Los miguelianos no logran frenar el juicio en el que piden 66 años a su líder
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El tribunal exonera a los dos hijos y a la mujer del principal acusado, Miguel Rosendo
27 sep 2018 . Actualizado a las 12:21 h.Visiblemente desmejorado, con el rostro marcado por la fatiga y acompañado por varios policías nacionales, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, compareció ayer en la Audiencia de Pontevedra. En el margen de unas pocas horas fue trasladado del centro penitenciario de Teixeiro a la prisión de A Lama, donde permanecerá en una celda especial mientras dure el juicio que ayer arrancó en la ciudad del Lérez y se espera que no concluya hasta principios del mes de noviembre. «Está en una habitación especial, de seguridad» y «con medidas de seguridad», apuntó su abogado, Marcos García Montes. El fiscal pide para él 66 años de cárcel por 21 delitos, entre ellos asociación ilícita, coacciones, agresión sexual y abusos sexuales continuados.
García Montes calificó como un éxito esta primera jornada de la vista, que se dedicó monográficamente al planteamiento de cuestiones previas. De hecho, el abogado pudo observar cómo la Audiencia echaba por tierra su petición de aplazar unos días el comienzo del juicio propiamente dicho, de tal modo que hoy arrancará con la toma de declaración a Miguel Rosendo y al resto de los encausados.
A diferencia de ayer, en el banquillo previsiblemente no lo acompañarán ni su mujer ni sus dos hijos, porque a instancia de las defensas, la Audiencia confirmó que la acusación particular no está legitimada para sostener una imputación por blanqueo de capitales, la única que pesaba sobre estos tres encausados, por lo que ya se les comunicó en sala su intención de dictar un auto judicial confirmando esta decisión, que significa la exoneración de los tres allegados de Miguel Rosendo.
No fue la única decisión de calado que tomó ayer el tribunal. También señaló que se adoptará que la vista oral se desarrolle a puerta abierta o cerrada en función del testigo que preste declaración, y acordó que las cuestiones relacionadas con vulneraciones de derechos fundamentales se resuelvan en sentencia.
Aceptó los testigos que propusieron las defensas y las pruebas documentales del ministerio público. A este respecto, García Montes advirtió que «solamente se ha volcado de los ordenadores el 16 % de la información», al tiempo que sostuvo que «no hay ningún tipo de delito».
En similares términos se expresó la abogada Beatriz Seijo, quien insistió en que mientras no se disponga de toda la información contenida en estos dispositivos, cree que «está viciada de nulidad la celebración del juicio». «Lo que uno quiere es que le celebren su juicio con todas las garantías y creo que en este caso, y lo digo con todo el respecto hacia las magistradas [...], creo que esas garantías no se están respetando», lamentó.
La letrada de la acusación particular, Ana Reguera, que representa a cinco familias y a un particular, destacó que no se hubiese adoptado la suspensión y que se confirmase que «el volcado está efectuado».