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El Gobierno enfría la euforia de volver a vincular el alza de las pensiones al IPC

La ministra de Economía dice que hay que tener en cuenta también «otros factores»


madrid / la voz

Cinco días después de que los grupos parlamentarios alcanzaran un acuerdo en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo para revalorizar de nuevo las pensiones según el IPC, el Gobierno ha rebajado la euforia inicial que desató el anuncio sobre la actualización de las prestaciones. De hecho, los mensajes templando los ánimos llegaron ayer por partida doble: desde el Ministerio de Trabajo y también desde el de Economía.

En el primer caso fue el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien explicó -durante la rueda de prensa para presentar los últimos datos de paro y afiliación- que el Ejecutivo confeccionará el nuevo índice de revalorización de las pensiones (IRP) con las aportaciones que al respecto hagan patronal y sindicatos en la mesa tripartita de diálogo social.

Señaló que la recomendación del Pacto de Toledo de indexar de nuevo a la evolución de los precios la subida de las prestaciones «coincide con la política del Gobierno», que es «mantener el poder adquisitivo de los pensionistas», pero en cuanto a cómo interpretar, en la confección de la norma, la recomendación del Pacto de Toledo de componer el IRP en base al IPC, se hará en relación con la mesa de diálogo social, porque los interlocutores sociales han pedido que se los tenga en cuenta». «Vamos a darles una participación relevante», apostilló. Al margen de la tramitación en las Cortes del correspondiente proyecto de ley que ponga en marcha el aún nonato nuevo índice, el secretario de Estado aseguró que las pensiones se revalorizarán el próximo año, y probablemente los siguientes, de acuerdo con la evolución de la inflación, puesto que también patronal y sindicatos lo defienden.

En este ejercicio los pensionistas han visto elevarse ya sus prestaciones un 1,6 % en lugar del 0,25 % previsto a principios de año. Y el alza incluida en los Presupuestos del 2018 podría ser mayor -con el consiguiente problema para el Ejecutivo, que tendría que tirar de deuda- si el IPC de noviembre, que es el mes al que se referencian las pensiones, cierra por encima del 1,6 % ya aplicado. Cabe recordar que la inflación en agosto fue del 2,2 % y que la adelantada por el INE para septiembre repitió la misma tasa.

Pensiones dignas a largo plazo

La otra voz que enfrió las expectativas y llamó a la calma ayer fue la de la ministra de Economía, Nadia Calviño. Desde Luxemburgo, tras la reunión de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), defendió la necesidad de tener en cuenta «otros factores», además del IPC, a la hora de revalorizar las pensiones. Entre ellos, se refirió a la evolución demográfica, el nivel salarial de los trabajadores, el número de años cotizados o la tasa de reposición, que es el porcentaje del salario que representa la pensión sobre la última nómina del trabajador. «Es un terreno en el que es imprescindible garantizar unas pensiones dignas ahora, pero también garantizar que lo seguirán siendo dentro de 20 o 40 años. Y ese es el objetivo del Gobierno», dijo, abogando por la importancia del Pacto de Toledo, que, además de la revalorización de las pensiones, hace recomendaciones más amplias para garantizar la sostenibilidad del sistema público.

La revalorización de las prestaciones es solo una de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo

El acuerdo alcanzado la semana pasada en el Pacto de Toledo para enterrar la reforma que el PP hizo en solitario en el 2013, que vinculaba la evolución de las pensiones a la de la salud financiera de la caja de la Seguridad Social, desató un triunfalismo inmediato, ya que es el primer paso para acabar con la pérdida de poder adquisitivo que los pensionistas acumularon en el último lustro, cuando sus prestaciones apenas subían un 0,25 % al año, fuera cual fuera el comportamiento del coste de la vida.

Sin embargo, ni el diseño y aplicación del nuevo índice de revalorización va a ser tan rápido como los pensionistas -que siguen en la calle y que no dejarán las protestas hasta que las promesas sean hechos consumados- desearían. Debe consensuarse primero en la mesa del diálogo social y luego ir al Congreso para la tramitación parlamentaria del texto legal. Además, pese a la importancia que supone haber alcanzado el acuerdo sobre el IPC (solo este punto ha llevado más de medio año, dado que era uno de los más conflictivos y con más diferencias entre los grupos parlamentarios), las recomendaciones del Pacto de Toledo van más allá e incluyen 22 puntos que abordan otros muchos factores que inciden en la sostenibilidad del sistema, cuya preservación es su finalidad.

Cabe recodar que las recomendaciones de esta ya famosa comisión no son legislativas y que únicamente marcan las líneas sobre las que el Ejecutivo debe desarrollar su política de pensiones.

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