Los obispos españoles crean una comisión para luchar contra la pederastia

Este nuevo órgano elaborará un nuevo protocolo de actuación y responderá a «cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia»


La Iglesia católica en España creará una comisión que tendrá entre sus misiones elaborar una nueva normativa para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores dentro de esta institución. Según ha informado hoy la Conferencia Episcopal y tal y como recoge la agencia EFE, esta comisión también revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Esta nueva normativa sustituirá a los protocolos de actuación actuales, que habían sido redactados en el 2010 conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico. Estas normas guiaban a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales a menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

Esta nueva comisión también se encargará de preparar los materiales de trabajo que Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), presentará en la reunión convocada por el papa Francisco y que tendrá lugar en el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero. A ella está previsto que acudan los presidentes de todas las Conferencias Episcopales para tratar los casos de abusos en el seno de la Iglesia. 

Este nuevo órgano de la CEE estará presidido por Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga y comenzará a funcionar esta misma semana. Tienen pensado responder a los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico y se comprometen a responder «a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia».

El nombre de Juan Antonio Menéndez saltó a los titulares informativos a cuenta de un caso de abusos en un colegio de Puebla de Sanabria. El sacerdote acusado de abusos entre los años 1981-1984, José Manuel Ramos Gordón, fue suspendido durante diez años. El obispo de Astorga, Menéndez Fernández, fue el encargado de informar del caso y comunicar la decisión del Vaticano tanto al sacerdote implicado como a la víctima de aquellos abusos. 

La Conferencia Episcopal insiste en que la Iglesia católica tiene el compromiso de «cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio, proteger a todos menores y adultos vulnerables, crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso». También a ofrecer asistencia y apoyo pastoral, «incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable».

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