presupuestos Generales del Estado, mientras que la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró en su toma de posesión que la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social era viable con los nuevos impuestos, la creación de empleo y la recuperación de los sueldos y las cotizaciones.
En cualquier caso, tendrá su primer obstáculo este mismo mes, cuando deba hacer frente a la paga extra de verano de los pensionistas, para la que su predecesora, Fátima Báñez, tiraba del Fondo de la Seguridad Social, es decir la hucha de las pensiones -ya en las últimas-, y del crédito de hasta 10.500 millones que habilitó el Tesoro. El desembolso total será de 18.000 millones (9.000 de la nómina habitual y otros tantos de la extra), que no se cubren con los ingresos por cotizaciones.
Al margen del punto de los ingresos, que será otra de las recomendaciones que deberá hacer la comisión, el Pacto de Toledo acordó ayer abrir una ronda de comparecencias para debatir sobre la desigualdad entre sexos en las pensiones. Igualmente, la comisión recibirá a la ministra Valerio en cuanto se cierre su agenda, ya que ella misma lo solicitó.