Maduro activa una ley para aplacar las protestas contra él

La operación Zamora amenaza múltiples derechos civiles


CARACAS / CORRESPONSAL

Si en el 2017 el Gobierno de Nicolás Maduro se vio cerca de ser derribado por las protestas sociales que duraron cuatro meses, este año le toca sufrir por las movilizaciones y el colapso de los servicios públicos. El desgaste de la Administración de Maduro se siente incluso en el creciente ruido interno en su partido.

Ayer, el gremio de las enfermeras, que ya lleva 36 días de protestas, llegó en manifestación hasta las oficinas de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas, exigiendo que este organismo preste atención a la crisis de la salud en Venezuela y señalando que han sido amenazados con ser sustituidos por personal sin experiencia, contratado dentro de un plan, llamado «chamba juvenil» por el Gobierno.

Según fuentes militares, el Gobierno de Maduro decidió a comienzos de julio darle carácter permanente a la operación Zamora, el plan con el cual fueron contenidas, a sangre y fuego, las protestas políticas del año pasado, que dejaron 140 muertos, más de 3.000 heridos y centenares de presos. El objetivo es que e las fuerzas armadas repriman con idéntico modus operandi las protestas políticas y sociales. La operación Zamora ya fue calificada de «violadora de los derechos humanos» por la OEA y otras organizaciones.

Denuncias por odio

Por lo pronto, la fiscalía (civil) de Monagas, abrió el viernes un proceso por «instigación al odio» contra las protestas que han hecho durante más de un mes enfermeras, médicos, personal administrativo y hasta los pacientes del hospital Manuel Núñez Tovar, el más importante de Maturín, capital de ese estado.

Hasta ahora no se han producido acciones judiciales, pero oenegés de derechos humanos, como Provea, advierten que está en movimiento el mismo mecanismo de criminalización de la protesta que se realizó el año pasado contra los manifestantes y, además, con el uso de la llamada Ley contra el Odio, un instrumento creado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente.

Ana Contreras, la voz de las enfermeras durante las protestas, señaló que las mismas no solo tienen motivaciones laborales, sino las de defender los derechos de los pacientes en un país con servicios sanitarios en fase de colapso y un crecimiento exponencial de todas las muertes evitables y las enfermedades. Junto con las enfermeras, solo en Caracas, protestaron también los profesores universitarios y se registraron al menos otras cinco manifestaciones.

Con este panorama, el disenso entre los afines a Maduro también crece exponencialmente. Diversos exchavistas manifestaron este fin de semana que el Gobierno debe irse, pero carecen de credibilidad por sus problemas legales. La coalición opositora Frente Amplio por una Venezuela Libre, que motorizó las protestas políticas del año pasado, ha llamado a la población a solidarizarse con las movilizaciones; pero la mayoría de sus dirigentes se encuentran en el exilio y han perdido conexión con sus bases, que les achacan la derrota de las manifestaciones del 2017.

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