El fujimorismo evita por el momento la vuelta a prisión del patriarca del clan
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«Nos imponen una norma para liberar a Fujimori y sus secuaces», critica una líder opositora
13 oct 2018 . Actualizado a las 08:39 h.Alberto Fujimori evita, por ahora, su vuelta a prisión. La bancada fujimorista, que es mayoría en el Congreso peruano, aprobó el jueves por la vía rápida una ley «de ejecución humanitaria de la pena», con el objetivo de que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica.
El autócrata, que gobernó Perú desde 1990 hasta el 2000, cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, hasta que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió firmar su indulto, el pasado 24 de diciembre, a cambio, presuntamente, de que parte de la bancada fujimorista evitase su destitución.
PPK se vio obligado a dejar el cargo el pasado marzo, cuando se hizo evidente que el Congreso le destituiría por haber aceptado dinero de la constructora brasileña Odebrecht, investigada en varios países de América Latina por haber pagado sobornos a cambio de contratos públicos.
Todo cambió la semana pasada, cuando el Supremo decidió retirar el indulto a Fujimori, argumentando que no había justificación suficiente para su liberación. El autócrata se refugió en un hospital para evitar su detención inmediata, lugar donde todavía permanece ingresado desde el inicio de la polémica.
La ley aprobada ahora en el parlamento no solo beneficiaría al autócrata, sino también a su mano derecha, el controvertido exmilitar Vladimiro Montesinos, jefe oficioso de las fuerzas armadas durante los diez años del fujimorismo en el poder.
«Hoy imponen una ley para liberar a Alberto Fujimori y a sus secuaces asesinos. Luego, ¿qué vendrá?» se preguntaba la líder del partido izquierdista Nuevo Perú, en las redes sociales. «Este Congreso está viciado por la mayoría parlamentaria mafiosa, ya no da más», añadió.
Nueva vuelta de hoja
La nueva vuelta de hoja a la situación legal del autócrata se produce en una de las semanas más complicadas en la historia del fujimorismo. Las elecciones regionales y municipales de la pasada semana supusieron un tremendo golpe para Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente, que tan solo consiguió alcanzar 50 cargos de los 13.000 que se dirimían en los comicios.
El descalabro es evidente. Keiko había logrado el 49,88 % de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales del 2016, que se decidieron casi por fotofinish.
Era bien valorada por los seguidores de Alberto Fujimori, que sigue siendo popular en Perú por haber acabado con la guerrilla de Sendero Luminoso y la hiperinflación, a pesar de las condenas por crímenes de lesa humanidad.
Pero el revés electoral no fue el último. Keiko Fujimori fue detenida el miércoles tras haber sido acusada por la Fiscalía de haber aceptado dinero de Odebrecht para las campañas presidenciales del 2012 y el 2016. Pasará diez días bajo arresto preventivo. Y también se añaden a los problemas del fujimorismo la guerra declarada entre Keiko y Kenji, el benjamín de la familia.
El patriarca del clan se salva de ingresar en prisión, al menos por ahora. Los compromisos internacionales de Perú podrían invalidar la nueva ley para los casos de Fujimori y Montesinos.
El indulto de diciembre ya violó, según el Supremo peruano, dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Alberto Fujimori, que son de obligado cumplimiento para el Estado.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya advirtió la semana pasada que cualquier beneficio otorgado a Alberto Fujimori supondría un incumplimiento de las obligaciones de Perú con dicho tribunal.