Antonio Manuel Guerrero intentó renovar la pasada semana el pasaporte, pese a tener prohibido abandonar territorio español
05 jul 2018 . Actualizado a las 23:28 h.El guardia civil Antonio Manuel Guerrero, condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales en los Sanfermines del 2016 junto a otros cuatro miembros de La Manada, seguirá en libertad provisional hasta que la Sección segunda de la Audiencia de Navarra emita el auto tras la vista celebrada este jueves.
Durante más de cuatro horas, los tres magistrados de la Sección segunda escucharon el testimonio de los nueve testigos citados por las partes -los de la defensa por videoconferencia desde Sevilla-, para decidir si revocan su libertad condicional tras el intento de Guerrero de obtener el pasaporte.
Aunque cabía la posibilidad de que el tribunal comunicara su decisión verbalmente a las partes una vez acabada la vista, los magistrados no se han pronunciado, por lo que Guerrero seguirá en libertad hasta que se emita el auto, que puede tardar varios días en llegar, según indicó uno de los abogados a los medios de comunicación.
«Parece que de inmediato no va a ser, por lo que nos han manifestado», señaló el abogado Víctor Sarasa, letrado del Ayuntamiento de Pamplona, que ejerce la acusación popular en este caso junto al Gobierno de Navarra.
En la vista de este jueves, explicó, las acusaciones, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la víctima y las acusaciones populares, pidieron el inmediato ingreso en prisión de Guerrero por su intento de obtener el pasaporte en la oficina del DNI de Tablada (Sevilla).
Las acusaciones, apuntaron, han pedido que se revoque la libertad provisional fundamentalmente por el riesgo de fuga, «que se ve incrementado por las actuaciones de este señor, tendentes a la obtención de un pasaporte sabiendo que no lo podía obtener».
Sarasa comentó que la versión de Guerrero, en el sentido de que fue a hacer una consulta a la oficina porque su pasaporte había caducado y debía entregarlo en el juzgado, ha sido «diametralmente opuesta» a la de los funcionarios que han testificado hoy.
Los funcionarios, ha aseverado Sarasa, han confirmado que el guardia civil «no consultó nada» y que «simplemente quiso sacarse el pasaporte». «Creo que hay motivos suficientes para revocar el auto y que tenga que ingresar en prisión, fundamentalmente por el riesgo de fuga, que es lo único que nos ha venido moviendo a nosotros desde el principio», ha insistido.
